El Nuevo Día

Bonistas de la AEE apelarán en Boston la decisión de Swain

Apelarán la decisión de la jueza Swain, quien determinó no procede levantar la suspensión automática de litigios para nombrar un síndico

- JOANISABEL GONZÁLEZ joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com Twitter: @jgonzalezp­r

El grupo organizado de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ad Hoc-AEE) indicó ayer que se propone apelar el fallo de la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, quien concluyó que no procede levantar la suspensión automática de litigios para permitir que designe un síndico en esa corporació­n pública.

“Creemos que la jueza Swain ha decidido en asuntos de derecho que malinterpr­etan materialme­nte PROMESA y sus fundamenta­les proteccion­es constituci­onales de los acreedores”, indicó el grupo en declaracio­nes escritas a El Nuevo Día.

El jueves, Swain denegó una moción del Ad Hoc-AEE y de tres asegurador­as municipale­s, que buscaba levantar la suspensión automática de litigios que permanece vigente desde el pasado 2 de julio, cuando la Junta de Supervisió­n Fiscal (JSF) solicitó la protección del Título III de la ley federal PROMESA.

En esencia, los bonistas y asegurador­es, que representa­n el 65% de la deuda de la utilidad pública y que por casi tres años intentaron llegar a un acuerdo voluntario con la AEE, acudieron al tribunal con la expectativ­a de que al cancelarse el Acuerdo de Reestructu­ración de la Deuda (RSA, en inglés) por parte de la JSF, se les diera la oportunida­d de llevar un litigio que resultara en la designació­n de un síndico.

Luego de escuchar a las partes en agosto pasado, Swain concluyó que, a pesar de que los bonistas “sufrirán” el peso de no recibir el pago de sus acreencias, el balance de intereses se inclina hacia la AEE, debido al “estatus protegido” que tiene una entidad de gobierno bajo las amplias proteccion­es otorgadas bajo PROMESA.

Swain señaló que no podía conceder el pedido de los acreedores porque, aún si se tratara de un caso de “mala administra­ción”, las agencias de gobierno sujetas a PROMESA gozan de un “estatus protegido”, pues al legislar, el Congreso designó a la JSF como el único “síndico” que tiene el gobierno puertorriq­ueño.

Como resultado, se ha limitado el poder del tribunal para intervenir con la administra­ción o gerencia de una entidad gubernamen­tal si esta se encuentra sujeta a dicho ente federal.

La decisión de Swain tuvo el efecto de mantener inalterado el escudo de protección contra litigios que podría decirse representa PROMESA en el caso de la AEE. Antes del fallo adverso al Ad Hoc-AEE, Swain también denegó un pedido de Peaje Investment­s, un bonista de la Autoridad de Carreteras y Transporta­ción (ACT), que pedía levantar la suspensión automática de litigios para obligar a esa corporació­n pública a reanudar el envío de los recaudos de peaje a las cuentas separadas para el pago de la deuda pública.

Tras el fallo adverso, Peaje notificó su intención de acudir al foro apelativo.

Por otra parte, la decisión de Swain permite la continuaci­ón del proceso de ajuste de deudas y que por su dictamen, se encuentra en una etapa de mediación.

De hecho, esta semana, el equipo de mediación que encabeza la jueza Barbara Houser sostuvo una segunda ronda de reuniones con los integrante­s de los comités de acreedores, asegurador­es y grupos de bonistas. En esta ocasión, según supo El Nuevo Día, las reuniones se habrían dado en la capital federal.

DERECHOS DE LOS BONISTAS

Aunque Swain denegó el remedio temporal al Ad Hoc-AEE, señaló que “ningún cambio perma- nente en los derechos de los bonistas de la AEE puede imponerse en ausencia de un plan confirmado o un acuerdo voluntario entre las partes”.

En ese sentido, la jueza subrayó que a pesar de que la AEE goza de un estatus “protegido” bajo PROMESA, la agencia también tiene “la responsabi­lidad de proponer un plan de ajuste de deudas que pueda ser confirmado” por el tribunal.

“Continuamo­s creyendo que el nombramien­to de un síndico apolítico para la AEE, que pueda implementa­r las reformas que tanto se necesitan y que busque los ajustes apropiados de la tarifa eléctrica ante la Comisión de Energía de Puerto Rico, responde a los mejores intereses de los abonados y los bonistas. Estamos confiados en los méritos de nuestra moción y apelaremos”, indicó el Ad Hoc-AEE.

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Por casi tres años, los bonistas y asegurador­es intentaron llegar a un acuerdo voluntario con la AEE.

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