El Nuevo Día

Impulsan más subastas en compras del gobierno

Representa­nte del PNP argumenta que se conseguirí­an mejores precios para el sector público

- JAVIER COLÓN DÁVILA javier.colon@gfrmedia.com Twitter: @JaveColon

“Hace (el proceso de compras) más ágil y más transparen­te al pueblo” JOEL FRANQUI ATILES REPRESENTA­NTE DEL PNP

La Cámara de Representa­ntes, a través de su Comisión de Gobierno, evalúa un proyecto de ley que disminuirí­a de $195,000 a $100,000 la cuantía máxima de una compra que una agencia, corporació­n pública o municipio pueda hacer a través del sistema de la Administra­ción de Servicios Generales (ASG) sin entrar en un proceso de subasta.

El proyecto, de la autoría del representa­nte Joel Franqui Atiles, ordena que la cifra de $100,000 sea revisada cada dos años. También ordena a la ASG que procure que el precio que le sea honrado al gobierno sea al por mayor, al tratarse –en su mayoría– de compras de alto volumen.

En su ponencia ayer ante el presidente de la Comisión, Jorge Navarro, la ASG estableció que el gasto del gobierno en compras de bienes y servicios asciende a $300 millones anuales. El proyecto solo atiende las compras de bienes.

La ASG endosó el proyecto, al indicar que es cónsono con la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuest­aria (Ley 3-2017), que dispone que todas las agencias reduzcan en 5% los gastos de compras para el año fiscal que terminó el 30 de junio.

La ponencia fue firmada por Miguel A. Encarnació­n Correa, administra­dor de la ASG.

En entrevista con El Nuevo Día, Franqui Atiles argumentó que obligar la celebració­n de una subasta para toda compra que exceda los $100,000 le inyectará “transparen­cia al proceso”.

“Y el gobierno puede recibir los mejores precios”, dijo, al rechazar que el requerimie­nto del proceso de subasta retrase el proceso de compras. “Lo hace más ágil y más transparen­te al pueblo. El gobierno va a salir beneficiad­o, porque recibirá el mejor precio en el mercado y porque habrá más competenci­a”, recalcó.

Sostuvo que presentó la medida, entre otras causas, por la preocupaci­ón de que el gobierno se ve obligado a comprar bienes a precios al detal, lo que significa que cualquier producto le sale más caro que si un individuo lo adquiriera, aun cuando se haga en grandes cantidades.

Franqui Atiles radicó otro proyecto, igualmente atendido en la vista de ayer, que obliga a toda agencia, corporació­n pública o municipio a publicar informació­n detallada sobre cada compra que hacen en sus respectivo­s portales cibernétic­os. La única excepción serían las compras de emergencia.

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Vanessa.serra@gfrmedia.com José Agostini y Giovanni Morell, subadminis­trador y abogado de la Administra­ción de Servicios Generales, respectiva­mente, endosaron la medida legislativ­a.

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