Graves sombras sobre la institución presidencial
Con la detención del exdirector de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, y la aceptación de culpabilidad del exasesor de política externa del mandatario, George Papadopoulos, la investigación del posible vínculo de la campaña de Trump con Rusia cobra fu
La inmediata reacción del presidente en las redes sociales es decepcionante. En un tono airado y desafiante se refirió con desdén a la investigación que busca esclarecer si su equipo electoral y el gobierno de Vladimir Putin se combinaron para influenciar las pasadas elecciones presidenciales.
No solo minimizó la labor que conduce el fiscal especial Robert Mueller al amparo del sistema de justicia que a Trump, como primer ejecutivo le toca defender y hacer respetar, sino que exigió que se desvíe la pesquisa hacia su excontendiente demócrata Hillary Clinton, la que hasta ahora se perfila como la víctima de la llamada trama rusa.
Independientemente del resultado final de las acusaciones, la investigación ya debería constituir una lección de vida para los líderes políticos. Las prácticas que sacuden las bases democráticas del sistema no pueden quedar impunes.
Cierto es que las prácticas agresivas de campaña están sujetas a límites. Las impone la legislación de materia electoral y de recaudación de fondos para proteger el sistema democrático tan atesorado en Estados Unidos. Pero es en la ejecución, en las decisiones de día a día que marcan el rumbo y el tono de la campaña, donde se prueba el calibre del líder y lo que irradia sobre sus equipos. Ese líder debe estar a la altura del país que aspira a dirigir. Y respetar sus valores, la democracia y la seguridad nacional entre los principales.
Los cargos emitidos por un Gran Jurado, mientras tanto, son los primeros que arroja la pesquisa de Mueller, la cual también mira hacia la Casa Blanca. El experimentado fiscal investiga si Trump incurrió en el delito de obstrucción a la justicia al despedir en junio al entonces director del Negociado Federal de Investigaciones, James Comey. Este, a su vez, pesquisaba alegados contactos ilegales del exasesor en seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, con oficiales rusos de alto nivel.
Rusia, país con el que Estados Unidos ha tenido una relación de altibajos, es el eje de la controversia sobre si una potencia extranjera, en colusión con un candidato o su cercano entorno, burló el sistema electoral norteamericano y, con ello, se abrieron brechas en la seguridad nacional americana.
Por lo pronto, Manafort y su socio Rick Gates tendrán que responder por una decena de delitos graves, que incluyen conspiración contra el gobierno estadounidense, lavado de dinero, ofrecer falso testimonio, fungir como agentes no registrados de una autoridad extranjera y no presentar informes de bancos extranjeros ni de sus cuentas financieras.
Las acciones por las que fueron acusados no están directamente relacionadas con la labor de Manafort como asesor de Trump. Como señala el mandatario, los hechos son previos a su labor como director de campaña.
Pero no hay duda de que colocan a una pieza clave del equipo electoral de Trump en la posible comisión de delitos que emanan de la relación con un político ucraniano allegado a Putin.
La confesión de Papadopoulos, no obstante, constituye la primera evidencia tangible en la investigación para determinar si los rusos tuvieron nexos con la campaña de Trump. Alimentan las sospechas de un posible contubernio para hacerle daño a Clinton y llevarla a la derrota electoral.
En su declaración de culpabilidad, el exasesor describe sus esfuerzos para obtener información negativa sobre Clinton de parte de las autoridades rusas, las que le ofrecieron miles de correos electrónicos. Asimismo, da cuenta de que los responsables de la campaña de Trump conocían de la intervención de la cuenta de correo electrónico del Partido Demócrata.
De ahí a probarse que hubo colusión entre Trump y Rusia va un trecho que es el foco de la investigación que continúa.