Exfiscal de Venezuela pide “orden de arresto internacional” contra Maduro
Luisa Ortega acusó al gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional
LA HAYA.- La exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz pidió ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI) una “orden de arresto internacional” contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad, como más de 8,000 asesinatos y 17,000 detenciones arbitrarias.
Ortega se reunió durante casi una hora y media con personal de la Fiscalía de la CPI para presentar “más de 1,000 elementos probatorios”, entre ellos “reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas”, según dijo a la prensa en La Haya.
Esas pruebas, recolectadas entre 2015 y 2017, mientras ella era la fiscal general de Venezuela, demostrarían las responsabilidades del Gobierno en crímenes de lesa humanidad, incluidos “asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, comentó Ortega a su salida de la CPI.
La exfiscal dijo que se ha visto “en la necesidad” de acudir a este tribunal porque “en Venezuela no hay justicia”, y mantuvo que en su país “no es posible que se logre sancionar a los responsables de esos crímenes”.
Añadió que ha existido “un ataque sistemático y generalizado contra la población civil” y que “funcionarios policiales y militares” asesinaron a 1,777 personas en 2015, a 4,667 en 2016 “bajo las mismas condiciones” y a 1,846 hasta el mes de junio de 2017.
La exfiscal, que presidió el Ministerio Público de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, incluyó en la denuncia la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), por la cual “fueron asesinadas 505 personas” y cuyos responsables habrían sido “grupos tácticos de combate”, dijo Ortega.
Todos esos crímenes se habrían cometido “bajo las órdenes del Ejecutivo” y amparados “en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social”, indicó Ortega, que en su breve intervención ante los medios utilizó dos veces el término “razia” para describir los supuestos delitos cometidos.
Añadió que “la militarización de la seguridad ciudadana” tuvo como consecuencia que se permitiera “el uso de las armas de fuego en las manifestaciones, lo que también trajo como consecuencia muertes y represión hacia el pueblo de Venezuela”.
Además de implicar a Maduro, la exfiscal presentó denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.
“Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad”, dijo Ortega, así como “por el hambre, las miserias” y “las penurias a las que está sometido el pueblo”.
Ortega, que compareció flanqueada por su equipo legal en una declaración sin preguntas, se dirigió directamente a la ciudadanía venezolana, a la que le pidió “paciencia y esperanza” porque, según dijo, sus denuncias van a ser “exitosas”. Son ya varias las comunicaciones que el tribunal de La Haya ha recibido sobre Venezuela, país que de momento no figura en la lista de “exámenes preliminares” de su Fiscalía.
Sin embargo, los informes y expedientes entregados ayer podrían tener un mayor efecto porque no se basan sólo en testimonios de víctimas, sino también en informes técnicos que configuró el Ministerio Público de Venezuela.
Las pruebas presentadas estuvieron en manos del sistema de Justicia venezolano, pero no se utilizaron posteriormente porque el Ejecutivo hizo todo lo posible para detener las investigaciones, explicaron a Efe fuentes del equipo legal de Ortega.
Tras su paso por la sede de la CPI, Ortega mantuvo una reunión extraordinaria con una comisión de política exterior del Parlamento holandés, a la que asistieron diputados tanto de partidos conservadores como progresistas, informaron las mismas fuentes.
OPOSICIÓN RETOMARÁ DIÁLOGO
En Caracas, la oposición venezolana anunció ayer que la primera semana de diciembre retomará formalmente el proceso de negociación política con el gobierno de Nicolás Maduro, un “paso importante a favor del rescate de la democracia” que ha sido posible gracias a la incorporación al diálogo de garantes internacionales.
En un comunicado, la alianza de
“Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad” LUISA ORTEGA EXFISCAL GENERAL DE VENEZUELA
partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebra que el oficialismo “finalmente haya aceptado participar en un proceso de negociación formal con la participación y garantía de la comunidad internacional, específicamente con los cancilleres de México, Chile y Paraguay”.
La presencia de estos tres países fue exigida por la oposición para reanudar las conversaciones tras haber fracasado desde el año pasado varios intentos de acercamiento.
En estos contactos estuvo implicado como mediador el expresidente del Gobierno español José
Luis Rodríguez Zapatero, quien fue recibido ayer en Caracas por Maduro y que volverá a tener un papel protagonista en esta nueva ronda de diálogo.
La reanudación formal del diálogo político venezolano será el 1 de diciembre en República Dominicana y estará precedida de un trabajo preparatorio de coordinación que empezó ayer en Santo Domingo, donde emisarios de las dos partes revisaron “aspectos metodológicos y técnicos” de la cita del mes que viene.
“La delegación (de) representación oficial de la MUD –integrada por el diputado Luis Florido y el presidente del Parlamento, Julio
Borges– sólo concurrirá al inicio con acompañamiento internacional pautado para el 1 y 2 de diciembre”, remarca el comunicado del bloque opositor.
El oficialismo venezolano llevará a la mesa formal de diálogo como supervisores a los cancilleres de Nicaragua y Bolivia. El proceso se desarrollará en presencia del canciller de República Dominicana,
Miguel Vargas, en representación del país anfitrión.
La oposición venezolana ha decidido retomar el proceso de conversaciones con el Gobierno con el objetivo de lograr “elecciones presidenciales (previstas para 2018) libres y transparentes, con observación internacional calificada, con un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial”.
En el comunicado de ayer la oposición se compromete a redoblar el “esfuerzo actual de consulta” sobre esa negociación, especialmente con las formaciones opositoras que han criticado la falta de transparencia y la ingenuidad con que la MUD habría negociado hasta ahora con el Gobierno.
Por ello, la MUD aseguró que incluirá en estas consultas “a quienes han manifestado su desacuerdo con este proceso, para lograr que la delegación que asista a dicho encuentro pueda representar y defender de la mejor manera las aspiraciones e intereses de la mayoría de nuestro pueblo y sectores democráticos”.