Gobierno recurre al Supremo para no divulgar borrador del presupuesto
Insiste en no someter el borrador de presupuesto sometido a la Junta federal en abril pasado
El gobernador Ricardo Rosselló
Nevares tocó las puertas del Tribunal Supremo en un nuevo intento para evitar la divulgación del borrador del presupuesto presentado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el 30 de abril de 2017.
La movida judicial provocó nuevas críticas del senador popular
Eduardo Bhatia Gautier, demandante en el caso ante el Tribunal de Primera Instancia, quien insistió en la falta de transparencia del gobierno en el poder.
En un recurso de certiorari presentado ayer, el primer ejecutivo planteó que el Tribunal de Apelaciones erró al no acoger su petición para que se revocara la orden emitida por la jueza Lauracelis Roques Arroyo de someter en un sobre sellado copia del proyecto de presupuesto.
En síntesis, Rosselló Nevares -a través del procurador general y la procuradora general auxiliar, Luis Román Negrón y Amir Cristina Nieves Villegas- insistió en que la controversia planteada por Bhatia Gautier no es “justiciable”, bajo el argumento de que el senador no tiene legitimación activa y su reclamo es académico pues ya el presupuesto fue avalado por la Asamblea Legislativa y certificado por la JSF.
“El historial del trámite legislativo previo a la aprobación de las resoluciones conjuntas de presupuesto demuestran que el senador demandante tuvo acceso al proyecto de presupuesto presentado ante la Legislatura, tuvo plena oportunidad de ejercer su función fiscalizadora, contó con los instrumentos necesarios para intervenir en el proceso legislativo, disfrutó de igualdad de oportunidades en todas las etapas significativas de ese proceso y tuvo la oportunidad de defender sus posturas”, argumentó.
Asimismo, Rosselló Nevares alegó que ni la Ley federal PROMESA ni la Constitución del Estado Libre Asociado u otra legislación local les concede a los legisladores derecho de examinar borradores de presupuestos preparados por un gobernador antes de someter la versión final ante la Asamblea Legislativa. Insistió, además, en que el documento reclamado está cobijado por el privilegio ejecutivo.
Junto con el certiorari, el gobierno presentó una “Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción” para que el Supremo -cuya mayoría de jueces fue nombrada por administraciones novo progresistas paralice los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia y “suspenda los efectos” de la orden de Roques Arroyo, la cual debió cumplirse ayer.
Por su parte, Bhatia Gautier criticó la supuesta secretividad con la que se manejan los asuntos en el gobierno y dijo que continuará batallando en los tribunales para vindicar el “derecho fundamental de todos los puertorriqueños a saber”. Ayer mismo presentó al Supremo su escrito de oposición a las solicitudes del Ejecutivo.
“Basta ya de querer esconder los datos, los números y las propuestas que ha hecho el gobernador y que debemos considerar para salir de la crisis. Negar el derecho a saber no abona a la democracia y solo demuestra el miedo, la improvisación y el desconocimiento de la gestión administrativa del Gobernador”, manifestó el senador en declaraciones escritas. Entretanto, Arnaldo Cruz Sanabria, co-fundador de Abre Puerto Rico, opinó que del Supremo favorecer la postura del Ejecutivo crearía un precedente peligroso para la transparencia gubernamental.
“Esto va a hacer bien importante porque hace un año no existía la JSF. Estamos ante un nuevo esquema gubernamental… y todo documento que el gobierno entregue a la Junta tendrá que pasar ese crisol”, advirtió.