En marcha las negociaciones sobre la reforma contributiva federal
WASHINGTON.- Mientras el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) busca hoy salvar sus diferencias en torno al tratamiento a las empresas foráneas, desde hace días están en marcha las negociaciones en el Congreso en busca de armonizar los proyectos de reforma contributiva que tienen con los pelos de punta a las autoridades de Puerto Rico.
Aunque oficialmente el comité negociador del Congreso –integrado por 29 legisladores federales–, se terminó de formar el jueves, las conversaciones entre el liderato republicano y, sobre todo, entre los técnicos de cada cámara legislativa, ya avanzaban.
Como ocurre en San Juan, cuando cada cámara legislativa aprueba proyectos distintos sobre un mismo asunto, a menos que uno de los cuerpos ceda, para su aprobación final se requiere un proyecto de consenso que tiene que ser ratificado en los plenos sin enmiendas.
A nivel de ‘staff ’ y del liderato, las negociaciones están bien adelantadas, indicaron tres fuentes legislativas. De hecho, el presidente del comité de conferencia y de la Comisión cameral de Medios y Arbitrios, el republicano Kevin Brady (Texas), ha convocado para el miércoles a una sesión pública para discutir enmiendas que permitan armonizar los proyectos aprobados en el Senado y la Cámara.
Brady está a cargo del comité de conferencia, pero tiene que tomar en cuenta la débil mayoría de los republicanos del Senado, encabezados por el presidente del Comité de Finanzas, Orrin Hatch (Utah). Los republicanos del Senado aprobaron su proyecto de reforma tributaria 51-49, y solo pueden tolerar una baja adicional.
AFINAN LENGUAJE
“Los comités de conferencia son superpoderosos, cerrados y sin ningún tipo de proceso de consulta. En legislación como esta –que no están buscando apoyo de los demócratas– básicamente, se trata de lograr un lenguaje que cumpla con lo que los republicanos quieren y que tenga los votos necesarios para ser aprobado cuando vuelva al hemiciclo”, advirtió el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien fue comisionado residente en Washington.
Para impulsar las enmiendas que propone, encabezadas por nuevos créditos para empresas que hacen negocios como corporaciones domésticas, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, pone su atención en el speaker Paul Ryan, Brady y el presidente del subcomité de Política Pública Contributiva, Peter Roskam.
“Las conversaciones han sido una o dos veces en semana”, dijo la comisionada, quien hoy participa de la “cumbre” del PNP, en la que buscan limar las diferencias y asperezas internas debido al reclamo del gobernador Ricardo Rosselló por una exclusión plena de los impuestos permanentes que los proyectos impondrían sobre las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), un concepto contributivo incompatible con la estadidad.
El speaker Ryan se comprometió hace unas semanas con la comisionada González “a hacer mejoras a nuestra legislación en materia de reforma tributaria, en lo que se refiere a Puerto Rico, cuando vayamos a conferencia”.
Brady dijo el pasado lunes a El Nuevo Día que “no hemos llegado a una decisión final, pero exploramos opciones”.
“En términos generales queremos hacer más para Puerto Rico. Tenemos dos provisiones que son de ayuda (sobre el arbitrio al ron y la sección 199), pero queremos hacer más. Seguimos reuniéndonos con la comisionada y otros miembros de la conferencia que están centrados en ayudar a Puerto Rico”, indicó entonces Brady, al ser preguntado sobre el trato que se le daría a las CFC en la Isla.
Por un lado, Brady hace referencias a que la ayuda ya otorgada es continuar –por cinco años en el caso del aumento en el reembolso por el arbitrio al ron, y retroactivo a 2017 en la reducción de la tasa tributaria a las empresas que hacen negocios como domésticas en la isla–, pero tampoco aclaró su punto de vista sobre el tratamiento que deben tener las CFC.
Los nuevos impuestos que imponen los proyectos de reforma contributiva a las CFC, particularmente a productos manufacturados en la isla, son la principal causa de preocupación del gobierno de Puerto Rico. En momentos en que se reduce la tasa tributaria corporativa en EE.UU. de 35% a 20%, el impuesto de 12.5% que establece el Senado sobre la propiedad intelectual de las CFC es visto por el gobierno y el sector industrial de la isla como un disuasivo significativo para invertir en Puerto Rico.
El sector manufacturero representa unos 73,000 empleos y sobre el 40% de la economía de la Isla. Otros, como el cabildero Jeffrey
Farrow, quien ha asesorado a grupos estadistas y fue copresidente del Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico de la Casa Blanca de Bill Clinton, piensan que una total exclusión de los nuevos impuestos sobre las CFC convertiría la isla en un paraíso fiscal. Y la reforma, la cual el presidente Donald Trump quiere convertir en su gran triunfo legislativo, promueve el regreso de manufactureras a los estados a través de bajas tasas en EE.UU. e impuestos mínimos a las empre-
“Si Hatch insiste en que no quiere atender el tema de Puerto Rico en esta legislación, no está claro cuál sería el poder de negociación de Ryan para convencerlo” ANÍBAL ACEVEDO VILÁ EXGOBERNADOR Y EX COMISIONADO RESIDENTE EN WASHINGTON
sas estadounidenses del exterior.
