Suplidores de energía podrían perder sus contratos
●●●La AEE también evalúa cancelar o modificar contratos de compra de combustible
Q Los reclamos de sectores cívicos, sindicales y empresariales que veían como solución a la crisis un recorte en lo que se adeuda a los bonistas y bancos comerciales que le prestaron dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ahora podrían recibir la misma medicina, luego de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) solicitara a la corte autorización para modificar o cancelar contratos en la principal utilidad pública de Puerto Rico.
Específicamente y en una moción de unas 12 páginas, las abogadas Nathan A. Hayes y Katiuska Bolaños-Lugo, de los estudios legales Greenburg Traurig y Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, respectivamente, pidieron a la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, autorización para que la AEE cancele los contratos de compra de energía (Power Purchase and Operation Agreements o PPOA, en inglés) o combustible de todas aquellas entidades que ya no sean “necesarios” para la AEE o cuyas tarifas se encuentren a niveles por encima de mercado e impidan ejecutar el curso de los negocios o el plan de la utilidad pública.
Según la moción, en la mira de la AEE para modificar o cancelar contratos, figuran unos 60 contratos de compra de energía renovable. Asimismo, la moción de la AEE indica que la corporación pública evalúa y ha decidido cancelar o modificar contratos vinculados con la compra de combustible u otras materias primas.
La intención de la AEE para cancelar o modificar los contratos de energía renovable a la fecha, podría significar un golpe a decenas de empresas que, en esencia, se crearon para vender electricidad o suministrar combustible a la corporación pública. Entre estas, EcoEléctrica, AES y Energy Answers (todavía en ciernes) pero también el recién inaugurado parque solar Oriana en Isabela, aquellos de Windmar Energy, al igual que Sonnedix y Horizon Energy en Salinas o la finca eólica Gestamp Wind en Naguabo.
En tanto, en la línea de cancelación o modificación también podrían estar los contratos de suplidores de compra de combustible, como FreePoint Commodities, Puma Energy y Shell, entre otras.
Los contratos de compra de energía renovable suscritos por la AEE han sido objeto de controversia bajo varias administraciones de gobierno, pues se alega que su costo básico a la AEE impediría una tarifa asequible. En algunos de los contratos, se pactó que la AEE compraría la producción del ente privado generador de energía renovable entre 15 y 17 centavos el kilovatio hora (kvh). Pero a medida que pasan los años de dichos contratos, el costo del kvh para la corporación pública aumenta, llegando a rondar 22 centavos por kvh, lo que les haría inviables en el plan fiscal de la utilidad. En junio pasado, al certificar el plan fiscal de la AEE, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) determinó que hacia el 2023, los abonados de la AEE deben pagar en promedio 21 centavos kvh en su factura de electricidad.
Según la Contraloría de Puerto Rico, los contratos vigentes relacionados con compra de energía renovable y combustibles en la AEE, algunos con fechas de vencimiento en 20 años, rondan $10,541 millones. No todos los contratos registrados en esa dependencia tienen cuantías asignadas y algunos, aunque la minoría, podrían estar repetidos.
El pedido de la AEE a Swain tiene como telón de fondo el proceso de ajuste de deudas que la JSF solicitó para la corporación pública.
Según Hayes y Bolaños-Lugo, si la corte aprueba el procedimiento para cancelar contratos en la AEE que aparece sugerido en la moción, ello eliminaría gastos legales “sustanciales” y evitaría que la corte tenga que celebrar audiencias separadas para atender los reclamos que puedan hacer las partes afectadas.
En esencia, el procedimiento sugerido por la AEE a Swain establece que la utilidad pública notificaría a la empresa la cancelación o modificación de su contrato y esta tendría unos siete días para objetar en corte la movida de la AEE. Si la controversia entre las partes no se aclara, el asunto se discutiría en las audiencias generales que realice la jueza. Si una parte entiende que la cancelación o modificación de su contrato resulta en daños, tendrá hasta el 15 de febrero de 2018 para presentar su causa o 35 días luego de que la corte avale la cancelación del contrato.
De acuerdo con el expediente de Título III de la AEE, la AAFAF espera argumentar la moción de cancelación de contratos en la audiencia del próximo 4 de octubre.