Río revuelto

Benjamín Torres Gotay Las cosas por su nombre

En horas de la mañana del viernes, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, emitió un lacónico comunicado de prensa en el que anunciaba lo que ya parece una rutina en estos aciagos tiempos post-María: manejar un problema de opinión pública dándole reversa a un plan sin que nadie pague consecuencias ni se haga responsable del error.

Esta vez, el anuncio era la cancelación del contrato que tenía una empresa conocida como CSA para inspeccionar el estado en que quedaron las escuelas públicas tras el paso del huracán. Hasta ese momento, poca gente había oído hablar de CSA, a pesar de que tenía la muy importante tarea de certificar que cientos de escuelas cerradas tras el huracán están aptas para volver a recibir alumnos.

Todo lo que tiene ver con ese contrato está (esto es rutina, también) sumido en una densa nube de opacidad. La secretaria de Educación, Julia Keleher, objeto a diario de acalorados reclamos de comunidades ansiosas de que reabran sus escuelas, mostraba ella misma impaciencia con el paso de jicotea de las inspecciones, pero decía no saber ni quién había firmado el contrato ni por cuál monto.

Todo lo que sabía la secretaria, según se ha visto, era que para reabrir las escuelas tenía que esperar por alguien que, al parecer, tenía otras prioridades. Casi nadie parecía saber detalles del contrato, que no está todavía disponible para examen en los registros de la Oficina del Contralor.

Se supo, como una revelación marginal en medio de la controversia, que había sido otorgado por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), una dependencia del gobierno que ha estado virtualmente ausente durante el peor desastre que ha vivido la isla en generaciones.

El director de esta agencia, un tal Abner Gómez, fue extrañamente “enviado de vacaciones” en medio de la emergencia, supuestamente porque estaba, como está todo el país, “exhausto”. Los niños de kínder de las pocas escuelas públicas abiertas quizás, solo quizás, puedan creer que al individuo de verdad lo mandaron para su casa porque estaba “exhausto”.

El tema de CSA se parece mucho a lo que pasó con Whitefish, aunque, hasta ahora, en una escala menor.

Se da un contrato en circunstancias que nadie ha explicado con claridad, a una compañía que no tenía la capacidad para la tarea. Se forma el bembé. Queda Puerto Rico en ridículo. Se cancela. A nadie se le responsabiliza por el fiasco. Seguimos todos cantando a coro “Puerto Rico se levanta”.

Cuando el huracán María le arrancó la piel a Puerto Rico el pasado 20 de septiembre quedamos enfrentados, como mirándonos en un espejo deformado, con las más duras realidades de nuestra vida colectiva. La pobreza que nos ahoga, el abandono en que están vastos sectores de nuestra población, el aislamiento de muchas comunidades, la fragilidad de nuestra infraestructura en todos los órdenes, las consecuencias de la manera desordenada en que hemos lidiado por años con nuestro medio ambiente.

Quedó expuesta también, como mirada a contraluz, la pavorosa debilidad de nuestro marco institucional. Le vimos el esqueleto y todas las vértebras a un estado débil, atónito, manejado por gente tratando de aprender en el camino.

Por varios días después del huracán, aquí no hubo gobierno. A más de 40 días del golpe, sigue a medias. No es solo que no hay luz, con todo lo grave que eso es. Hay mucho más.

Cerca del 90% de las escuelas no han vuelto a abrir. Abundan historias de horror sobre cuánta gente realmente murió como consecuencia directa o indirecta del huracán. Abundan los casos de leptospirosis y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, se desaparece por días. Los tribunales no reanudaron sus trabajos hasta los otros días y todavía funcionan a medias. Al amparo de la oscuridad, se disparan las matanzas y a la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, no se le ve por ningún lado.

Es verdad que nos sacudió la mayor tragedia natural en décadas. El país lo comprendió y lo asumió.

Pero habiendo pasado más de un mes, empieza a notarse el reclamo de un progreso menos lento y de acciones menos opacas. Los temas de la luz y las escuelas públicas, que son los más visibles porque impactan a casi la totalidad de la población, dejaron expuesto un manejo fundamentalmente errático de la crisis. Se arrancó, a un costo de millones de dólares, con contratos que hubo que cancelar y ahora, tantas semanas después, estamos, como decía “Don Cholito”, en modo de “encabuya y vuelve y tira”.

El gobierno culpa a las agencias federales y las agencias federales responden “pa’ acá no mires”. A semanas del huracán, el gobernador Ricardo Rosselló propuso una superestructura (otra estructura más) para manejar todo lo relacionado a la emergencia y la propuesta fue enterrada en el Senado en unos tres minutos, por inconstitucional y poco pensada.

Existe la sensación de que nadie está en control o, peor, de que no sabemos quién está en control. Existe la sensación de que hay río revuelto y de que en ese río revuelto hay gente muy pesada, de aquí y de afuera, pescando. Nos está costando esto demasiado.

El contrato de Whitefish nos costó toneladas de credibilidad en Washington. Por el ridículo que hizo el gobierno con ese trato, y por el que no se le ha adjudicado responsabilidad a nadie, como si el contrato se hubiera firmado solo, ya hay una propuesta para ponerle un tutor a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y para que sea la Junta de Supervisión Fiscal la que maneje el dinero que se asigne para la reconstrucción.

Muchos de los que antes hablaban de solidaridad, de caridad, de ayuda al necesitado, hablan ahora de pesquisas, de controles, de sospechas. Un congresista dijo, por ejemplo, que el contrato de Whitefish “huele a rata”.

Desde el huracán hacia acá, el gobierno central y los municipios han otorgado cerca de 2,000 contratos. Quién sabe con cuántas ratas más nos encontraremos en el camino.

“Por varios días después del huracán, aquí no hubo gobierno. A más de 40 días del golpe, sigue a medias”