Falta de datos frena el alquiler de escuelas cerradas
El gobernador reconoció los obstáculos que han enfrentado para arrendar escuelas cerradas a municipios y organizaciones sin fines de lucro
Disponer de las escuelas públicas que el Departamento de Educación ya no necesita se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno, pues la falta de documentos y datos sobre la verdadera condición en la que se encuentran las edificaciones complica que se le puedan dar nuevos usos.
Ni siquiera existe un número exacto de la cantidad de planteles en desuso, reconoció ayer el gobernador Ricardo Rosselló.
Ante esta realidad, un ente gubernamental ha decidido que se debe empezar desde cero para encontrar realmente cuántas escuelas en desuso existen en los barrios de la isla.
El subcomité interagencial creado por Rosselló para disponer de las escuelas públicas cerradas ha recibido más de 175 propuestas de organizaciones sin fines de lucro, municipios, empresas e individuos para arrendar o comprar alguno de los 167 planteles que cerraron al finalizar el pasado año escolar, indicó el primer ejecutivo.
No obstante, el gobierno carece de información confiable sobre las escuelas que se han cerrado en las pasadas décadas, de modo que se pueda seguir el mismo proceso de análisis de propuesta para ellas. Aunque existen listas que desglosan los planteles que ya no están en uso por el Departamento de Educación, no sé sabe a ciencia cierta cuántas realmente han sido reacondicionadas para que tengan otros usos y cuales están en total abandono, cuáles están en manos de entidades privadas o cuáles fueron repartidas por disposiciones de la Asamblea Legislativa, señaló la asesora en infraestructura del gobernador, María Palou.
“No ha habido un inventario certero de las propuestas y qué se estaba haciendo con ellas. Hay escuelas que no aparecen en ninguna lista de planteles en desuso y creemos que la está usando algún municipio, pero cuando vamos a la escuela está vacía, el municipio no se ha hecho cargo de la escuela. Los procesos nunca se completaron y no está claro qué ha pasado con las escuelas”, indicó Palou.
El Nuevo Día dio a conocer ayer que por décadas el gobierno falló en mantener un inventario de las escuelas en desuso, lo cual impide la creación de planes para atender la problemática.
Ante esto, el gobierno no puede traspasar escuelas, pues no aparecen -o no existen- documentos tan importantes como las escrituras de las escuelas, expresó Rosselló.
La funcionaria detalló que el subcomité delinea estrategias con las agencias que lo conforman -el Departamento de Educación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Edificios Públicos, la Oficina para el Desarrollo Socieconómico y Comunitario y la Autoridad de Alianzas Públicos Privadas- para que su personal se lance a la calle en busca de las estructuras a las que el gobierno les perdió el rastro.
Ayer, el gobernador anunció los primeros 10 acuerdos establecidos con municipios y entidades sin fines de lucro para que estos se hagan cargo de 11 escuelas que cerraron en mayo. Los municipios de Humacao, Aguada, Camuy, Maricao y Ponce, así como cinco organizaciones educativas y sociales, arrendarán por $1 estos planteles durante el próximo año, detalló Rosselló.
Los usos que tendrán los planteles serán variados. La Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down, Caras of the Americas y la Alianza de Autismo ofrecerán servicios a poblaciones en necesidad desde escuelas en San Juan y Cataño, mientras que la New Earth Academy reubicará su colegio en Bayamón. Mientras, el recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana establecerá una escuela enfocada en agricultura en un plantel en Coamo.
Por su parte, los municipios de Camuy y Maricao establecerán centros de servicios integrados en escuelas, el municipio de Humacao arrenderá dos planteles para establecer su programa Head Start. Asimismo, en Ponce se usará una escuela para lanzar un proyecto para ayudar a mujeres víctimas de la violencia, y el ayuntamiento de Aguada establecerá un centro para la exportación del cacao.
Aún no se han concretado todos los detalles de los contratos que regirán los usos que se le darán a estas 11 escuelas, pero Rosselló aseguró que incluirán condiciones que conllevarían la cancelación del acuerdo si los municipios o entes no gubernamentales no cumplen con establecer los proyectos que prometieron.
“Entendemos que todo Puerto Rico pueda ver que esto se está moviendo, no como en el pasado que se quedaban las escuelas sin que nadie las esté usando”
RICARDO ROSSELLÓ GOBERNADOR