Legislan cambios en el seno del Supremo
Proyecto reparte poderes de la jueza presidenta entre el pleno del alto foro
En el penúltimo día para aprobar medidas en la presente sesión, el Senado dio paso anoche a un proyecto que coloca en manos del pleno de los jueces del Tribunal Supremo una serie de determinaciones que en la actualidad recaen exclusivamente sobre la jueza presidenta, Maite Oronoz.
Oronoz fue confirmada por la pasada administración popular. Casi todos los jueces en el Supremo han sido confirmados por administraciones penepés.
El Proyecto del Senado 775, de la autoría del presidente Thomas
Rivera Schatz, busca darle participación al pleno del Supremo en el proceso de evaluación de jueces desde que el gobernador hace la nominación.
La pieza reconoce que la jueza presidenta dirigirá la administración del tribunal, tendrá la facultad de designar y asignar los jueces administradores, los jueces de Primera Instancia y los jueces del Tribunal de Apelaciones, pero el pleno del Supremo podrá modificar esas asignaciones, “según surja la necesidad”.
La pieza también le devuelve al Supremo la facultad conocida como la certificación, o sea, la capacidad que tiene el alto foro de tomar control inmediatamente de controversias que se dirimen en tribunales de menor jerarquía.
El portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia, describió el contenido del proyecto como “un ataque a la jueza presidenta”.
“Queremos cambiar la tradición de lo que es el liderato de la jueza presidenta sin vistas públicas, sin traer abogados, sin traer escuelas de derechos… Lo que estamos haciendo es metiéndonos en otras ramas de gobierno por razones político partidistas”, dijo.
Rivera Schatz, por su parte, defendió la medida, al sostener que no le quita poderes a la jueza presidenta. “Tenemos facultad para hacer lo que estamos haciendo”, sostuvo el líder senatorial.
VOTO PRESIDENCIAL
El Senado también dio paso anoche al P. de la C. 851, que crea la ley para “garantizar” el voto presidencial en Puerto Rico. La pieza, del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny”
Méndez, fue aprobada en ese cuerpo el 30 de noviembre.
Viabilizar el voto presidencial en la isla requeriría una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que reserva ese derecho a los residentes de los estados.
El portavoz de la minoría independentista, Juan Dalmau, apuntó a que la medida “no tiene consecuencias jurídicas”. “La Constitución de Estados Unidos dice que los que tienen derecho para votar por el presidente son los compromisarios de los estados. Esto es ponerle una guirnalda al régimen colonial”, indicó.
“Es mucho más fácil obtener la estadidad que una enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Estamos, de nuevo, intentando desviar la atención de los temas importantes que debemos discutir en Puerto Rico”, dijo el senador popular José Nadal Power.
Quien único asumió un turno por la mayoría penepé fue Luis
Daniel Muñiz. La pieza fue extensamente debatida en la Cámara de Representantes la noche que fue aprobada. “Quedarse de brazos cruzados es la consigna del Partido Popular. A todos los que creen en el proceso de descolonización y creen en la autonomía, les invito a que pongan la acción de una vez”, señaló.
AUMENTAN TÉRMINO
De otra parte, el Senado aprobó el P. de la. S 728, de Rivera Schatz, que aumenta a 16 años el término de los jueces de Primera Instancia a ser nombrados, a partir de que el proyecto sea convertido en ley. Actualmente, estos jueces se desempeñan en el cargo por 12 años y pueden ser renominados.
El Senado también dio paso al P. de la. S 766, que ordena a realizar una convocatoria “local, nacional e internacional” para seleccionar al nuevo inspector general, un nombramiento de 10 años.
Bhatia se expresó en contra de la medida, al cuestionar que la discusión se debió haber llevado a vistas públicas. “Esto es un asunto que cambia dramáticamente la carrera judicial. Este proyecto tiene consecuencias serias y pediría y solicitaría que se trajera a este cuerpo personas que testifiquen sobre esto”, dijo.
El informe positivo de la medida, presentado por la Comisión de Gobierno, incluye la postura del Departamento de Justicia, que no se opuso a la medida, y la de la Oficina de la Administración de Tribunales, que cuestionó las razones de la Legislatura para enmendar la ley actual.
Rivera Schatz argumentó que el proyecto abre la puerta a la “despolitización de la Rama Judicial”, al limitar los nombramientos a un solo término.
Otro proyecto aprobado anoche fue en P. de S. 688, que autoriza a jefes de agencia acordar entre ellos el destaque de empleados en momentos en que el gobernador declare un estado de emergencia. El personal movido, según el proyecto, ya sea de carrera o de confianza, mantendrá todos los beneficios y salarios.
ÚLTIMO DÍA
Hoy es el último día de aprobación de medidas en la Legislatura, aunque los cuerpos legislativos, que inician sus sesiones a las 11:00 a.m., tendrán cinco días adicionales para conferenciar (limar asperezas) sobre medidas que requieran afinar enmiendas y para atender nombramientos, como el del designado comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos.
El senador Eric Correa, quien se ha opuesto al nombramiento en el pasado, dijo que podría ser aprobado hoy.
El Senado tiene en agenda hoy atender el proyecto que crea el Código Anticorrupción.