Rosselló defiende su propuesta de exención total
De lo contrario, el gobierno advierte sobre el efecto devastador para Puerto Rico
Para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la postura de Puerto Rico sobre la reforma contributiva federal debe proteger la base económica de la isla más allá de cualquier otra consideración política o ideológica.
Insistió en que las versiones de reforma federal, como están contempladas, implican un rápido declive de la economía estatal vapuleada por la recesión que se vive desde el 2006 y el paso catastrófico del huracán María.
Y aunque en conversaciones directas con los senadores y representantes estadounidenses se reconoce que la reforma contributiva federal debe proveer un trato especial para Puerto Rico, dadas las circunstancias actuales, “algo pasa que no mueve la aguja”.
“Hoy por hoy, Puerto Rico no está incluido. Si Puerto Rico no es incluido, el efecto es devastador para nuestra economía”, dijo Rosselló Nevares, en una entrevista de cara a la reunión de hoy en la que una buena parte del liderato gubernamental discutirá la postura sobre la reforma de impuestos estadounidenses.
Actualmente, para Estados Unidos, la isla es una jurisdicción foránea en materia contributiva. Por eso, los individuos y las empresas en Puerto Rico no tienen que pagar contribuciones sobre ingresos federales. Sin embargo, para efectos aduaneros, Puerto Rico sí es considerado como parte de Estados Unidos.
El 42% de la economía puertorriqueña depende exclusivamente de las fábricas de las empresas multinacionales, que operan bajo el esquema tributario del Controlled Foreign Corporation (CFC). Estas fábricas, bajo las propuestas contributivas que se discuten en el Congreso, tendrían que pagar, por mucho, más impuestos que en la actualidad por las ventas que se hacen en EE.UU. de los productos que se fabricarían aquí.
De hecho, en principio, los proyectos de reforma lo que buscan es que alterar los costos de producción, de modo que sea más caro para las multinacionales estadounidenses llevar su producción industrial a jurisdicciones en el extranjero, como es Puerto Rico para efectos contributivos.
Rosselló Nevares indicó que la postura de su administración, que es avalada por la Asociación de Industriales y la mayoría de los alcaldes, es que a Puerto Rico no le aplique el impuesto de 20% sobre las ganancias generadas con la venta en EE.UU. de productos manufacturados en el exterior que se propone en la Cámara de Representantes estadounidense. La propuesta aprobada en el Senado de EE.UU., en cambio, establecería un tributo de 12.5% sobre los ingresos que se le atribuyen a los bienes intangibles, como las patentes, marcas, entre otros, generados en el exterior. También se solicita que este tributo no aplique a Puerto Rico.
“Mi posición y la del gobierno es que nosotros tenemos que tener exención total, igual que los otros estados. Esa es la posición. Si no, se lacera una base económica de importancia en Puerto Rico. Yo no voy a dejar que otras consideraciones nublen mi juicio en esto. Yo estoy bien claro”, afirmó.
Sus expresiones se dan en momentos en que han surgido discrepancias entre la postura oficial del gobierno y la que promueve la comisionada residente, Jenniffer González, quien prefiere que las fábricas en Puerto Rico operen como empresas domésticas y no como CFC para efectos contributivos estadounidenses, pero con ciertas concesiones que ayuden a mantener la competitividad industrial de Puerto Rico. El esquema tributario del CFC es incompatible con la estadidad.
El gobernador indicó que no está en contra de las concesiones que promueve González. Indicó, no obstante, que la caída económica que provocaría la pérdida de las CFC sería tan grande que no podrían ser compensadas por las concesiones o incentivos que promueve la comisionada residente.
El gobernador indicó que el mensaje ante el Congreso debe ser que, al igual que en los estados, la producción industrial en Puerto Rico no debe ser penalizada y que las decisiones que se tomen deben ser consistentes con la Ley Promesa, que establece como meta el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal de la isla.
“Si el Congreso quería Promesa, que mantenga su promesa”, dijo el gobernador, al recalcar que en Washington D.C. no se ha tomado acción alguna en torno a las recomendaciones de desarrollo económico para Puerto Rico que hizo un “task force” bicameral y bipartita del Congreso.
Rosselló Nevares no precisó qué exactamente impide que el Congreso considere la situación de Puerto Rico dentro de la reforma tributaria que proponen. Indicó que personalmente ha hablado con todos los senadores y la mayoría de los representantes en Washington D.C., pero todavía no se incluyen cambios en la propuesta. Atribuyó el asunto a la falta de poder político de la isla en la capital federal por la falta de representación política con voto.
“Todos (en el Congreso) concurren que se debe hacer algo para Puerto Rico, pero parece que algo pasa que no mueve la aguja” RICARDO ROSSELLÓ GOBERNADOR