A fortalecer la fiscalización del sistema energético
El gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de asegurar que el resultado de la privatización del sistema eléctrico impulse al desarrollo económico y proteja el interés ciudadano.
Hacerlo con transparencia es crucial para garantizar la confianza del gobierno federal, de los inversionistas y de la jueza Laura Taylor Swain, quien tiene a su cargo el caso de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuyo pago reclaman los acreedores.
Puerto Rico ya cuenta con un organismo fiscalizador independiente que requiere garras para servir al propósito de transparencia. Lo que la Comisión de Energía necesita es que se valide su autoridad y se le provean las herramientas que le permitan velar por que las tarifas energéticas sean asequibles.
La ley federal Promesa en su Título V, sección 503 sobre proyectos críticos consigna ese fin. El inciso dicta criterios que el Coordinador de Revitalización de la Infraestructura puede requerir a proponentes. Uno de los criterios es cómo el proyecto apoyará a la Comisión en su objetivo de reducir los costos de energía y garantizar tarifas asequibles para los consumidores y empresas. Dicha mención reconoce la encomienda del organismo.
La Comisión fue creada en 2014 mediante la Ley 57, como un ente independiente y especializado. Surgió del reclamo de diversos sectores, incluido el privado, para ponerles freno a los desmanes de la Autoridad. Ese desenfreno, alimentado por el monopolio y la política partidista, pavimentó su colapso.
El estatuto dispone que la Comisión debe reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del Estado. Su misión es lograr que Puerto Rico tenga un sistema energético confiable, eficiente y transparente, y provea servicio a precios razonables. Su financiamiento proviene de la AEE y otros entes regulados. Sus comisionados son nombrados a términos escalonados para procurar su independencia. Ello imparte continuidad a los trabajos.
Dichas características cobran mayor importancia en el proceso de colocar en manos privadas la generación, transmisión y distribución de un servicio esencial.
Ahora, cuando más urgente se hace la transformación energética, bonistas, industriales y entidades sin fines de lucro levantan banderas sobre lo que perciben como un propósito de debilitar la Comisión. Y advierten de los riesgos.
Desde abril pasado, es dirigida de forma interina por uno de los comisionados. El gobernador Ricardo Rosselló no ha designado a un sustituto en propiedad tras la renuncia de Agustín Carbó.
En su proyecto reciente para darle liquidez a la AEE, Rosselló faculta a la corporación a suscribir acuerdos y usar el dinero sin necesidad de que la Comisión dé su consentimiento. Esta acción contradice una orden del organismo emitida en noviembre para que la AEE a informe que sus contratos requieren ser autorizados por la Comisión.
En el plan de reorganización del gobierno, la Comisión quedaría supeditada a un organismo regulador de servicios públicos, pese a la propuesta de privatizar la energía. Precisamente, el proceso de privatización puesto en marcha levanta interrogantes que el gobierno deberá responder. Y generará más. Es indispensable que, desde sus cimientos, la transformación del sistema fluya de forma transparente. De ello dependerá su legitimidad.
Atado a esa pulcritud está el futuro de la deuda, que ronda los $10,000 millones y provocó la quiebra de la corporación al amparo del Título III de Promesa.
Una Comisión fortalecida ayudará a devolver la confianza externa y local en Puerto Rico. En atención a sus deberes, el ente necesita los recursos para poder velar por la pureza de transacciones y contratos. Que asegure precios justos para las industrias y familias.
La transformación del sistema energético tiene que surgir de un proceso abierto. Y debe considerar el amplio abanico de recomendaciones de expertos para que produzca un sistema duradero y adaptable, facilitador del desarrollo económico. Una recomendación clave es la permanencia e independencia de la Comisión de Energía.
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