Energía y economía dominan la discusión en foro de Promesa
La Junta de Supervisión Fiscal y el Gobernador discrepan sobre el ente que regularía la privatización de la AEE
Q El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José B. Carrión, manifestó ayer que la transformación del sistema energético requiere “un regulador verdaderamente independiente, con gente capacitada y términos escalonados”.
Y este punto respecto a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es, hasta el momento, el único en el que la JSF y el gobierno de Ricardo Rosselló no están del todo alineados, reconoció.
“Ahí no estamos de acuerdo con lo que el gobierno quiere hacer”, mencionó en un aparte con la prensa, tras fungir como orador en la 2da Conferencia sobre PROMESA, evento celebrado ayer en el hotel Condado Plaza Hilton.
Carrión insistió en que el regulador “independiente y robusto” es un requisito para atraer capital y, por lo mismo, la estructura tiene que poder cerrar la puerta a “este relajo de que cada cuatro años ganan los míos, pues sacan los tuyos”. “Si no tenemos eso, nadie viene aquí a invertir chavos”, sentenció.
En contraste, el plan fiscal de la AEE contiene quejas sobre los poderes del actual regulador, la Comisión de Energía (CEPR). Según la corporación pública, este ente “consistentemente intenta ejercer control operativo directo y excesivo sobre la AEE”.
El documento también señala que la CEPR interviene con “áreas en las que la AEE está implementando política pública”.
No obstante, Carrión insistió en que el ente regulador tiene que quedar fuera, precisamente, de esos vaivenes políticos, para aportar certeza a los inversionistas de la nueva industria energética que se aspira a desarrollar con eficiencia y mejor precio.
“Eso es clave porque nos conviene como consumidores de energía, porque esa gente va a velar por nuestros intereses, a la larga, y no se van a deber al político que los nombró”, explicó Carrión.
Por otro lado, sin entrar en el detalle de los planes fiscales sometidos por el Gobierno y que espera tener versiones certificadas el 23 de febrero, mencionó cuatro reformas que a su juicio deben adoptarse “sin dilación. Estas son una “verdadera” reforma laboral, una re- forma contributiva que fomente la inversión, una reforma de permisos que mejore el clima de hacer negocio y una reforma que incentive el trabajo en lugar de la dependencia.
Indicó que los ajustes deben también dejar espacio para “pagar una parte justa, razonable de la deuda que tenemos con nuestros acreedores que un día confiamos con nosotros”.
Carrión admitió que mucho de lo que propone no es “políticamente simpático”, pero –sin entrar en detalles ni razones– insistió en que son medidas urgentes.
La conferencia culminó con un panel de perspectivas del sector privado, en el que el exjuez Gerardo Carlo dejó claro que le desagrada escuchar al gobernador Rosselló decir que no hay dinero para pagar la deuda, cuando a la vez se presentan presunciones macroeconómicas que no tiene ni idea de dónde surgen. Más aún, opinó que los planes fiscales que ha sometido el Gobierno “son fatulos” y se han redactado “a base (de) aire”.
Advirtió que el gran problema es que dicha situación abona a la desconfianza de las agencias federales y el Congreso, quienes evalúan cuál será el nivel de fondos y financiamientos a los que finalmente tendrá acceso Puerto Rico.
“Nos conviene como consumidores de energía, porque esa gente va a velar por nuestros intereses, a la larga, y no se van a deber al político que los nombró” JOSÉ B. CARRIÓN Presidente de la JSF