Rosselló da más poder a alcaldes
Los municipios podrán sostener acuerdos con el sector privado
Con el objetivo de brindarle a los alcaldes “herramientas para ser más eficientes y enfrentar los retos fiscales” actuales, el gobernador Ricardo Rosselló convirtió en ley una medida para agilizar el trámite de declaración de una propiedad como estorbo público.
Se trata del Proyecto de la Cámara 991, de la autoría del representante José “Memo” González, el cual, aparte de simplificar el procedimiento, además exime a los municipios que tengan un plan de ordenación aprobado y el tener que obtener una consulta de ubicación por parte de la Junta de Planificación como requisito para poder llevar a cabo la expropiación.
El proyecto fue sometido a petición del alcalde de Arecibo, Carlos Molina Rodríguez , y de la Federación de Alcaldes que preside, ente que aúna a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP).
En la exposición de motivos del proyecto, se resalta el abandono de propiedades en los cascos urbanos de los municipios a causa de la crisis económica y la constante migración.
“Es necesaria la acción inmediata de los gobiernos municipales para detener el abandono y desvaloración de los centros urbanos, como de las propiedades vecinas a estos estorbos”, lee el proyecto.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, se mostró escéptico con el beneficio que traería el proyecto a los municipios debido a la precaria situación económica que impide el desarrollo de nuevas obras.
“El proyecto lo agradecemos, nos viabiliza un proceso. Pero si los municipios no tienen recursos económicos para poder reordenar el territorio y para eliminar los estorbos públicos, pues de nada sirve una ley que permita hacerlo”, indicó el alcalde de Cayey quien encabeza a los primeros ejecutivos del Partido Popular Democrático (PPD).
Para atender el asunto de la fragilidad económica, el proyecto autoriza a los ayuntamientos a que puedan llegar “a cualquier tipo de acuerdos con entidades públicas o privadas, con el objetivo de conseguir el capital necesario limpiar, mantener y adquirir las propiedades”.
Por tanto, ahora los municipios podrán establecer, como deuda preferencial, la deuda municipal por multas y gastos de limpieza en propiedades declaradas como estorbos públicos. Además, establece un procedimiento ágil para que los municipios puedan imponer multas y mitigar deudas de manera más efectiva en aras de recuperar gastos de limpieza.
EXPROPIACIÓN FORZOSA
Más allá de las capacidades de los municipios para crecer económicamente con este proyecto, la medida ha generado controversia por la fragilidad en que pueden quedar las comunidades de escasos recursos del país ante amenazas de expropiación forzosa.
El senador José Vargas Vidot pidió, en su momento, al gobernador Rosselló, que no firmara el proyecto debido a que le parece “hasta criminal” que personas desde el sector privado o desde las alcaldías puedan “decidir indiscriminadamente expropiar casas y terrenos de personas pobres”.
Sin embargo, en declaraciones escritas, Rosselló Nevares enfatizó que la medida garantiza que las comunidades sean escuchadas durante el proceso. De esa forma, sostuvo, los residentes mantienen su derecho a exigir una vista para oponerse a una declaración de estorbo público, y a participar en el proceso de consulta de ubicación.
En ese renglón, Ortiz salió al paso en defensa de la agilización del proceso, enunciando que “los estorbos públicos en las comunidades son siempre en detrimento de la comunidad”.
“Cuando tú logras que un edificio que es un estorbo público se logre rehabilitar, se activa el mecanismo de rehabilitación de la comunidad completa”, sostuvo el alcalde de la Pava.
“Pero de eso a que ahora un municipio lo pueda hacer… Tenemos $350 millones menos. No hay obra. Es un contrasentido legislar sin que el gobierno local tenga la capacidad económica para obrar en función de lo legislado”, se apresuró a añadir.
A la vez, la medida faculta a los municipios para colaborar con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para realizar tasaciones de propiedades muebles e inmuebles dentro de su jurisdicción.
Ortiz advirtió que esta última medida no tendría un impacto significativo e insistió en que “la mayor necesidad” es que se legisle para dotar de capacidad económica a los municipios para realizar obras.
PREPANET
Por otra parte, Rosselló convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 27, de la autoría del presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, el cual crea la Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico.
De ahora en adelante, PREPANET –una subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)- deberá permitir que empresas privadas en la industria de las telecomunicaciones puedan alquilar sus instalaciones de fibra óptica y banda ancha que cubre la isla.
Pese a que en un principio la instrumentalidad pública se opuso, esta vez el director ejecutivo Ricardo Ramos Rodríguez respaldó la iniciativa. “Esta ley reafirma el compromiso de la actual administración en fomentar la colaboración entre los sectores público y privado, enfocado en el crecimiento económico y la creación de empleos. Además, coloca a la corporación pública como socio y facilitador en este esfuerzo”, declaró.