El cabildero Jerry Weller, quien fue congresista republicano y miembro del Comité de Medios y Arbitrios, sostuvo que muchas de las negociaciones se dan fuera del ojo público, pero sostuvo que desde el punto de vista de la Asociación de Industriales –la cual representa–, el congresista Roskam es “nuestro mejor aliado entre los conferenciantes de la Cámara de Representantes”. “El speaker Ryan y el congresista Roskam están bien informados sobre Puerto Rico”, agregó.
El republicano John Shimkus (Nueva York), quien está en el comité de conferencia como miembro del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, sostuvo que temas tributarios como los de las CFC quedan en manos de los miembros de los comités con jurisdicción directa, Medios y Arbitrios de la Cámara baja y Finanzas del Senado. “No tengo poder ahí”, dijo.
LOS COMITÉS CLAVES
En el comité de conferencia hay cinco republicanos del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja –Brady, Roskam, Devin Nunes, Diane Black y Kristi Noem–, y tres demócratas: Richard Neal, Sander Levin y Lloyd Dogget.
Neal, portavoz de la minoría en el Comité de Medios y Arbitrios, dijo que promoverá una reducción temporera para Puerto Rico del impuesto de 12.5% sobre la propiedad intelectual de las CFC, teniendo en cuenta la catástrofe que causó el huracán María.
Por el Senado, en el comité de conferencia hay seis republicanos del Comité de Finanzas: Hatch, John Cornyn, John Thune, Rob Portman, Tim Scott y Pat Toomey. Los demócratas de ese comité son el portavoz Ron Wyden, Robert Menéndez, Tom Carper, María Cantwell y Debbie Stabenow.
Menéndez ha respaldado excluir a las CFC de Puerto Rico de los nuevos impuestos.
Previo a la reunión de hoy en San Juan, convocada por un liderato legislativo que quiere acabar con el concepto de las CFC en la Isla, el secretario de Hacienda,
Raúl Maldonado, y la comisionada González confirmaron que han trabajado posibles nuevas enmiendas que permitan una entrada paulatina en Puerto Rico impuesto de 12.5% sobre la propiedad intelectual de las CFC.
Un obstáculo a superar es la negativa del senador Hatch a incluir en la reforma medidas que lidien con la situación particular de Puerto Rico. “Quiero ayudarlos, pero no en este proyecto”, sostuvo Hatch a mediados de noviembre.
“Es evidente que no tenemos un campeón republicano en el Senado. Obviamente, si Hatch cambiara de posición, él sería la ficha clave a favor de nosotros, pero no anticipo eso. Creo que estamos en las manos de Ryan, pero el hecho de que nada de esto se incluyó en la medida original de la Cámara lo hace más difícil”, indicó Acevedo Vilá, quien ha respaldado la posición del gobernador Rosselló a favor de una plena exclusión de las CFC de Puerto Rico de los nuevos impuestos.
A Acevedo Vilá le preocupa que a última hora el gobierno del PNP aún esté explorando enmiendas y que se presione al gobernador Rosselló, con el argumento ideológico, para que entregue el reclamo de una exención plena a los nuevos impuestos a las CFC.
Para el exgobernador, bajo el ambiente que dejó la ley Promesa –que impuso una junta fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno y abrió la puerta a un proceso de reestructuración de la deuda pública–, la fobia a un rescate financiero de la isla y el escándalo Whitefish, “cualquier inclusión del tema de Puerto Rico a última hora va a llamar la atención y puede tener reacciones negativas entre los republicanos de la Cámara, y Hatch puede decir que eso le dificulta los votos en el Senado”.
Con los técnicos de la Cámara baja, la comisionada y el gobierno de Rosselló han explorado diferentes posibles enmiendas, que pueden variar dependiendo de los cambios generales que se le hagan al proyecto de reforma contributiva que prevalezca. Cualquier cambio sobre la isla requerirá aceptar su costo.
“Esta legislación de reforma contributiva se está aprobando bajo unas reglas especiales presupuestarias, que significa que los cambios deben tener un efecto mínimo sobre los costos”, dijo el exgobernador.
Weller sostuvo que su preocupación mayor es “cualquier confusión sobre la posición de Puerto Rico en la conferencia, debido a cambios de último minuto en la posición ‘unificada’”.
Para Weller, “lo importante es preguntarse, ‘¿cómo esto afecta a las compañías operando en Puerto Rico?’. ‘¿Los cambios en el tratamiento contributivo les motivará a quedarse en Puerto Rico o a trasladar sus operaciones a lugares de menor costo, como Costa Rica y República Dominicana?’”.
“Pensamos congresista que Roskam el es nuestro mejor aliado entre los conferenciantes de la Cámara de Representantes” JERRY WELLER CABILDERO DE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y EXCONGRESISTA REPUBLICANO