Nuevas reglas para la línea de crédito federal
La AAA podría tener que acogerse al Título III para recibir parte del empréstito
En aras de fortalecer su liquidez, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) podría estar forzada a acogerse al Título III de la ley federal Promesa, partiendo de los términos y condiciones que ha establecido el Tesoro federal para desembolsar el préstamo de emergencia que ha solicitad Puerto Rico.
De igual forma, tal como anticipó El Nuevo Día desde finales del año pasado, el Tesoro exige como condiciones para desembolsar fondos del programa de préstamos a comunidades afectadas por desastres (CDL, en inglés) que al momento de cobrar, este tenga la primera prioridad de pago en relación a otros acreedores del gobierno y recibir como garantía del préstamo todos los ingresos que recibe el gobierno, incluyendo el Impuesto de Ventas y Usos (IVU). Estos últimos recaudos son la fuente de repago de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
De acuerdo con un borrador de los términos y condiciones negociados entre la administración de Ricardo Rosselló Nevares y el Departamento del Tesoro federal, el gobierno puertorriqueño podrá obtener fondos del CDL para financiar las operaciones de “servicios esenciales” y para financiar las operaciones asociadas con los “servicios esenciales” que prestan corporaciones públicas.
Sin embargo, según el documento examinado por El Nuevo Día, el gobierno central solo podrá auxiliar a corporaciones públicas que hayan solicitado el remedio de bancarrota establecido en Promesa.
LA AAA Y EL TÍTULO III
“El gobierno deberá especificar las subcantidades que el prestatario utilizará para sus propias operaciones y para prestarlas a las corporaciones públicas, en cada caso, con los términos especificados aquí o una cantidad menor, según pueda ser aprobado en los procedimientos aplicables de Título III de esa entidad”, reza un documento identificado como “Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Términos Adicionales” que detalla las condiciones del préstamo CDL y que la administración de Rosselló Nevares ha negociado por espacio de seis meses.
“A pesar de cualquier otro término aquí, el prestatario no podrá prestar a una corporación pública si la corporación pública no es un deudor en un caso bajo Título III de Promesa y la corte no ha aprobado una orden de financiamiento con respecto a esa corporación pública que provea la misma seguridad y prioridad que la especificada bajo (la sección) de Garantía y Colateral y sea satisfactoria para el gobierno”, se agrega en el documento.
El plan fiscal que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el gobierno presentaron a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acerca de la AAA y aquel del gobierno central plantean que la corporación pública necesitaría un préstamo de emergencia para continuar operando.
De acuerdo con el plan sometido por la Aafaf, la AAA necesita unos $80 millones a préstamo de parte del gobierno central.
Por semanas, fuentes de El Nuevo Día han planteado que la AAA podría invocar el Título III. Ello, a pesar de haber llegado a un acuerdo reciente con sus acreedores.
Ayer, El Nuevo Día preguntó a la Aafaf si el requisito del Tesoro para que el gobierno central preste a las corporaciones públicas continúa siendo parte de las negociaciones y cuándo la AAA podría acogerse al Título III, si fuera necesario.
La Aafaf aseguró que el préstamo de $80 millones que el gobierno central otorgará a la AAA saldrá de los ingresos del Fondo General y no del dinero que se reciba por el préstamo CDL.
SIGUEN LAS NEGOCIACIONES
Según fuentes de este diario, el documento es un borrador de los términos iniciales y este ha sufrido “diversos cambios”, como extender hasta el año 2020 el período para que Puerto Rico pueda girar contra la línea de crédito CDL. Inicialmente, el Tesoro otorgaba una ventana para desembolsar el préstamo CDL hasta octubre de este año, lo que aparece en el documento examinado por El Nuevo Día.
Además, el Tesoro planteaba en principio que el gobierno podría solicitar desembolsos contra la línea CDL cuando el balance de la cuenta principal del gobierno local, conocida como TSA, llegara a los $1,100 millones. El documento examinado por El Nuevo Día revela que la nueva cifra de efectivo en caja para activar los desembolsos será $800 millones, tal como se reportó en marzo pasado.
El mes pasado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, viajó a Puerto Rico para finiquitar un acuerdo inicial sobre el préstamo CDL pero, desde entonces, las partes parecen enfrascadas “en los detalles” del financiamiento. Mientras, el Tesoro reitera la necesidad de proteger a los contribuyentes estadounidenses, el gobierno busca la mayor flexibilidad posible para repagar el financiamiento y dado que se comprometerán todos los recaudos y “el poder de fijar impuestos” que tiene Puerto Rico, el préstamo CDL requerirá que la Legislatura apruebe una ley a esos efectos.
No obstante, según las fuentes, entre las condiciones que permanecen intactas figura aquella de prestar a corporaciones públicas por vía del gobierno central y las que tienen que ver con garantía y colateral de pago.
El préstamo es pagadero tan pronto la corte confirme un plan de ajuste para Puerto Rico, pero comenzaría a pagar intereses en julio del año 2020 y el pago de principal se haría de manera escalonada y comenzaría en julio de 2023.