Sin transparencia la crisis continuará
Tal como se esperaba y se había acordado en el Plan Fiscal certificado hace casi cinco meses, la Junta de Control Fiscal acaba de exigirle al gobierno de Ricardo Rosselló la instrumentación de un recorte de 10% del salario de los empleados públicos.
Este es, sin duda, un golpe muy fuerte para la mayoría de los funcionarios que tienen sueldos bajos, pero también constituye una política errada para los esfuerzos de revitalizar la estancada economía. Además, la medida incrementa la incertidumbre y la desconfianza de los empleados públicos y siembra dudas en la población general sobre cómo se garantizarán los servicios que el gobierno presta.
La exigencia se hizo porque el gobierno no cumplió con los recortes presupuestarios acordados con la Junta. La reacción del gobernador, ante la inminencia de tener que instrumentar un recorte que le traería desafecto y repudio entre los afectados, ha sido colocarse como víctima de la Junta. Amenazó, y seguramente lo hará, con reclamar ante Trump y ante el Congreso, que poco podrán decir porque la Ley PROMESA cobija la decisión de la Junta.
Fue justamente la incapacidad del equipo de gobierno lo que no permitió encontrar otros rubros para hacer los recortes o estrategias para asegurar nuevos ingresos. A pesar de la monumental crisis que vivimos, todos hemos leído sobre los cuantiosos contratos que se siguen otorgando a cabilderos, a asesores del exterior y a empresas de estrategia y publicidad en su gobierno.
Si se busca bien en el presupuesto, todavía hay tela de dónde cortar sin afectar a nuestra gente más vulnerable. Rosselló está repitiendo el mismo patrón de las administraciones anteriores; el que nos ha llevado a esta multidimensional crisis que hoy llena de angustia a la población puertorriqueña. Cortando del lado de los más débiles solo contribuirá a profundizar las desigualdades y ello dificultará aún más la salida de la crisis.
Estamos en una coyuntura de espiral negativa, donde ya no se puede improvisar más, y se requiere una estrategia distinta, sensata y con prioridades cónsonas con proteger el bienestar de los más desvalidos económicamente. En Puerto Rico tenemos los mejores recursos humanos para generar esa estrategia y podríamos economizar millones de dólares si no estuviéramos tan colonizados mentalmente.
La salida de la crisis requiere que haya transparencia para recuperar la credibilidad perdida. Es difícil saber si Rosselló miente o verdaderamente está dolido con la posibilidad de tener que hacer ese recorte a los empleados públicos porque ha rehusado dar a conocer el presupuesto que él mismo sometió a la Junta para su certificación.
En la reciente reunión de la Junta hubo varias referencias al hecho de que dicho recorte ya estaba contemplado en la propuesta presupuestaria. Pero el mensaje emitido por Rosselló a los medios públicos tras haber recibido la orden del recorte no admitía eso. Por el contrario, buscaba que la población pensara que él se estaba enfrentando a la Junta, a la que calificó de colonial, insensata y carente de prudencia. Para obrar con transparencia, como aduce Roselló que hace, hay que demostrarlo con hechos.
El presupuesto tiene ser conocido por toda la población, ya que ni siquiera hubo vistas legislativas para discutirlo, como es la norma. Y la deuda tiene que ser auditada para conocer las responsabilidades que le caben a los funcionarios públicos al generarla. Sin transparencia, verdad y justicia tendremos crisis hasta el próximo milenio.