Asesores piden $12 millones más para reestructurar la deuda
En los cuatro meses siguientes al huracán María, la firma que representa a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en los casos de quiebra bajo el Título III de la ley Promesa facturó casi $12 millones en honorarios y reembolsos por gastos incurridos.
Algunos de los principales abogados del bufete internacional Proskauer Rose, como Martin Bienenstock y Paul V. Possinger, facturaron sobre 600 horas de trabajo en este periodo, lo que implicó honorarios de $470,188 y $456,732 en cuatro meses, según el informe sobre la facturación radicado por la empresa en los casos de quiebra.
Ellos, sin embargo, no son los que más dinero están facturando en el caso. Los también abogados de la firma, Ehud Barak y Timothy W. Mungovan, emitieron facturas que sobrepasan el medio millón de dólares para cada uno. Barak trabajó 754 horas mientras que Mungovan laboró durante 852 horas, según los registros en los expedientes.
Entre inicios de octubre y finales de enero, hubo 672 horas laborables, si se toma como base una jornada de trabajo de ocho horas y se descuentan los días libres y feriados. Al menos seis profesionales legales de Proskauer Rose se acercaron o sobrepasaron esta cantidad si se suman las facturaciones de los cinco casos de quiebra ante la jueza federal Laura Taylor Swain. Solamente en el caso de quiebra del gobierno central, intervinieron 88 profesionales legales durante esos cuatro meses. La facturación de los abogados de la firma está entre los $730 y $759 la hora.
En los documentos, la firma establece que durante este periodo se continuó con la mediación con los acreedores, se litigó el pedido de un préstamo para la Autoridad de Energía (AEE), se atendieron disputas asociadas a la controversia entre los bonistas de Cofina y de obligación general y se dirimió el nombramiento de un oficial de transformación para la AEE, entre otras controversias legales y pedidos de asesoría.
Según el abogado experto en asuntos de quiebra, Rolando Emmanuelli, aún con lo litigado, este nivel de facturación dista mucho de lo que es usual en el mundo legal.
“Los presupuestos de horas de facturación de bufetes rondan las 1,300 horas al año. A mí me consta que los bufetes grandes, si calculan las horas por día, ponen lo mínimo. Ellos (Proskauer Rose), en cuatro meses, están haciendo casi lo que es normal para un año, y tienen a paralegales, que no tienen experiencia legal, cobrando a $250 la hora. Eso es más de lo que cobran muchos de los abogados locales en el caso”, dijo Emmanuelli.
En total, la firma internacional facturó honorarios por $11,476,647 y reembolsos ascendentes a $429,302. De todo este dinero, la JSF había pagado $2.3 millones.
Al cierre de esta edición, la JSF no había contestado los pedidos por una reacción a esta información.
La factura de Proskauer Rose ocurrió casi un mes después de que la jueza Swain les pidiera a los abogados de la JSF, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y de los comités de acreedores no asegurados y de retirados que tuvieran “cuidado” con los honorarios que facturaban. Los gastos legales de todos ellos son sufragados con las contribuciones que pagan los puertorriqueños.
En el primer ciclo de facturación del caso que cubrió cinco meses, los honorarios alcanzaron $75 millones. De estos, la jueza aprobó unos $50 millones y dejó pendiente el resto.
La determinación ocurrió después que el oficial examinador de las tarifas para el Tribunal, Brady Williamson, alertara en un informe sobre la duplicidad de esfuerzos facturados, la cantidad de abogados y consultores que asisten a las audiencias sin participar en ellas, el alto monto en los reembolsos que se solicitaban y la disparidad entre lo que cobran los abogados por hora.
En aquella audiencia, celebrada el 7 de marzo, Swain exhortó a los abogados y asesores a adoptar una postura de “colaboración” y utilizar más el servicio de conferencia telefónica diseñado para escuchar los procedimientos sin necesidad de trasladar al personal entre las cortes federales en el sur de Nueva York y Puerto Rico.
“Las vidas del pueblo y el futuro de Puerto Rico están atados a lo que hacemos en la corte”, dijo la jueza en esa audiencia.
En parte, la duplicidad proviene porque tanto la JSF, como Aafaf y los comités de retirados y de acreedores no asegurados participan en cada uno de los casos de quiebras y en los casi 30 pleitos adversativos dentro de los casos, dijo Emmanuelli.
“En la gran mayoría de los casos, la Aafaf lo que le hace es coro a lo que postula la JSF. Se hacen eco. Eso es una duplicidad innecesaria”, dijo.
El presidente de la JSF, José B. Carrión, ha expresado que esas duplicidades se deben en gran medida a cómo se conceptualizaron los procesos judiciales bajo el Título III de la ley Promesa. Indicó que han traído este asunto ante la atención de los miembros del Congreso, ente que para el verano del 2016 aprobó el estatuto que rige la bancarrota territorial y que también creó la JSF.