ESCUELAS EN DESUSO: Evalúan opciones para rescatarlas
Por décadas han faltado planes para manejar las estructuras en desuso, aunque algunas ha encontrado una nueva vida en otras manos
Están en todos los pueblos, esparcidas desde la comunidad más pobre hasta las esquinas de acomodadas urbanizaciones como recuerdos inamovibles de vidas pasadas.
Algunas ya son solo ruinas, esqueletos cubiertos de la maleza que quiere hacerlas desaparecer y cuyos rincones alejados del bullicio de antaño sirven de escondite para enfermos o malhechores. Las menos han cobrado nueva vida, convirtiéndose en modelos de lo que puede hacerse con una escuela cuando deja de ser un centro educativo.
El cierre de escuelas públicas en la isla es un proceso que ha cobrado mayor notoriedad en los últimos años, pero ha sido una constante durante décadas. El Departamento de Educación ordenó el cierre de unas 230 escuelas del 2007 al 2016. Al finalizar el pasado año escolar, el Departamento de Educación cerró otros 167 planteles adicionales.
¿Qué sucede con esas estructuras que por años fueron el centro de la vida de niños, adolescentes, maestros y comunidades? La respuesta sencilla: nadie sabe.
“Al llegar aquí en enero yo tenía un conocimiento de cuáles eran los retos dentro del Departamento de Educación. Al empezar a trabajar me di cuenta que iba mucho más allá de lo que yo tenía conocimiento y un ejemplo de eso son las escuelas que quedan en desuso”, reconoció la secretaria de Educación, Julia Keleher.
Al momento no existe un inventario de la cantidad de estructuras que alguna vez fueron una escuela y dejaron de serlo, señalaron, en entrevistas por separado, Keleher y el principal asesor legal del gobernador, Alfonso Orona.
Una vez cierran, las escuelas dejan de ser responsabilidad de Educación y su manejo pasa a manos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) -por virtud de la Ley 12 de 1975- o de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) si esta corporación pública se encargó de su construcción, explicó el funcionario.
Pero no siempre se ha mantenido un registro fiable de los traspasos de las estructuras, de cuáles fueron arrendadas o vendidas a entidades privadas, cuales fueron traspasadas a individuos y organizaciones por la Asamblea Legislativa o cuales están en manos de municipios u otras agencias gubernamentales, señaló Orona.
El DTOP -después de múltiples peticiones- entregó a El Nuevo Día una lista de 505 escuelas en desuso que están en su poder, pero la información sobre las condiciones de estas estructuras es tan poca que ni siquiera se detalla en qué municipios están ubicadas 158 de ellas. Mientras que la AEP ni proveyó información para la serie especial “¿Qué pasó con mi escuela?” que arranca hoy en Endi.com.
CON NUEVA VIDA
El abandono en que se encuen-
tran las antiguas estructuras gubernamentales, que van más allá de las escuelas para incluir antiguos cuarteles o centros judiciales, provocó que en abril se creara el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles. Mediante una orden ejecutiva, el gobernador Ricardo Rosselló creó un mayo un subcomité interagencial -adscrito a este comité- que se encargaría solo del traspaso de escuelas que ya no estén en uso.
La primera tarea del subcomité interagencial es identificar dónde están todos los planteles en desuso, determinar en qué condiciones están y a quién le pertenecen, precisó el asesor legal del primer ejecutivo. Hasta mediados de julio habían recibido más de 150 propuestas para reusar escuelas públicas, indicó Orona.
“Lo que yo quisiera hacer para las escuelas en desuso es desarrollar una estrategia de manejo del portafolio de lo que son los bienes raíces del Departamento de Educación. No hemos tenido una estrategia ni un plan operacional para atender el mantenimiento, porque mientras mejor atendemos el mantenimiento de las plantas escolares, menos problemas vamos a tener en el futuro”, indicó Keleher.
A través de este organismo, el gobierno busca establecer un mecanismo uniforme para que los planteles puedan pasar a otras manos y tener nueva vida, explicó Orona. En el pasado, existían múltiples procesos engorrosos y extensos para hacerse cargo de una escuela y era poca -por no decir ninguna- la supervisión que se llevaba a cabo para asegurar que los nuevos titulares o arrendatarios cumplieran con las condiciones bajo las cuales se concretaron los acuerdos, añadió.
Por ejemplo, el Municipio de Naranjito tuvo que esperar unos diez años para recibir la titularidad de la antigua escuela José Archilla Cabrera, aun cuando llevaban años con un permiso de uso que inicialmente les permitió establecer allí un centro de actividades para ancianos y reubicar oficinas municipales, precisó el alcalde Orlando Ortiz Chevres.
Actualmente, el Centro Gubernamental José Archilla Cabrera alberga oficinas municipales y estatales, es la sede del Programa de Bellas Artes municipal y de tres salones de programa Head Start, entre otros servicios. Y aún hay espacios vacíos en el recinto, así que el plan es expandir sus ofrecimientos, aseguró el ejecutivo municipal.
“Esta es una escuela que era céntrica, yo estudié aquí. Es una estructura que queda a pasos del casco urbano, casi todo el pueblo pasó por aquí, hay muchos recuerdos atados a ella y con este traspaso al Municipio no solo rescatamos la estructura sino que también le resolvemos problemas al gobierno central. Aquí está el Registro Demográfico, que se iba a ir de Naranjito porque no podían pagar alquiler, y nosotros le dimos un espacio. De escuela se ha con- vertido en centro gubernamental para servir a nuestra población”, expresó Ortiz Chevres.
El cierre de una escuela representa un fuerte golpe para las comunidades a su alrededor, no tan solo por el cese de la actividad educativa sino también porque existe el potencial de que se convierta en un foco de vandalismo y violencia, como sucede tantas veces, señaló el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez. El traspaso a los municipios, aunque ha resultado ser complicado, es la opción más viable para darle nueva vida a las estructuras, sostuvo el alcalde de Cayey.