Millonaria factura por renegociar la deuda
El plan fiscal revisado estima cuánto les costará a los contribuyentes el proceso judicial bajo la ley federal Promesa en los próximos cinco años
La decisión de Puerto Rico de renegociar su deuda pública le costará a los contribuyentes del país al menos $800 millones en un plazo de cinco años, de acuerdo con el plan fiscal revisado del gobierno.
De acuerdo con los estimados de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf ), la plétora de abogados, consultores y asesores financieros que se han reclutado, con la expectativa de recortar los más de $70,000 millones que se adeuda a los bonistas, requerirá invertir al menos $100 millones por los próximos cinco años.
El grupo de asesores debe atender todos los trámites y los procedimientos relacionados con los casos de ajuste de deudas que se han radicado en la corte invocando el Título III de la ley federal Promesa.
El documento no precisa si los estimados incluyen el presupuesto de la Aafaf o de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Tampoco queda claro si la millonaria cuantía considera los asesores y abogados que han participado de negociaciones voluntarias como es el caso del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Es la primera vez que el gobierno divulga cuánto costará el proceso con el que intenta reducir o eliminar la deuda con los bonistas.
Si se considera que la renegociación de la deuda comenzó formalmente a mediados de la administración de Alejandro García Padilla y se consideran los gastos del proceso voluntario en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los costos del proceso de renegociación podrían superar los $1,000 millones.
Durante la administración García Padilla, Millstein & Co. y el bufete Cleary Gottlieb llevaron la voz cantante en estos procesos.
Bajo la administración Rosselló Nevares, O’Melveny -luego de desplazar a Dentons- y Rothschild han permanecido como asesores principales.
Aparte de esas firmas, la JSF tiene sus propios asesores principales en las figuras de Proskauer y Citi.
Estas firmas son un puñado de las decenas de empresas que han sido contratadas en los pasados tres años bajo la representación de que ayudarán al gobierno a salir de su atolladero fiscal y a reducir la deuda pública de Puerto Rico, estimada en unos $72,000 millones.
Transcurridos casi tres años desde que García Padilla declaró que la deuda de Puerto Rico es impagable al diario The New York Times, Puerto Rico no ha completado ningún acuerdo con sus acreedores.