La presión mundial es esperanza para Venezuela
Nos unimos a la condena internacional del creciente desmantelamiento del orden democrático en Venezuela, que tuvo su más reciente expresión en la instalación fraudulenta de una Asamblea Constitucional orquestada para dotar de poderes ilimitados al presidente Nicolás Maduro.
Envalentonado por la reciente farsa electoral que dio paso a consumar la toma del poder legislativo por el oficialismo, el mandatario conduce con pie firme al hermano país al abismo fiscal, económico y humanitario, sin detenerse a mirar las consecuencias.
Con cada evento dirigido a acabar con la oposición y de facto instalar el modelo de partido único, crece el repudio mundial e interno al régimen que ha puesto al pueblo bolivariano de rodillas. La represión y la violación de los derechos ciudadanos por el Estado comparten el espacio con la inestabilidad y la polarización más extrema, que han dejado centenares de víctimas, entre fallecidos, heridos y detenidos.
El aislamiento político de Maduro es un fenómeno en expansión mientras el pueblo sufre el desabasto de alimentos y medicinas; en fin, lo esencial para vivir, a pesar de contar con enormes riquezas petroleras.
Con la entrada de la Constituyente, la legítima Asamblea Nacional, dominada ampliamente por la oposición, quedó vilmente anulada a año y medio de su elección con 14 millones de votos, en diciembre de 2015. A la sumisión del poder judicial, Maduro suma el control de una asamblea de incondicionales, abriendo la posibilidad de escribir una nueva carta magna a la medida de su régimen.
Despojada de la supremacía del voto, que ahora en Venezuela solo es válido si coincide con los designios del gobernante, la sociedad venezolana queda sumida en divisiones profundas que esperamos no arriben al punto de lo insalvable.
Es condenable la escalada de la represión que hemos visto a las fuerzas de seguridad del Estado ejercer contra sectores del pueblo que tienen perfecto derecho de desaprobar las ejecutorias de un gobierno que les tiene en la antesala del hambre, la miseria y una guerra civil. Ello se agudizará por las sanciones con las que el gobierno de Estados Unidos se propone responder a los actos antidemocráticos de Maduro.
Mientras, en lugar de empezar a ponderar la nueva constitución, la Constituyente adoptó la actitud plenipotenciaria de su líder y entre sus primeras acciones suspendió del cargo de fiscal general a Luisa Ortega, cabeza de la rebelión interna en las filas del chavismo, para ser sometida a un proceso judicial.
A la maniobra claramente ilegal de invasión del poder judicial, se añadió el enfático rechazo, por “injerencista” e “ilegal”, del llamado urgente a la restauración de la democracia emitido por los países miembros del Mercado Común del Sur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Así las cosas, la confrontación y revancha es lo que impera en un país a la deriva. Al insistir en el derrotero totalitario se perdió la disposición del Vaticano a mediar en la crisis. Ante los fallidos esfuerzos, el papa Francisco abogó ante los actores políticos venezolanos, en especial al gobierno, por el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la Constitución todavía vigente, redactada bajo el mando del finado presidente Hugo Chávez.
La Santa Sede fue ignorada. Los líderes de la oposición Leopoldo López y Antonio Ledesma siguen bajo arresto domiciliario. Pero nada, ni la represión, ni las detenciones y ni la muerte han detenido las protestas contra el gobierno. Mientras, el abortado alzamiento contra el fuerte militar Valencia por un grupo de militares en rebeldía contra la tiranía de Maduro no augura tiempos mejores para millones de venezolanos.
Por ello y ante los reiterados fracasos de la diplomacia, se hace necesario el repudio intensificado de la comunidad internacional que, desde América Latina y Estados Unidos hasta la Unión Europea, han denunciado la escalofriante consolidación del totalitarismo en Venezuela. La presión mundial es la gran esperanza del oprimido pueblo hermano.