Rosselló: “Nos pone en desventaja”
El gobernador exige para Puerto Rico el mismo trato que se les da a los estados
Si a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) ubicadas en Puerto Rico no se les exime de nuevos impuestos contemplados en la reforma contributiva federal, en dos años la mitad de estas empresas se irían del país y eventualmente todas harían lo mismo, estimó ayer el gobernador Ricardo Rosselló.
Esa salida representaría la pérdida de aproximadamente $1,300 millones en recaudos y 121,500 empleos menos, precisó el gobernador.
“Significa que Puerto Rico estaría siendo tratado como un país foráneo y no como parte de Estados Unidos”, aseveró en entrevista con El Nuevo Día en La Fortaleza.
“Nos pone en una posición de desventaja competitiva relativo a otros países. El Congreso aprobó una ley que se llama Promesa y siempre hablamos de la parte de la Junta de Supervisión Fiscal, pero la parte más importante es darle los instrumentos a Puerto Rico para desarrollar la economía. Cómo entonces el Congreso va a aprobar una ley que va en la dirección opuesta, que es impactar el desarrollo económico de Puerto Rico”, dijo cuestionado sobre por qué deben ser equitativos con la isla, a pesar de no ser un estado.
La Cámara de Representantes federal aprobó ayer la reforma contributiva que impone un arbitrio de 20% en las ventas de los productos manufacturados por las CFC, incluidas las de Puerto Rico. También, les impondría un impuesto obligatorio de repatriación de ganancias de 14% y una tasa tributaria mínima global de alrededor de 10%.
“Son medidas que no se les ponen a los estados. Por lo tanto, estamos pidiendo exención de las mismas, al igual que la tienen los otros estados. No es un trato especial”, destacó el gobernador.
Puerto Rico recibe aproximadamente $2,600 millones de las CFC. Si se exime a la isla de nuevos impuestos a esas empresas “le da competitividad sobre otras jurisdicciones foráneas. Es decir, podemos atraer más capital”, dijo Rosselló. Bajo ese escenario, agregó, la isla pudiese aumentar esos recaudos en un 10% para alcanzar los cerca de $2,800 millones. “Y estaríamos hablando de 50,000 empleos adicionales para Puerto Rico”, apuntó.
Por eso, dijo que combatirá la medida en el Senado federal previendo que no habrá consenso con lo aprobado en la Cámara.
“Si uno asume que estas corporaciones van a actuar racionalmente, todas se van de Puerto Rico eventualmente si tenemos esa desventaja competitiva” RICARDO ROSSELLÓ GOBERNADOR