Un paso crucial para el consenso contributivo
El esfuerzo del liderato gubernamental de Puerto Rico por delinear una contrapropuesta de consenso que haga frente a las severas imposiciones tributarias que afectarían la base industrial de la isla es un gran paso de avance y de esperanza en la lucha por
No hay duda de que un elemento crucial en la defensa de los intereses de la isla en las deliberaciones sobre la reforma contributiva federal será el consenso y la unidad de propósito que emane de los puertorriqueños. El esfuerzo por lograr en la capital federal un trato favorable a nuestras oportunidades de recuperación y de crecimiento ha estado exento de esta poderosa herramienta de cabildeo. La consolidación de las propuestas, enfoques y estrategias bajo un mismo lenguaje daría mayor fuerza a los reclamos y la posibilidad de que sean considerados en el comité de conferencia de la Cámara y el Senado de Estados Unidos.
La amalgama de nuevos impuestos que aplicarían a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, por sus siglas en inglés) pondría en jaque sobre 200,000 empleos, directos e indirectos, y las finanzas del gobierno central y de los municipios.
Algunos de los posibles acuerdos que barajan el gobernador Ricardo Rosselló y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se basan en combinar nuevos incentivos para las empresas domésticas con un trato preferente para las foráneas con base en la isla. Potenciar las zonas empresariales y un período de transición en lo que las empresas foráneas se convierten en domésticas estadounidenses también forman parte de las discusiones de alto nivel, complejas e importantes para nuestro futuro colectivo.
Llegar al ansiado frente común dará a Puerto Rico el poder de convencimiento para prevalecer en la capital estadounidense. La isla no estará sola buscando atención del comité encargado de armonizar las dos versiones del complicado proyecto de reestructuración del sistema tributario federal. Habrá cientos de cabilderos y representantes del sector privado y los estados defendiendo intereses que van desde la vivienda pública hasta la energía renovable y las contribuciones de individuos. La aprobación del “Tax Cuts and Jobs Act”, constituiría, además, el primer gran logro legislativo del presidente Donald Trump, por su encarnación de la filosofía de gobierno de los republicanos.
Sin embargo, no es tarde para obtener cambios en el texto final del proyecto, para hacerlo más acorde con la situación post huracán de Puerto Rico.
Este domingo hay una oportunidad dorada. Está en el encuentro entre el gobernador Rosselló, la comisionada González y un grupo de alcaldes y legisladores de la mayoría parlamentaria. Promovido por los presidentes de la Cámara y del Senado, el cónclave busca la conciliación de visiones, argumentos y acercamientos en uno solo para ir juntos a Washington con la fuerza que da la unidad.
De lograrse un consenso positivo, como espera y necesita Puerto Rico, se facilitaría la integración al esfuerzo de los aliados en la diáspora, enorme y dispersa, pero siempre fiel al llamado de sus raíces. Sus voces son vitales para sensibilizar a sus representantes políticos en el Congreso a favor de la isla.
Ya algunos legisladores demócratas han hecho propuestas, como bajar la tasa contributiva que afectaría a la industria manufacturera del país.
Pero el camino obliga a llegar a la mayoría republicana, impulsadora de la reforma y el objetivo del cabildeo más intenso. Hay que hacerle entender que los empleos de Puerto Rico son los empleos que ellos defienden. Y que los términos de la reforma, en ambas versiones, retrasarían la recuperación isleña.
De la racionalidad de los argumentos y la documentación que los sostiene dependerá en gran medida que el comité de conferencia reconozca la situación única de Puerto Rico, que es de sobrevivencia, y la disposición boricua de levantar a la isla.