Puerto Rico: Made in America
Desde enero la mayoría republicana en el Congreso discute ávidamente la esperada reforma al Código Contributivo del Gobierno federal, una de las más importantes promesas de campaña del ahora presidente Donald J. Trump y el presidente cameral, Paul Ryan.
El proyecto tiene como propósito atraer el capital americano que compañías nacionales invierten en países extranjeros debido a sus gravámenes más favorables. El retorno del capital resultaría en un aumento de empleos en los sectores manufactureros, y contribuiría a consolidar los 12 millones de empleos directos que hoy genera este sector.
Además, se crearían las condiciones óptimas para que las demás industrias crezcan y contribuyan a la diversificación económica.
Como es de esperarse, debido a nuestra condición colonial, la inclusión favorable de Puerto Rico en el proyecto de ley no es automática y hay que trabajarla fuertemente entre los “Big Six”, o los principales seis líderes del Congreso, CasaBlanca y el Tesoro que tienen a su cargo liderar este proceso.
Desde la Administración de Asuntos Federales del Gobierno de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), trabajamos en estrecha colaboración con nuestra única representante en la Cámara, Jenniffer González-Colón; el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy; para llevar un mensaje claro en Washington sobre este tema legislativo de crucial importancia para nuestro futuro como pueblo.
Al día de hoy, Puerto Rico sigue considerándose como una jurisdicción extranjera para propósitos contributivos, pero doméstica para comercio interestatal. Este complicado arreglo no siempre favorece la inversión en la isla, y contribuye a la confusión y desinformación a la hora de atraer capital.
El gobernador Ricardo Rosselló ha expresado en numerosas ocasiones que la única manera de sacar a Puerto Rico de la crisis económica es generando crecimiento económico real. La reforma contributiva debe, por tanto, fomentar el crecimiento económico y la creación de empleos, además de competitividad a nivel nacional e internacional por medio de nuevas estructuras contributivas.
La Administración Rosselló logró la aprobación, por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, de un Plan Fiscal para los próximos 10 años. Este plan, que reduce drásticamente los gastos del gobierno central y de la Legislatura, fue redactado contando con los ingresos que recibe el fisco por el pago de contribuciones tanto de empresas como de individuos. Una reducción de la base contributiva de la isla disminuiría dramáticamente los ingresos del Estado, y obligaría al gobierno a aplicar más recortes. El Congreso debe estar consciente de esta realidad, impuesta por su propia Ley PROMESA, y asegurar que cualquier medida de carácter contributivo amplíe y no reduzca la base contributiva de la isla.
El pasado diciembre, el Task Force congresional para el desarrollo económico de Puerto Rico alertó a los miembros del Congreso sobre políticas contributivas que tendrían un efecto negativo en la economía de la isla, o que reducirían los ingresos necesarios para proveer servicios esenciales y el pago de la deuda. El Task Force recomendó al Congreso (1) la inclusión de Puerto Rico en toda discusión sobre política contributiva, (2) estar conscientes de que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y (3) considerar otorgar más incentivos contributivos a las compañías de los Estados Unidos continentales que decidan invertir en la isla.
La nueva política contributiva federal debe contribuir no solo a promover la industria manufacturera, sino también aquellas emergentes como la economía colaborativa, la manufactura avanzada, tecnología, start-ups, turismo, entre otros.
Cualquier política que trate a Puerto Rico desfavorablemente y tenga como consecuencia la pérdida de empleos y la fuga de capital, socavaría la intención de PROMESA y resultaría en el deterioro de la economía local. Ante este panorama, la ciudadanía puede tener la certeza de que la Administración Rosselló Nevares seguirá luchando, en colaboración con las diversas ramas de nuestro gobierno, para lograr que la política pública estadounidense sirva para impulsar y diversificar nuestra economía.
“Cualquier política que trate a Puerto Rico desfavorablemente y tenga como consecuencia la pérdida de empleos y la fuga de capital, socavaría la intención de PROMESA”.