Asesinato hondureño queda impune.
CIUDAD DE MÉXICO — Fue justo antes de la medianoche cuando dos hombres abrieron a patadas la puerta de la casa de Berta Cáceres en el poblado montañoso de La Esperanza, en Honduras. Uno de ellos abrió la puerta de su recámara y disparó seis tiros. Cáceres murió momentos después.
En un país donde la lucha por proteger los derechos de la tierra provoca represalias violentas, el homicidio de otra activista en marzo del 2016 podría simplemente haberse desvanecido en un sombrío conteo de pérdidas lamentables.
Sin embargo, Cáceres, de 44 años, había ganado elogios internacionales por liderar a su comunidad lenca contra una presa planeada en sus tierras. Su prominencia convirtió la investigación en un desafío a la impunidad de los poderosos en Honduras.
Ahora, más de 20 meses después, cinco abogados internacionales han dicho que la gente que ordenó el asesinato podría jamás enfrentar la justicia.
La evidencia, dijeron los abogados, señala a un complot contra Cáceres que llegó hasta los altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos, conocida como Desa, la compañía hondureña que tiene la concesión para la presa.
“Las pruebas existentes son concluyentes con respecto a la participación de varios agentes del Estado, ejecutivos de alto nivel y empleados de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, escribieron los abogados.
Desa ha negado cualquier participación en la muerte de Cáceres o algún vínculo con “actos de violencia e intimidación”.
Ocho sospechosos están detenidos, entre ellos Sergio Rodríguez Orellana, gerente de asuntos sociales y medio ambiente para la compañía, y Douglas Geovanny Bustillo, un teniente jubilado del Ejército hondureño que encabezaba la unidad de seguridad de Desa a mediados del 2015.
“Lo que el ministerio público no ha hecho aún es presentar cargos formales contra la gente que contrató a Bustillo para planear la operación”, dijo Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los abogados que revisó el caso para la familia de Cáceres.
El grupo de Urbina examinó alrededor de 40,000 páginas de mensajes de texto, que fueron recuperados por investigadores del gobierno hondureño de tres teléfonos celulares, uno de ellos incautado en las oficinas de Desa y dos utilizados por Rodríguez y Bustillo.
Los mensajes muestran que los dos hombres mantuvieron contacto frecuente con tres ejecutivos de Desa mientras monitoreaban los movimientos de Cáceres, quien era miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, o Copinh.
Los abogados dijeron que las conversaciones revelan que las órdenes para amenazar a Copinh y sabotear sus protestas provenían de ejecutivos de Desa que controlaban fuerzas de seguridad en la zona, al emitir instrucciones y pagar comidas, alojamiento y equipo de radio de unidades de la Policía.
“Había una estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la compañía, agentes del Estado y grupos delictivos que utilizaron violencia, amenazas e intimidación”, dijo Roxanna Altholz, una de las abogadas.
Desa obtuvo una concesión para construir una presa en el río Gualcarque en el 2009. Por ley, se exigía a la compañía realizar una consulta con la comunidad lenca, pero Copinh se opuso al proyecto desde el principio, al argumentar que la presa pondría en peligro los recursos hídricos y el sustento de la comunidad.
Después del asesinato, Rodríguez reenvió detalles del reporte de la escena del crimen que la Policía le había proporcionado a uno de los ejecutivos de la compañía.
“Sergio, relájate”, escribió otro ejecutivo a través de WhatsApp, algunos días después. “Todo saldrá bien, ya verás. No entres en pánico y pásale eso a otras personas”.
Para la hija de Cáceres, el contenido de los mensajes únicamente refuerza la percepción de que los ejecutivos de Desa se sentían intocables. “Estaban tan seguros de la impunidad que hablaban abiertamente”, dijo Bertha Zúñiga.