Paul Ryan examinará mejoras para la isla en la reforma fiscal aprobada
El líder cameral buscará mejorar la medida respecto a Puerto Rico
WASHINGTON.- Poco después de aprobarse en la Cámara baja un proyecto de reforma contributiva federal –que crea desasosiego en las autoridades y los sectores industriales de Puerto Rico– el speaker Paul Ryan afirmó ayer que examinará enmiendas a la medida referentes a la isla cuando el debate llegue a una conferencia con el Senado.
“Nuestra intención es hacer mejoras a nuestra legislación en materia de reforma tributaria, en lo que se refiere a Puerto Rico, cuando vayamos a conferencia”, indicó ayer Ryan, en una declaración conjunta que suscribió con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. No hubo detalles. En la declaración, el speaker Ryan afirmó que reconoce que “Puerto Rico todavía está trabajando para reconstruir después del daño ocasionado por los huracanes Irma y María”.
En ese sentido, Ryan y González expusieron en la declaración conjunta que una de las formas de asistir a Puerto Rico es “a través de incentivos fiscales adicionales para que nuestros conciudadanos estadounidenses en Puerto Rico puedan tener todos los recursos posibles para reconstruir sus vidas y su economía”.
Sin cambios sobre la isla, el gobierno y el sector industrial de Puerto Rico temen que el proyecto aprobado ayer en el pleno de la Cámara baja, en votación de 227 a 205, ponga en jaque la capacidad de la isla de atraer y retener empresas manufactureras.
Mientras, propone reducir de 35% a 20% la tasa tributaria de las corporaciones en los estados, la medida impone un arbitrio de 20% en las ventas de los productos manufacturados por las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), incluidas las de Puerto Rico, cuando son adquiridos por sus matrices en Estados Unidos.
La legislación –que además baja las contribuciones sobre ingresos en EE.UU.– también impondría a las CFC, que son la principal base de la industria manufacturera de Puerto Rico, un impuesto obligatorio de repatriación de ganancias que alcanzaría el 14% y una tasa tributaria mínima global de alrededor de 10%.
El Senado considera un proyecto distinto, que anoche aún se discutía en el Comité de Finanzas. Si se aprueba, requerirá ser armonizado con el de la Cámara baja en un comité de conferencia.
En el caso de Puerto Rico, en vez de un arbitrio sobre las ventas a los productos de las CFC, los republicanos del Senado proponen cobrar a esas empresas un impuesto de 12.5% sobre los activos intangibles, que incluyen la propiedad intelectual, como las patentes, marcas y desarrollo de nueva tecnología.
Además, el impuesto obligatorio de ganancias ya obtenidas ascendería a un máximo de 10%.
El gobernador Ricardo Rosselló, la comisionada, el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) y la Asociación de Industriales tienen consenso en oponerse al arbitrio sobre las ventas de productos manufacturados por las CFC.
Rosselló, la jefatura del PPD y los industriales buscan también excluir a Puerto Rico de los otros nuevos impuestos que se les impondrían a las CFC, por considerar que harán menos atractiva la inversión en la isla frente a los estados y países como Singapur e Irlanda. La comisionada no ha abrazado todas las propuestas del gobernador, y sugiere incentivos
“Nuestra intención es hacer mejoras... en lo que se refiere a Puerto Rico”
PAUL RYAN presidente de la Cámara baja de EE.UU.
por creación de empleos e inversiones de capital.
Ante una reforma predicada en proteger la manufactura y los empleos estadounidenses, el gobernador Rosselló afirmó esta semana en Washington que el Congreso debe tomar en cuenta que “los empleos en Puerto Rico son también empleos de ciudadanos estadounidenses”.
Al reaccionar ayer a la votación, Rosselló sostuvo que también impulsará sus enmiendas para proteger a las CFC en el proceso de conferencias, convencido de que “crea empleos y riquezas en Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, en lugar de eliminarlas, como resultaría con el proyecto aprobado” en la Cámara baja.
Para el gobernador, si el Legislativo federal aprueba los proyectos de reforma contributiva como están, se “laceraría la economía, lo que va contra los propósitos de la ley Promesa, legislada precisamente por ese Congreso”, y se “discriminaría contra los 3.4 millones de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico”.
MUCHA PREOCUPACIÓN
En el sector privado, se teme que como están los proyectos, se reduzca la competitividad de Puerto Rico frente a los estados –donde se reducen las tasas tributarias– y otros países con empresas CFC.
“Esta es una coyuntura bien parecida a lo que se dio con la sección 936. Esto no es que perdemos competitividad, es que nos convertimos en una jurisdicción más cara”, dijo Dennisse Flores, socia de Impuestos para PricewaterhouseCoopers (PwC), a El Nuevo Día.
Héctor Bernier, expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, considera que el lenguaje del proyecto cameral tiene además el efecto de reducir el crédito federal por el arbitrio de 4% que impone el gobierno de Puerto Rico a las CFC y recauda cerca de $1,900 millones.
Para Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca bajo Bill Clinton, la reforma federal debe alentar la inversión en Puerto Rico.
Pero, considera que bajo la legislación federal, Puerto Rico todavía concederá más beneficios tributarios que en otras jurisdicciones y el crédito federal que reciben las CFC de la isla será aún un mejor negocio que la deducción por las tasas que cobran los estados.
“El territorio tiene, relativamente, tasas impositivas muy bajas para las compañías involucradas, a pesar de tasas de impuestos relativamente muy altas para las empresas puertorriqueñas”, sostuvo Farrow, quien es asesor de grupos estadistas.
Los datos oficiales indican que el Producto Interno Bruto de Puerto Rico fue de alrededor de $105,000 millones en 2016. Pero, el Producto Bruto se quedó en $70,100 millones, lo que indica que hay cerca de $34,000 millones que no circulan en la economía de la isla.
Para Farrow, ese es un reflejo de cómo las matrices de las multinacionales adjudican a sus subsidiarias en Puerto Rico productos que son desarrollados en Estados Unidos, pero solo son finalizados en la isla.
“Como con las 936, el problema es el total de dinero que atribuyen a ganancias en Puerto Rico”, dijo Farrow, quien estaba en la Casa Blanca cuando se derogó esa sección del Código de Rentas Internas federal, aún añorada en el sector industrial de la isla.
En su mensaje en el hemiciclo, el speaker Ryan sostuvo que con la legislación “se van a crear más y mejores empleos”, y habrá un crecimiento económico en EE.UU..
Al dar su mensaje, presentó un cartelón con el mapa de EE.UU. con números por estado sobre la creación de empleos. Los territorios, como Puerto Rico, no estaban en el mapa.
En una década, el proyecto cameral de reforma contributiva costaría $1.5 billones (trillions en inglés) al erario estadounidense. “Esto es una estafa contributiva”, dijo la líder demócrata Nancy Pelosi, quien considera que la clase media estadounidense terminará siendo afectada negativamente.