Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitará autorización a EE.UU. para estudiar la pobreza en la isla
La organización pedirá viajar a la isla para examinar las condiciones de pobreza
WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitará al gobierno de Estados Unidos autorización para organizar una misión que examine sobre el terreno la situación de pobreza y de derechos humanos en Puerto Rico.
“La petición va a ir al Departamento de Estado de EE.UU antes de que termine 2017”, indicó a El Nuevo Día la comisionada Margarette May Macaulay, quien presidió una audiencia ayer sobre la isla.
En la sesión, una coalición de grupos cívicos y académicos de Puerto Rico denunció un alarmante incremento de la pobreza, que mantiene a muchas personas “en condiciones infrahumanas” y exhortó a la CIDH a examinar en persona la crisis de la isla.
“Esto no fue un desastre natural. Puerto Rico venía viviendo bajo niveles terribles de pobreza y encima nos han impuesto una junta de control fiscal que exige mayores medias de austeridad en un pueblo que está sufriendo de hambre. El huracán Irma y el huracán María lo que hicieron fue agravar nuestra situación”, indicó Annette Martínez Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana.
Martínez Orabana, con emoción e intensidad, sostuvo que el problema fundamental de la isla es de “discriminación colonial”.
Cinco comisionados escucharon a los representantes de cerca de 25 organizaciones y comunidades, como parte del Período de Sesiones 166 de la CIDH, dedicada a examinar la situación de pobreza en Puerto Rico teniendo en cuenta la catástrofe causada por María.
Mostraron un vídeo sobre los estragos causados por el huracán, que mantiene a por lo menos cerca de la mitad de la población sin energía eléctrica y a miles sin acceso a agua potable.
La sesión de ayer fue la segunda audiencia de la CIDH –adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA)– en dos años sobre la situación de derechos humanos de Puerto Rico.
Al concluir la de 2015, la CIDH también expresó interés en ir a la isla, pero el viaje nunca se concretó. May Macaulay sostuvo que esta vez se hará. “La idea es que sea una visita oficial, con todos los comisionados”, indicó la comisionada, quien abogó por que se perdone por lo menos una parte de la deuda pública de Puerto Rico.
El representante alterno de Estados Unidos ante la OEA, Kevin
Sullivan, sostuvo que si les llega una petición oficial de la CIDH, “les daremos una respuesta”. “Esas visitas son comunes”, dijo.
Pero, ciertamente, no en el caso de Puerto Rico.
“CONDICIONES INFRAHUMANAS”
En la sesión de ayer, los grupos de la isla tuvieron como principales ponentes a representantes de Vieques, Peñuelas y Loíza, que hablaron de la crisis socioeconómica de sus comunidades, en términos ambientales, de transportación y vivienda, entre otros asuntos.
En Loíza, “hay gente viviendo en condiciones infrahumanas”, indicó Modesta Irizarry Ortiz. Bethsaida Bosa Matos, enfermera graduada, habló a nombre de las comunidades de Tallaboa, en Peñuelas, donde residentes luchan en contra del depósito de cenizas de carbón de la empresa AES.
“Por más de 50 años, nuestras comunidades han sido víctimas de diversas fuentes de contaminación. Ahora, para colmo, nos contaminan con sobre 20,000 toneladas de cenizas tóxicas de carbón provenientes de una compañía energética privada”, indicó Bosa Matos.
La representante de las comunidades de Peñuelas relató cómo, durante los huracanes, la AES no cubrió las cenizas en su planta, a pesar de los reclamos del gobierno. “La preocupación de los residentes es que estas cenizas no solo se dispersan por el aire, sino que las escorrentías alcancen los acuíferos y contaminen las fuentes de agua potable”, dijo Bosa Matos. Khiana Shalis Figueroa Guadalupe testificó a nombre de los viequenses, que por seis décadas tuvieron que enfrentarse a las consecuencias para la salud de los entrenamientos militares estadounidenses.
“A 75 días del huracán, no hay energía eléctrica en ninguna parte de Vieques, las playas están contaminadas con aguas negras, los escombros han sido depositados en vertederos clandestinos y el único hospital de la isla está cerrado”, dijo Figueroa Guadalupe.
Además, destacó los problemas de transportación marítima a que se enfrentan. Puso como ejemplo el caso de su abuelo, paciente de cáncer, que se ha perdido “cuatro sesiones de quimioterapias por falta de comunicación y transporte marítimo y su cáncer ha metastizado”.
La argumentación sobre los testimonios de las comunidades de Puerto Rico la dio el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador Sullivan, quien centró su presentación en la respuesta federal a los huracanes Irma y María. El embajador dijo que ha habido progresos en la restauración de la red eléctrica, aunque el gobierno de Puerto Rico no ha podido precisar el porcentaje de la población que tiene servicio de electricidad.
Defendió además al gobierno federal de lo que considera una difícil logística, debido a las condiciones “geográficas” de Puerto Rico. El miércoles, el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, le envió una carta en la que sostiene que ha habido un “significativo progreso” en la recuperación de la isla, sostuvo Sullivan.
Martínez Orabona censuró que el gobierno de Puerto Rico no se presentara a la audiencia. “Es una vergüenza”, subrayó la profesora boricua y experta en temas de derechos humanos.
“Es una vergüenza que el gobierno de Puerto Rico no hubiera enviado representación” ANNETTE MARTÍNEZ ORABONA PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA “Hay gente viviendo en condiciones infrahumanas” MODESTA IRIZARRY ORTIZ REPRESENTANTE DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LOÍZA