Tranque por legislación para privatizar la AEE
Legislatura sigue a la espera de que Rosselló acepte cambiar la medida
Las negociaciones entre la Legislatura y el Ejecutivo sobre el proyecto de ley para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entraron ayer en un punto muerto, luego de que senadores y representantes manifestaran su intención de dividir en dos la medida y el gobernador Ricardo Rosselló les respondiera que está abierto al diálogo, pero no retirará su propuesta.
La duración del impasse es incierta, ya que los legisladores están a la espera de que Rosselló dé su visto bueno a atender, en proyectos separados, la venta de activos de la AEE –en su mayoría, plantas de generación– y la concesión de la transmisión y distribución de energía a través de alianzas público-privadas (APP).
La espera pudiera ser extensa porque, si bien la Legislatura puede someter su proyecto para atender la venta de activos, ha dicho que prefiere que lo haga el Ejecutivo. Para radicar el proyecto actual, La Fortaleza demoró 43 días desde que Rosselló anunció la privatización de la AEE el pasado 22 de enero. Esa medida, presentada el 6 de marzo y de solo 18 páginas, ha sido descrita como “incompleta” por diversos sectores.
“¿Cómo se va a separar el proyecto (de la privatización)? Eso quedó en el tintero. Es un asunto que volverá a la mesa de negociaciones cuando tenga el visto bueno del gobernador”, dijo el representante Víctor Parés, presidente de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alian- zas Público-Privadas y Energía.
Su homólogo en el Senado Larry Seilhamer, presidente de la Comisión Especial de Asuntos de Energía, no estuvo disponible para entrevista. Su oficial de prensa refirió la petición a las declaraciones que el senador hizo anteayer, cuando dijo que “la venta de los activos de la AEE se atenderá en otro proyecto; un proyecto mucho más abarcador que no tan solo tenga el marco legal, sino que tenga un marco regulatorio y una política pública energética”.
Ayer, Rosselló rechazó que haya llegado a un acuerdo con la Legislatura para retirar su proyecto para transformar la AEE.
Aseguró que “hay diálogo” con los legisladores, pero no precisó si está dispuesto a acoger la propuesta de atender la venta activos segregada de la concesión de la distribución y transmisión.
“Hay varios puntos adicionales que se están considerando y se están dialogando. Estamos comprometidos con encaminar este proceso para la parte transaccional de la transformación de Energía Eléctrica, y esperamos que se dé lo más pronto posible”, expresó.
FICHA DE TRANQUE
La ausencia de un marco regulatorio y una política pública energética en beneficio de los ciudadanos es, precisamente, la ficha de tranque entre la Legislatura y el Ejecutivo.
“Ese fue el asunto principal que discutimos”, dijo Parés, en referencia a la reunión que los presidentes legislativos, Seilhamer y él tuvieron el lunes con el representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino, y el asesor en Asuntos Legislativos de La Fortaleza, Philippe Mesa.
¿Qué quiere decir que el proyecto, tal como se radicó, no tiene un marco regulatorio para la venta de activos de la AEE?, preguntó El Nuevo Día, a lo que Parés respondió que la medida “no tiene guías especificas ni obligaciones legales” para que los privatizadores cumplan, por ejemplo, con métricas de desempeño y generación eficiente.
Varias fuentes de este diario in- dicaron que el proyecto de privatización tampoco garantiza que la tarifa de luz sea “justa y razonable”, como dispone la Ley 57-2014 de Alivio Energético.
En esa línea, Parés sostuvo que “una de las cosas” que discuten “es la opción de enmendar el proyecto para vaciarle (incluirle) la Ley 57, que nos daría guías de un marco regulatorio. La Ley 57 cumple, en gran medida, con la expectativa de que haya un marco regulatorio”.
“Este proyecto no se puede aprobar como está. La venta de activos necesita un marco regulatorio y legal. Es un proyecto que quizás ni se pueda trabajar en esta sesión”, expresó, por su parte, una fuente del Senado, que pidió el anonimato por no estar autorizada a dar declaraciones.
“MÁS QUE UN SUPERVISOR”
La Ley 57 también creó la Comisión de Energía de Puerto Rico, ente regulador y fiscalizador independiente que Rosselló quiere adscribir a la Junta Reglamentadora del Servicio Público, un organismo de nueva creación.
Además, el proyecto de privatización limita el rol de la Comisión a “supervisar el desempeño y cumplimiento” de las compañías una vez firmen los contratos de venta o concesión.
Según Parés, la intención legislativa es que la Comisión “sea mucho más que un supervisor”, “que participe en el proceso de negociación de los contratos”.
Parés dijo que, “como salvaguarda”, se impulsarán enmiendas adicionales al proyecto para disponer que el Senado y la Cámara de Representantes tengan que aprobar cualquier venta de activos de la AEE, y que todo contrato de concesión requiera el aval de cuatro de los cinco miembros de la Junta de las APP, incluidos los dos representantes del sector público, que son de la Legislatura.
“Nuestro objetivo como gobierno es someter un proyecto que, en la medida que nosotros entendamos, sea el mejor proyecto posible”
RICARDO ROSSELLÓ GOBERNADOR