Preocupan expectativas altas con la privatización
Privatizar la AEE tiene que analizarse con cuidado, sin prisa, tomando en cuenta sus múltiples complejidades. Debemos evitar venderla a un precio de liquidación. El proceso de privatización es absolutamente necesario. No obstante, este no es mejor momento para privatizarla debido a factores económicos. Al presente, la Autoridad refleja su peor valoración debido a la catástrofe de María y su estado de quiebra.
El Gobernador erró al no permitir que la AEE fuera manejada por el ingeniero Noel Zamot, designado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Zamot pudo haber limpiado la corporación de los acomodos políticos. También pudo haber implantado, fuera de líneas partidistas, las medidas necesarias para mejorar desempeño administrativo y financiero. Mejorar significativamente las operaciones de la AEE es la mejor manera de lograr una buena valoración y un precio superior. Ello redundaría en beneficio de empleados y bonistas.
Para que su inversión sea rentable, los potenciales inversionistas tendrían que descontar el alto riesgo político que conlleva adquirir la AEE. Para mitigar ese riesgo, reducirían en gran medida el precio que está dispuestos a pagar. Los inversionistas tomarán en consideración la persistente disparidad de criterios y diferencias entre la administración y la JSF. El desenlace final de la reestructuración de la deuda pública es esencial para atraer nuevo capital. Los potenciales licitadores de la AEE se preguntarán si es posible confiar en un gobierno que ha ignorado las fuertes garantías constitucionales de los tenedores de obligaciones generales, y en el caso de los bonos de COFINA, su colateral. Se pretende que los bonistas, que invirtieron de buena fe, lleven toda la carga del rescate financiero de Puerto Rico. Con esa actitud hacia los bonistas a esta administración le será muy difícil el atraer el capital necesario para finalizar una transacción de esta magnitud.
Los subsidios de energía otorgados a iglesias, municipios, hoteles, residenciales públicos y un sinnúmero de entidades, son otro escollo que hay que superar para privatizar. Estos subsidios han sido financiados por los consumidores por décadas. La politiquería y los malos manejos de la AEE está creando falsas expectativas de los beneficios de la privatización.
El país necesita un sistema eléctrico independiente, confiable y eficiente. La baja en la factura debe ser de carácter secundario. Nuestro bolsillo no aguanta más la inversión que hemos tenido que hacer en sobre 300 mil generadores de emergencia para poder sobrevivir.