Avanzan las negociaciones para ajustar la deuda
En la audiencia de Título III se acordó que antes del 21 de agosto afinarán el proceso de mediación entre bonistas de Cofina y GOs También se aplazó un fallo que, en su momento, podría provocar un incremento de la tarifa de AEE
La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain aprobó ayer el inicio de la petición de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo el Título III de la Ley federal PROMESA exigiendo a esa corporación pública que haga todo lo posible por informar a los abonados acerca del proceso judicial que apenas comienza.
Sin embargo, el proceso que busca renegociar la deuda de la corporación pública por la vía judicial podría tomar un nuevo giro. Esto, porque ayer Swain dejó en el tintero un pedido de las aseguradoras National Public Finance Guarantee, Assured Guaranty, Syncora y el grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) para que se levante la suspensión automática de litigios en esa corporación pública. Si la jueza accediera a esto, los reclamantes podrían entablar una demanda separada y solicitar a la corte que se nombre un síndico para que administre la AEE y se aumenten las tarifas de electricidad.
“Ellos (los acreedores) pueden llamar a nuestra posición como quieran... pero solo hay una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y una sola junta que representa a los deudores. Gracias a Dios que es así”, dijo el principal abogado del ente federal, Martin Bienenstock, mientras intentaba convencer a la jueza Swain de que no abra la puerta a un litigio en la AEE, cuando el procedimiento de Título III apenas comienza.
Ayer, los acreedores y la JSF iban preparados para entrar en una vista evidenciaria acerca del futuro de la AEE, lo que podría resultar en un aumento en la tarifa eléctrica para casi un millón de abonados en Puerto Rico.
Sin embargo, el asunto quedó integrado en la agenda de la audiencia general de los casos de Título III que Swain presidió desde la sala 3 de la Corte de Distrito de Puerto Rico en Hato Rey, junto a la magistrada Judith Dein y la líder del Equipo de Mediación de los casos de Título III, Bárbara Houser.
Allí, Bienenstock protagonizó un debate con Gregory Horowitz, del bufete Kramer Levin Naftalis & Frankel, uno de los asesores legales del grupo Ad Hoc-AEE. Este último reclamaba a la jueza su pronta intervención para evitar que la fuente de repago de unos $8,300 millones en bonos de la AEE continúe perdiendo valor.
La AEE llegó a un proceso parecido a la bancarrota el mes pasado, luego de incumplir por primera vez con el pago a los bonistas. En 2014, hizo lo propio, pero con los bancos que financiaban la compra de combustible.
“El valor de los ingresos (de la AEE) está en inminente peligro de disminuir”, indicó Horowitz.
De acuerdo con Horowitz, sus representados necesitan la protección adecuada de sus derechos ante la negativa del gobierno y de la JSF de aumentar las tarifas de electricidad para cumplir con el contrato de bonos de la AEE.
En junio pasado, la JSF rechazó el acuerdo de reestructuración de la deuda (RSA, en inglés) en la AEE. Ante la decisión, los acreedores que participaron de la negociación recurrieron a la vía adversativa por entender que la JSF descarriló, sin argumentos convincentes, un proceso que contó con el aval de dos administraciones de Gobierno.
EL MERCADO MUNICIPAL
En el argot técnico, la deuda de la AEE se conoce como “revenue bonds“(bonos respaldados con ingresos de una entidad). Dichos bonos descansan, a su vez, en un contrato o escritura de bonos.
Según Horowitz, el contrato de la AEE requiere aumentar las tarifas para asegurar sus gastos operacionales y pagar a los bonistas cuando los ingresos no sean suficientes. Un mecanismo similar es utilizado por otros emisores de deuda en Estados Unidos.
Desde la perspectiva de los acreedores de la AEE, si se permite a la corporación incumplir con lo estipulado, ello podría tener efectos en el resto del mercado municipal estadounidense.
Swain preguntó a Horowitz cómo nombrar un síndico en la AEE ayudaría a proteger los derechos de sus clientes.
A ello, el abogado contestó que un síndico permitiría administrar la AEE adecuadamente, lo que no ha pasado en décadas, y daría paso a una revisión tarifaria, tal como ordenó la Comisión de Energía de Puerto Rico. Ello debe suceder en octubre próximo, pero Horowitz puso en duda que la AEE cumpla con la orden del regulador energético.
LO ECONÓMICO
Al aprobar el plan fiscal de la AEE, la JSF estableció como objetivo una tarifa promedio no mayor de 21.5 centavos el kilovatio hora.
Según Bienenstock, proceder con un aumento en la tarifa de electricidad para pagar a los bonistas laceraría la capacidad com-
petitiva de Puerto Rico ante sus competidores en la región.
Agregó también que permitir que los acreedores tomen control de los recaudos actuales de la AEE beneficiará a estos en el corto plazo, pero a costa de la capacidad de recuperación que necesita Puerto Rico para salir de la crisis.
¿POR QUÉ NO MEDIAR?
Mientras Horowitz y Bienenstock no parecían encontrar terreno común, los representantes legales de Scotiabank y Solus, las firmas que prestaron a la AEE unos $700 millones para comprar combustible y que se sentaron a negociar con la corporación pública sin que existiera un mecanismo en ley validado para reestructurar la deuda, sugirieron a Swain que no decida la controversia todavía.
“Creemos que debe darse una oportunidad a la mediación”, indicó el abogado de Scotiabank, Richard Mason, de Wachtell, Lipton Rosen & Katz.
“Las implicaciones son demasiado amplias”, dijo, por su parte, Nicholas Baker, de la firma Simpson Thacher & Bartlet.
Baker, quien hizo claro que se reservaba el derecho de sus clientes, sugirió a Swain dejar la moción de los acreedores en el tintero. Ello, indicó el abogado que representa a Solus y Marathon Asset Management, podía incluir denegar la moción en este momento, pero sin perjuicio para que pueda radicarse más adelante.
Swain podría emitir su decisión al pedido de las aseguradoras municipales en los próximos 30 días, luego de que decidiera resolver la controversia posteriormente.
NOTIFICARÁN A LOS ABONADOS
En la mañana, antes de atender la moción de aseguradoras y acreedores, Swain dio su visto bueno para que la AEE comience con los trámites del Título III.
La jueza pidió al bufete que representa a la AEE, Greenburg Taurig, que se asegure de que el aviso que llegará a los abonados sobre este proceso y que se enviará en la factura de electricidad, esté destacado, ya sea con el uso de negrillas o con un mensaje en el sobre de envío que alerte a los clientes.
Según lo dicho en corte por la AEE, el aviso podría hacerse en septiembre u octubre próximo.
“Solo hay una Junta de Supervisión Fiscal y una sola junta que representa a los deudores ”
MARTIN BIENENSTOCK ASESOR LEGAL DE LA JSF
“El valor de los ingresos (de la AEE) está en inminente peligro de disminuir”
GREGORY HOROWITZ ASESOR LEGAL DE GRUPO AD HOC-AEE