Nueva estructura tarifaria para la AEE
El plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica establece como alternativa cargos y penalidades a clientes que abandonen la red Aunque el documento carece de datos sobre las finanzas de la corporación, se estima que restaurar el sistema costará más d
El plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no tiene un ápice de información sobre sus finanzas actuales, parece estar dirigido a desarticular la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) y aboga por retomar la estructura tarifaria que fue rechazada por ese regulador.
De igual forma, aunque en el plan no hay estimados de la demanda de consumo eléctrico que habrá en Puerto Rico a futuro, el plan destaca que al diseñar una nueva tarifa, podría establecerse un cargo para quienes, buscando otras alternativas energéticas, decidan desconectarse de la AEE.
A pesar de que el plan fiscal de la AEE no incluye ni los datos de consumo ni un estimado de las pérdidas en facturación e infraestructura causadas por los huracanes Irma y María, el documento indica que para restaurar la red eléctrica de la isla se necesitarían unos $17,606 millones en fondos federales.
La cifra emana de un reporte preparado por un grupo de trabajo que creó el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para asistir a la isla y que incluyó técnicos y expertos del Departamento de Energía federal y compañías eléctricas como Long Island Power Authority y Consolidated Edison, entre otras.
“En ausencia de fondos federales sustanciales para el esfuerzo de recuperación, las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Resiliencia de Energía no podrán implementarse”, reza el documento que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) sometió ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Los estimados de costos finales requieren múltiples estudios de ingeniería y un Plan Integrado de Recursos (PIR) actualizado”, se agrega en una nota al calce. El documento indica, en su página 75 que “el momento y la cantidad de fondos federales” que podrían recibirse es “incierto”.
El PIR puede describirse como un documento maestro que establece las necesidades de infraestructura, mantenimiento y operacionales de una empresa eléctrica para cumplir con estándares regulatorios y satisfacer la demanda de electricidad de sus clientes en cierto período de tiempo. Ese análisis permite estimar las inversiones que se necesitan y las tecnologías o procesos más adecuados para cumplir con la demanda energética.
El Nuevo Día solicitó a la Aafaf una entrevista para discutir el contenido del plan de la AEE, pero, ayer, el personal que podía atender la petición de información no estuvo disponible.
El documento de 79 páginas hace un recuento estadístico de los activos de la AEE y detalla los pasos que ha seguido para restaurar el servicio después del ciclón.
Acto seguido, el documento señala que los huracanes “devastaron la posición de liquidez” de la AEE y reclama que la situación requiere de una “transformación urgente, profunda y permanente” del sector de energía en la isla.
LA AEE PRIVATIZADA
Como parte de esa transformación, el plan que propone la AEE contempla dejar en manos de “un solo operador privado”, la red de transmisión y distribución, a través de una alianza público privada (APP).
Según el plan, el contrato del operador de la red podría extenderse por unos 25 años o llegar a un acuerdo de 10 a 15 años, dependiendo del modelo que se escoja y la forma en que el operador cobrará por sus servicios.
Mientras, en el lado de la generación, la AEE considera “vender” las unidades de San Juan, Palo Seco, Aguirre, Costa Sur y “otras” y permitir que haya “nuevas generadoras” o incorporando un concepto de “franquicias” con estas unidades de la AEE.
Esa transformación, según el plan, tendría que estar acompañada de la tarifa que fue rechazada por la CEPR y de una nueva estructura que regule la operación de la AEE.
LA AEE DICTA LAS REGLAS
En el plan, la AEE sugiere los cambios que tendrían que darse en esa nueva entidad que le supervisaría.
“La AEE y los futuros dueños privados requerirán un proceso regulatorio razonable”, reza el documento. “La CEPR consistemente trata de ejercer de manera directa y excesiva control operacional de la AEE, más allá de la tarifa tradicional y la revisión del PIR”.
Según el documento, la CEPR actúa en contra de lo dispuesto en Promesa en el caso de la AEE.
Sin embargo, la ley federal Promesa establece en su sección 503 que, a la hora de considerar proyectos energéticos, la JSF debe contribuir a “apoyar a la CEPR en que logre su objetivo de reducir los costos de energía y garantizar tarifas de energía que sean asequibles para los consumidores y empresas”.
CLAVE EL REGULADOR
Para el presidente de la Asociación de Industriales, (AIPR), Rodrigo Masses, desarticular la CEPR cuando se considera que haya jugadores privados es un contrasentido.
Según Masses, si bien se necesita “una revolución eléctrica” en Puerto Rico, esta tiene que ser clara y transparente, con subastas abiertas, lo que permitiría la llegada de nuevos jugadores.
“Sería un gran error trastocar la CEPR”, dijo Masses.
Por su parte, Stephen Spencer, asesor del grupo de bonistas Ad Hoc-AEE, dijo que no sería ade-
cuado alterar el funcionamiento de la entidad regulatoria que se creó bajo la ley de reforma energética de 2014, justo cuando se propone que entidades privadas entren en actividades de generación o de distribución de energía en la isla.
Explicó que la CEPR ha sido beneficiosa para todas las partes interesadas en la AEE, incluyendo al consumidor puertorriqueño, al crear un ambiente de transparencia y decisiones basadas en lógica y en conocimiento pericial, en vez de “influencias políticas”.
Spencer agregó que una entidad regulatoria independiente es parte de la solución que necesita Puerto Rico a su problema energético, particularmente en momentos en que miles de ciudadanos estadounidenses todavía experimentan la suspensión del servicio eléctrico más larga en la historia de los Estados Unidos.
“La prioridad debe encender las luces”, dijo Spencer, quien dijo que la AEE debe pasar a manos de un equipo de expertos en sistemas eléctricos y libres de intervención gubernamental.