La impericia económica de la Junta
Mi antiguo profesor Joseph Stiglitz y el colega Martín Guzmán dijeron que la Junta de Control Fiscal, “aparentemente carece de toda comprensión sobre economía básica…”. Veamos por qué.
Primero, su directora (la empleada más costosa del País) rechazó que recortar la nómina gubernamental elimine $600 millones a la economía. La certificación del Plan Fiscal recortaría originalmente $420-480 millones a la nómina gubernamental. Esos $480 millones es un consumo que desaparecerá de la economía, por lo que otros sectores tendrán que reducir sus gastos, multiplicando el impacto del recorte fiscal. Investigaciones de Willi Semmler y Stefan Mittnik, entre otros, encuentran que el multiplicador fiscal crece en las depresiones, al sector privado estar más reacio a invertir. Dada la timidez y pequeñez de nuestro sector privado, el multiplicador fiscal probablemente sea alto: esos $420 millones o $480 millones reducirían en total cerca de $840 millones a la economía. Si tuviésemos estadísticas bien cuidadas, pudiésemos calcular puntualmente el impacto.
Segundo, alguien de dicha Junta dijo que no importaba dónde se recortara, el impacto eco- nómico sería el mismo. Eso es falso por dos razones: el multiplicador fiscal y el impacto en el bienestar general es distinto conforme al área a recortar. Recortar la nómina gubernamental impacta mucho más la economía que recortar contratos con las aseguradoras o con asesores.
Por otro lado, el gobierno —contrario a una corporación— tiene que garantizar el bienestar general y, para eso, la equidad debe ser el norte. Por ejemplo, recortar en contratos de alquiler no afecta los servicios esenciales que la Junta debe proteger según la sección 201 de PROMESA (un argumento que el gobierno puede usar, si su desafío a la Junta es serio).
¡Imagínense una Junta buena diciendo: “la austeridad empezará por eliminar los subsidios corporativos redundantes y la re-venta de créditos contributivos”! Recortes así no generan la misma pérdida en el bienestar general: quitarle un dólar a un adinerado reduce menos el bienestar que quitarle un dólar a una persona que devenga $2,000 mensuales (por la utilidad marginal decreciente). La Junta que protegería “los vulnerables”, ¿sabe que hay 1,500 personas a salario mínimo en el gobierno?
Es difícil respaldar a la Junta sin ver los datos en controversia (que no se han publicado). Lo que sí sabemos es que la relación entre endeudamiento y la proporción de empleo gubernamental es estadísticamente insignificante (ver mi página en ResearchGate). Además, según el Censo Trimestral de Empleo y Salarios, desde 2009 la nómina estatal ha decrecido, reduciéndose 24% (sin ajustar por inflación).
Tercero, la Junta recomendó (sin publicar estudio alguno) sustituir el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y Sección 8 por un crédito que solo reciben los empleados. Muchos economistas favorecemos un crédito al trabajo para contrarrestar la desigualdad, pero no como generador de empleo. La premisa extremista es que los trabajos abundan y que la persona promedio no quiere trabajar. Sin embargo, hoy hay 102,000 personas buscando trabajo activamente y nuestra tasa de desempleo nunca ha alcanzado menos del 10%: Puerto Rico adolece de creación robusta de empleo desde antes de la llegada del PAN. En una columna anterior aclaraba que no hay relación entre la participación en el PAN y el endeudamiento público.
¿Evaluaron el impacto de esta propuesta sobre la criminalidad?
Mientras aquí la Junta continuamente critica las ayudas a los pobres, países como Portugal ponderan la idea antigua (endosada por el premio Nobel Robert Shiller) de garantizarle a cada familia un ingreso mínimo independientemente de las horas trabajadas. Yo propuse que si alguien trabaja menos de 30 horas a salario mínimo pueda recibir transferencias gubernamentales para complementar sus ingresos.
La impericia médica conlleva ciertas consecuencias. ¿Qué consecuencias acarrea esta impericia económica?
“Es difícil respaldar a la Junta sin ver los datos en controversia (que no se han publicado)”.