Junta, gobierno y bonistas en lucha por la AEE
Antes de que se anunciara la privatización, los acreedores intentaron llegar a un nuevo acuerdo voluntario
Mientras miles de abonados continúan sin electricidad tras el azote del huracán María, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la administración de Ricardo Rosselló Nevares y los bonistas están enfrascados en una secreta lucha de poder por controlar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Así queda demostrado en una carta que el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) envió en diciembre a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, en la que se revela, incluso, que estaban dispuestos a aceptar que no se aumenten las tarifas de luz mientras se renegocia la deuda de la corporación pública.
Según una misiva examinada por este diario, durante la primera semana de diciembre, Jaresko se habría reunido con integrantes o abogados del grupo Ad Hoc-AEE. El encuentro entre Jaresko y el Ad Hoc-AEE se habría dado dos semanas después de que la jueza Laura Taylor Swain propinara un duro revés a la JSF. Esto, cuando Swain dijo que el ente federal no tenía poder para tomar el control de la AEE, nombrando como oficial de Transformación a Noel Zamot.
En esa reunión, a pesar del revés en corte y partiendo de la carta firmada por la abogada Amy Caton, del estudio legal Kramer Levin Naftalis & Frankel, Jaresko habría mostrado interés en conocer si los bonistas de la AEE estaban dispuestos a aceptar que la JSF pudiera destituir al síndico que se designara en la AEE, en caso de que se retomara un litigio a esos efectos.
“Conceder ese derecho a la Junta sería concederle poderes más allá de lo que la jueza Swain ha interpretado en (la ley federal) Promesa”, reza la carta de Caton, a la que se anejaron las referencias legales sobre las facultades de los acreedores en caso de impago.
LA SAGA EN CORTE
A mediados del año pasado, el Ad Hoc-AEE y varias aseguradoras solicitaron a Swain que levantara la suspensión automática en litigios en el caso de Título III de la AEE y diera paso a una demanda para nombrar un síndico en la AEE. Según la ley de esa corporación y los contratos de bonos, en situaciones de impago, los bonistas pueden solicitar que se nombre un síndico y se aumente la tarifa para que se les pague.
Cuando el Ad Hoc-AEE solicitó a la corte el nombramiento del síndico, la JSF y el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares unieron fuerzas para frenar a los acreedores. Pero luego, mientras el país permanecía a oscuras tras el paso de María y la JSF intentó nombrar a Zamot en la AEE, la administración Rosselló Nevares combatió con éxito a la JSF.
EL PODER DE ROSSELLÓ
Rosselló Nevares interpretó el fallo de Swain como una victoria sobre la JSF y, acto seguido, la Junta de Gobierno de la AEE nombró a Todd W. Filsinger como asesor financiero de la AEE, a un costo de $5 millones.
Sin embargo, en la carta, Caton indica a Jaresko que Rosselló Nevares “no tiene capacidad (en ley) para controlar o detener la designación de un síndico” en o fuera del Título III de Promesa, al que está ahora sujeto la AEE.
LAS TARIFAS
La carta de Caton denota un nuevo intento de los bonistas, cuyo acuerdo voluntario (RSA, en inglés) había sido rechazado en el verano por llegar a un entendido con la JSF. Esto, porque según la carta, los bonistas estaban dispuestos a que la JSF pudiera remover al síndico de la AEE, siempre que se notificara con anticipación y que esta figura se escogiera de una lista de candidatos previamente aprobada por la JSF y el Ad Hoc-AEE.
Incluso, los bonistas dijeron estar dispuestos a que ese síndico no tuviera autoridad para aumentar las tarifas mientras el proceso de Título III continuara vigente y tampoco vender activos de la corporación pública.
Dos meses después del espaldarazo que Swain dio al gobierno al dejarle el control de la AEE, una tercera parte de los abonados sigue sin electricidad y la JSF, que tiene bajo su jurisdicción a la corporación desde hace 15 meses, recibió esta semana un plan fiscal revisado en el que se indica que se ha quedado sin efectivo para operar.
Según fuentes de El Nuevo Día, la propuesta de los bonistas no recibió respuesta.
Esta semana, Jaresko dijo a este diario que la JSF favorece la privatización de la AEE como avenida para restaurar el crecimiento económico de la isla.