“(Ambas compañías) no están cerradas, continúan activas y abonando a las deudas con sus acreedores”
Jorge Luis Díaz Presidente, BetteRoads y BetteRecycling
“Como a las 3:00 p.m. me llamaron para avisarme de mi cesantía y yo salía ese día a las 5:00 p.m. Nos sacaron así como ‘váyanse’, ni nos dieron las gracias por todos los años de servicio. Yo estaba saludable y al mes del despido ya tenía hasta presión alta y no dormía”.
Con estas palabras, una mujer que trabajó 28 años para Empresas Díaz relató lo que vivió aquel 27 de septiembre de 2016 cuando recibió –junto a cerca de 40 personas– la carta de despido del conglomerado de la industria de la construcción. Desde entonces, continúa a la espera de que la compañía le pague unos $10,000 que le debe por concepto de liquidación, salario de su último mes de trabajo y días de vacaciones y enfermedad no utilizados.
“A mí me deben $33,000. ¡Eso es apropiación ilegal!”, exclamó un hombre que llevaba 41 años en la empresa cuando fue cesanteado. Ambos exempleados pidieron que se les protegiera su identidad.
Relató que el conglomerado, que incluye a las empresas BetteRoads Asphalt, BetteRecycling, Petroleum Emulsion Manufacturing Corporation (Pemco), Coco Beach Utility Company y Hopi Copters, había comenzado a dar señales de dificultades financieras en junio de 2014, cuando los empleados recibieron cartas en que se les notificaba de reducciones en salarios y beneficios.
A principios de septiembre de 2016, fueron reunidos por la gerencia “para decirnos que no nos podían pagar esa quincena y que en la otra quincena nos iban a pagar”, sostuvo el hombre. Pero eso no sucedió, por lo que ambos trabajaron del 22 de agosto al 26 de septiembre de 2016 sin recibir paga alguna.
Ese también fue el caso de otra fémina que llevaba desde 1985 trabajando en Pemco y quien también habló bajo condición de anonimato. Los tres entrevistados mostraron a este diario cartas con fecha del 26 de septiembre de 2016, en que el conglomerado expresa que “debido a restricciones impuestas por nuestra institución financiera no hemos podido pagar las siguientes nóminas”, y procede a enumerar los días antes mencionados.
Luego de los despidos, los tres han intentado reclamar el dinero que se les adeuda por distintos medios. Ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan, radicaron sendas querellas contra BetteRoads y Pemco al amparo de la Ley 140 de 1974, que provee un procedimiento más sencillo y rápido que las demandas para, entre otras cosas, resolver reclamaciones salariales que no excedan los $3,000. Así lo hicieron los exempleados, aunque a dos de ellos se les adeudaba cantidades mayores.
En el caso del hombre, según documentos del caso a los que tuvo acceso El Nuevo Día, el pasado 28 de diciembre el juez Edgar Figueroa Vázquez emitió una resolución a favor del exempleado, luego de que la empresa no presentara objeción alguna.
Siete meses después, no ha recibido un solo centavo de esos $3,000, aseguró.
En cuanto a la exempleada de Pemco, quien presentó su querella por Ley 140 el 17 noviembre de 2016, recibió el pasado 3 de enero un cheque por concepto del salario que se le debía. Indicó que como era menor la cantidad de personas despedidas de Pemco, estas sí recibieron dinero, aunque no todo. “Nos pagaron los salarios de esas semanas que trabajamos sin paga, pero nos adeudan la mesada, que consiste de una semana de salario por cada año de servicio”, reclamó. En su caso, la deuda ronda los $15,000 al tomar en cuenta la mesada, la liquidación de días acumulados de vacaciones y enfermedad, bonos de Navidad, horas extra devengadas y descuentos de salario no remitidos al plan de retiro 401K y a la cooperativa de empleados.
De acuerdo con Jorge Luis Díaz, presidente de BetteRoads y BetteRecycling, ambas empresas “fueron víctimas de acciones tomadas por el Ban-
“No estamos en quiebra, no vamos a radicar quiebra y no permitiremos que Banco Popular, de manera abusiva, nos fuerce a entrar en ningún capítulo de quiebra” JORGE LUIS DÍAZ Presidente, BetteRoads y BetteRecycling
co Popular, donde se incautaron el dinero en nuestras cuentas”.
“Banco Popular debitó de nuestras cuentas todos los balances, que eran más de $1,600,000”, alegó en entrevista con El Nuevo Día. Indicó que esta acción, tomada por la institución bancaria el 1 de septiembre de 2016, les impidió pagar a los empleados por las jornadas trabajadas del 22 de agosto al 26 de septiembre, así como liquidaciones y mesadas, descuentos de salario para la cooperativa de empleados, para el 401K y para las pensiones alimentarias, así como para emitir pagos al Servicio federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés).
“Ellos radicaron una demanda y nosotros contra-demandamos por $931 millones en el Tribunal de Bayamón”, dijo. Esa demanda por cobro de dinero de Banco Popular contra BetteRoads está paralizada debido a que la institución financiera radicó el pasado 9 de junio, junto a otras siete organizaciones, una petición de bancarrota involuntaria para la empresa en el Tribunal federal de Quiebras.
En la mencionada petición bajo el capítulo 11 de Reorganización, los principales acreedores de BetteRoads alegan que se les debe $98.27 millones. Del expediente del caso, al que El
Nuevo Día tuvo acceso, se desprende que $51.55 millones corresponden a la deuda con el Banco Popular.
En el sistema del Tribunal federal de Quiebras aparece otra petición de bancarrota involuntaria bajo el capítulo 11 a nombre de BetteRecycling, radicada el mismo día, en que los acreedores aseguran que se les adeuda $96.65 millones. La mayoría de los peticionarios son los mismos que en el caso contra BetteRoads, incluyendo el Banco Popular.
Díaz aclaró que ambas compañías “no están cerradas, continúan activas y abonando a las deudas con sus acreedores”, aunque declinó ofrecer el número de empleados con que cuentan actualmente y admitió que el edificio de Empresas Díaz en Río Piedras, donde operaban, permanece cerrado.
Agregó que “no estamos en quiebra, no vamos a radicar quiebra y no permitiremos que Banco Popular, de manera abusiva, nos fuerce a entrar en ningún capítulo de quiebra”.
Por su parte, Natacha Vale, gerente de comunicaciones corporativas de Banco Popular, declaró que la institución no emitiría declaraciones al respecto debido a que se trata de un litigio activo.
En cuanto a Pemco, corporación de la que exempleados alegan que les debe la mesada y otras partidas aunque no enfrenta peticiones de bancarrota involuntaria ni se ha declarado en quiebra, Díaz declinó comentar. “Pemco es una compañía separada y las operaciones de BetteRoads y BetteRecycling no tienen nada que ver con Pemco”, dijo sobre la empresa que también preside. “No daré información de esto”.
Acerca de los pleitos en el Tribunal federal de Quiebras y en el Tribunal de Bayamón, sostuvo que “estamos confiados en que vamos a prevalecer”.
“Como a las 3:00 p.m. me llamaron para avisarme de mi cesantía y yo salía ese día a las 5:00 p.m. Nos sacaron así como ‘váyanse’, ni nos dieron las gracias por todos los años de servicio” EXEMPLEADA ANÓNIMA Empresas Díaz