Trabajan enmiendas al proyecto para privatizar la AEE
Un nuevo capítulo en la desconfianza que exhibe la Legislatura con las medidas enviadas por el Ejecutivo surgió ayer al anunciarse que la venta de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) será excluida de una medida propuesta por el gobernador Ricardo Rosselló.
El proyecto del Senado 860 -en la Cámara, el 1418- se concentrará exclusivamente en la concesión de la distribución y transmisión de energía a través de una alianza público privada (APP), anunció ayer el presidente de la Comisión Especial de Asuntos Energéticos del Senado, Larry Seilhamer.
“El proyecto de la venta de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se atenderá en otro proyecto mucho más abarcador, que no tan solo tenga el marco legal, sino que tenga un marco regulatorio y una política pública energética”, dijo Seilhamer tras una reunión con miembros del Ejecutivo.
En el cónclave participaron, además, el representante penepé Víctor Parés; el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino; y el asesor en Asuntos Legislativos de la Fortaleza, Philippe Mesa.
El gobernador reaccionó con cautela al nuevo panorama, aunque anticipó que no retirarían la medida. Seilhamer había anticipado que el proyecto del Senado 860 seguiría el trámite legislativo, pero sufriría enmiendas que no se limitaban a excluir la venta de activos del documento.
“Nosotros sí hemos estado en diálogo con el Senado y la Cámara de Representantes sobre posibles enmiendas, cambios… Se continúa en conversación y obviamente estaré atento a esas conversaciones”, aseveró Rosselló.
“Espero los asuntos se puedan dilucidar rápidamente para poder encaminar una reforma energética”, agregó el mandatario.
Pero el ambiente, tanto en Cámara como en Senado, es uno de escepticismo. Según varias fuentes consultadas por El Nuevo Día, los legisladores no quieren dar un “cheque en blanco” al Ejecutivo para que determine el tipo de transacción que se hará en la AEE.
Más bien, los legisladores quieren participación directa del proceso. La semana pasada, tanto el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como su homólogo en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, habían adelantado que ese sería el concepto primordial que guiaría las enmiendas.
En vistas públicas, diversos sectores levantaron preocupaciones respecto a la necesidad de que la venta de activos se ejecute bajo un escenario en el que haya, más allá de un marco legal, un marco regulatorio y una política pública energética definida.
Los legisladores entienden, contrario al Ejecutivo, que el proyecto para definir el marco regulatorio debió haber estado en manos de la Legislatura mientras se discutía la reforma energética, aunque se hubiera podido discutir en en una medida separada. Eso no ocurrió, destacó una fuente.
“El Ejecutivo ha dicho que lo enviará, pero ya hemos visto su trayectoria. ¿Cómo se va a evaluar una venta sin tener claro el marco regulatorio?”, cuestionó la fuente.
Otra de las fuentes sostuvo que la desconfianza surge a raíz de las ejecutorias del Ejecutivo y los resultados que se prometieron a través de medidas como la reforma laboral, los cambios a la Ley de Cierre y la creación del Departamento de Seguridad Pública.
MÚLTIPLES ENMIENDAS
Seilhamer explicó que, además de la eliminación de todo lo relacionado a la venta de activos, el proyecto sufrirá otras enmiendas, entre las que se destaca la exclusión de la realización de un estudio de necesidad y conveniencia, según lo establece la Ley de las Alianzas Público Privadas.
Mientras, contrario a lo definido en el mencionado estatuto, se exigirá que la aprobación del contrato concedido sea aprobado por cuatro de los cinco miembros de la Junta de las APP, incluyendo los dos representantes del interés público.
“Si el que representa la Cámara o al Senado tiene alguna contratación y le votan en contra, se paraliza el proceso... Es como un poder de veto”, explicó Parés.
Otra enmienda irá dirigida a incorporar aspectos de la Ley de Alivio Energético (Ley 57). “Una transacción de esta magnitud que requiere que haya dirección y transparencia”, dijo Pares.
Referente al proyecto para la venta de la corporación pública, los legisladores explicaron que vendrá del Ejecutivo, pero contarán con la asesoría de la Southern Energy Board contratada por el del Departamento de Energía federal.
Seilhamer sostuvo que los cambios que se plantean no deben afectar el tiempo de 18 meses que anunció el gobernador para completar la venta de la AEE.
“Se está actuando responsablemente y no se debe alterar el espíritu de que en 18 meses tengamos el proceso transaccional completado” LARRY SEILHAMER PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ENERGÍA DEL SENADO