Expertos advierten de la importancia de la Comisión de Energía
La función del regulador independiente se necesita más bajo un escenario de privatización de la AEE, pero el Ejecutivo parece pensar diferente, dicen expertos
En momentos en que la función de la Comisión de Energía de Puerto Rico se necesitaría más que nunca debido a la anunciada privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), las acciones tomadas por el Ejecutivo sugieren que su intención es restarle poderes o desmantelarla, coincidieron ayer expertos.
Como ente independiente creado en 2014 por la Ley 57, la Comisión tiene la responsabilidad de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética. Eso incluye establecer normas en relación con las compañías –públicas y privadas– de servicio eléctrico en la isla, para garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en tarifas del sistema.
Ayer, el presidente interino de la Comisión, José H. Román, admitió que, en un mercado privado –como el que propone el gobernador Ricardo Rosselló–, “el ente regulador tiene más garras” que en uno público.
Sería de esperar, entonces, que la Comisión retenga o aumente sus poderes bajo el escenario que plantea el gobernador, en el que compañías privadas se harían cargo de la generación y a otras se les rentaría la infraestructura de transmisión y distribución que hoy pertenece al gobierno.
Pero, en opinión de la socióloga ambiental Marla Pérez Lugo, lo que el Ejecutivo está impulsando es justamente lo opuesto. Se refirió al plan de reorganización presentado por Rosselló, que adscribiría la Comisión, junto con otras dependencias de telecomunicaciones y transporte, a lo que sería la nueva Junta Reglamentadora de Servicio Público.
“Colocar la Comisión bajo una sombrilla le quita capacidades de ejecución. Haciendo eso, se abre el camino para que entidades privadas, que de por sí son bien pocas, básicamente hagan lo que quieran hacer. Si no tienes una entidad fuerte que supervise al ente privado, hay un problema grande”, dijo Pérez Lugo, quien integra el Comité Timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña.
En términos similares se expresó el director asociado de la organización comunitaria Casa Pueblo, Arturo Massol, quien señaló que “el gobierno está tirando la toalla y admitiendo que no va a asumir la responsabilidad de liderar el destino energético del país”.
Añadió que quitarle poderes o eliminar la Comisión “pudiera ser un grave error, porque lo menos que puede hacer el gobierno es mantener una estructura que defienda el interés público”.
“EN DESACUERDO”
Por su parte, el director de la organización ambiental El Puente: Enlace Latino de Acción Climática, David Ortiz, opinó que Rosselló “ha demostrado, desde que ganó la gobernación, que está en desacuerdo con la Comisión”.
Mencionó, por ejemplo, que no ha nombrado a un presidente en propiedad desde que Agustín Carbó renunció en abril pasado, y que insiste en construir el Aguirre Offshore GasPort pese a que la Comisión determinó que el proyecto no es costo eficiente.
Igualmente, dijo, Rosselló radicó este mes un proyecto de ley para darle liquidez a la AEE, que facultaría a la corporación pública a suscribir acuerdos y usar el dinero “sin necesidad” de que la Comisión dé su consentimiento. Si se aprueba, daría al traste con la orden que la Comisión le dio en noviembre a la AEE de incluir en todos sus contratos una cláusula que disponga que el acuerdo no entrará en vigor hasta tanto el en- te regulador lo autorice.
“Estas acciones son una afrenta a la Comisión, que ha estado trabajando bien en los últimos años. No se puede desmantelar y privatizar la AEE. Hay que rechazar esos planes”, expuso Ortiz.
Entretanto, Román, cuyo término en la Comisión vence en mayo, fue parco en sus expresiones sobre estos temas.
“Avalamos, recibimos y adoptamos cualquier medida de progreso del mercado energético”, dijo sobre el trabajo de la Comisión, y añadió: “estamos en la disposición de ayudar en la transición y el marco regulatorio para que se consigan resultados apropiados”.
Recalcó que “es necesario mantener un regulador en un mercado privado”, e indicó que, tal como está creada, la Comisión “cumple con los requisitos” de un ente fiscalizador independiente.
“Es importante que esos poderes regulatorios se mantengan para mantener un mercado justo y razonable, tanto para los inversionistas y dueños de la energía privada como para los consumidores. Siempre hay que proteger el interés público”, puntualizó.
“Es necesario mantener un regulador en un mercado privado” JOSÉ H. ROMÁN PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA