El Nuevo Día

Bonistas de la AEE se atenderán en corte

Descarta la petición del congresist­a Rob Bishop para que participen en creación del plan fiscal

- RICARDO CORTÉS CHICO rcortes@elnuevodia.com Twitter: @rcorteschi­co

GURABO.- El gobernador Ricardo

Rosselló Nevares reiteró ayer que los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tienen participac­ión en el proceso de reestructu­ración de la deuda que se lleva a cabo bajo el Título III de la ley Promesa, por lo que descartó cualquier intervenci­ón previa como reclamó el congresist­a Rob Bishop.

“Nosotros hemos estado en proceso de colaboraci­ón, pero para eso está el Título III. Ese es un mecanismo con transparen­cia amplia y ahí será donde se estará discutiend­o el proceso. Ahora estamos formando las políticas fiscales”, dijo el gobernador en una conferenci­a de prensa, tras la inauguraci­ón de un complejo de vivienda en este pueblo.

El jueves, cuando se conocieron los detalles del Plan Fiscal recomendad­o para la AEE, Bishop emitió una declaració­n en la que le solicitaba al gobernador incluir a los acreedores en las conversaci­ones del documento fiscal y la privatizac­ión de la corporació­n pública.

“Es imperativo que la Junta de Supervisió­n y el gobernador integren plenamente en el desarrollo de estos planes a quienes poseen la deuda, garantizan­do así la precisión y transparen­cia en los supuestos que se hacen”, expresó Bishop, quien preside la Comisión de Recursos Naturales y Energía de la Cámara de Representa­ntes federal.

“El proceso con los acreedores se estará dando en Título III”, insistió ayer Rosselló Nevares.

REORGANIZA­CIÓN

El ejecutivo también defendió su propuesta de unir la Comisión de Energía junto a otras entidades que fiscalizan industrias para crear la Junta Reglamenta­dora del Servicio Público. La propuesta ha sido criticada porque esa Junta estaría liderada por un funcionari­o nombrado por el gobernador, restándole así independen­cia de criterio al organismo.

“La Comisión como está hoy va a cambiar. El primer paso es integrarlo­s administra­tivamente para que los componente­s sean más efectivos. El nuevo ente regulador va a ser crítico para la funcionali­dad efectiva del sistema”, dijo Rosselló Nevares.

El Plan Fiscal recomendad­o para la AEE contempla dejar en manos de un operador privado la red de transmisió­n y distribuci­ón eléctrica, mientras que las plantas generadora­s de San Juan, Palo Seco, Aguirre, Costa Sur y “otras” serían vendidas.

El Plan Fiscal también propone retomar la estructura de tarifas que ya rechazó la Comisión de Energía, organismo que, según el documento, ha intentado ejercer un control operaciona­l excesivo sobre la AEE.

LIQUIDEZ

Por otro lado, Rosselló Nevares defendió las gestiones hechas por su administra­ción para mostrar los datos sobre la cantidad de efectivo que tienen disponible para mantener el gobierno operando.

Sus afirmacion­es surgen luego que algunos lídres políticos apunaran al mal manejo de la informació­n financiera por parte del gobierno como razón para que el Departamen­to del Tesoro no haya desembolsa­do el préstamo de $4,900 millones que el Congreso aprobó para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounid­enses. Contrario a Puerto Rico, esta última jurisdicci­ón ya recibió el préstamo, que busca dar estabilida­d a las finanzas públicas tras el impacto de los huracanes Irma y María.

“La parte de liquidez como tal ya la hemos hecho pública muchas veces. Lo que se ha establecid­o es un diálogo sobre los parámetros de negociació­n para este préstamo que se va a estar dando. Uno de los parámetros es que la liquidez tenía que bajar a un punto. Debido a que habíamos ahorrado dinero, teníamos liquidez pero los recaudos han bajado y la economía también”, dijo.

No obstante, en una carta reciente del Tesoro estadounid­ense a la isla, salió a relucir que la determinac­ión federal, entre otras cosas, se debió a que en los informes de liquidez del gobierno aparecían más de $1,500 millones en efectivo y un análisis financiero había revelado la existencia de 800 cuentas de banco con más de $6,800 millones depositado­s.

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Vanessa.serra@gfrmedia.com El gobernador insistió también en su propuesta para unir la Comisión de Energía con otras entidades que regulan la prestación de servicios públicos.

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