Gobierno podría quedarse corto
JSF duda de las premisas en las que se basan los cambios a los impuestos
A solo días para que se certifique un nuevo plan fiscal, la administración de Ricardo Rosselló Nevares sometió ante la Legislatura su propuesta de reforma contributiva, proyecto que, junto al Código de Incentivos, reduce la carga contributiva de los individuos mientras se la aumenta a muchas de las empresas que hoy día reciben preferencias o subsidios tributarios del gobierno.
La apuesta del gobernador es que los cambios contributivos tengan un efecto neutral en los ingresos del gobierno. Es decir, una vez se ponga en vigor la reforma, el gobierno continuaría cobrando la misma cantidad en impuestos, cargos y licencias, entre otras fuentes de ingreso.
Esto, sin embargo, está enmarcado en una serie de premisas que no necesariamente son compartidas por la Junta de Supervisión Fiscal, ente que en su rol de controlar las finanzas del país, decretará recortes adicionales en los gastos del gobierno por unos $120 millones, en parte, porque se prevé que el gobierno se podría quedar corto en sus ingresos, explicaron fuentes de El Nuevo Día.
“Esta reforma no es otra cosa que una redistribución de la carga contributiva”, sostiene la exposición de motivos de la reforma contributiva radicada ayer por La Fortaleza ante la Legislatura.
La medida legislativa no contiene los cambios solicitados por la JSF en materia contributiva, como la eliminación del tope de lo que se cobra en el impuesto sobre los derivados de petróleo (mejor conocido como la “crudita”).
La medida tampoco contiene las reducciones en incentivos o gastos que compensarían los ingresos que dejaría de recibir el gobierno por la reforma en tributos. La JSF había pedido ese desglose en su carta del 28 de marzo pidiendo cambios al plan fiscal. La idea es que ese detalle estaría precisado en el proyecto del Código de Incentivos que todavía no ha llegado hasta los cuerpos legislativos.
El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, afirmó que este tema ha sido discutido con la JSF y se está cumpliendo con todo lo acordado con el organismo fiscal.
“Todo esto que se hizo se basó en la petición (de la JSF) de eso. Se probó que las medidas que proponemos son creíbles”, dijo Maldonado.
Insistió en que se recortarán $300 millones en los incentivos que anualmente se conceden.
El criterio principal que se usaría para eliminar o recortar incentivos sería el rendimiento de las inversiones en los incentivos.
Maldonado indicó que la gran mayoría de los incentivos toman forma de subvenciones que implican el desembolso de dinero por parte del gobierno. Es decir, no son deducciones o créditos que se toman sobre los ingresos tributables o contribución determinada.
“Más que deducciones o incentivos, lo que hay son cash grants (subvenciones en efectivo) y eso va a reducir los gastos del gobierno. Es un desembolso que no se hace y eso aumenta la liquidez del gobierno y eso es lo que financia la reforma contributiva”, dijo Maldonado.
Al recorte de $300 millones en incentivos se le añaden mejoras en el sistema de fiscalización de Hacienda, que prometen $200 millones adicionales ($500 millones en total) en ingresos nuevos para el gobierno, según Maldonado.
Ahora, el costo de la reforma contributiva según una presentación divulgada el domingo por La Fortaleza, rondará los $849 millones para el 2023.
LOS CAMBIOS
Los cambios más significativos que se proponen al Código de Rentas Internas consisten en bajas en las tasas contributivas a las corporaciones y los individuos. En el caso de los asalariados, la baja en las tasas -que varían entre mermas de 2% y 6%, dependiendo del nivel de ingresos- se dan a cambio de la eliminación de la exención personal, salvo en el caso de los retirados. Esto era una deducción que recibía todo aquel que radicaba las planillas.
Otra deducción alterada es la de los dependientes. En lugar de que cada dependiente reduzca, para efectos contributivos, el ingreso del contribuyente en $2,500, se optó por conceder un crédito que reducirá la contribución que se determine en entre $600 y $300.
Del mismo modo, se alteran las tasas y las escalas de ingresos para la Contribución Básica Alterna. Esto es una segunda forma que tiene los contribuyentes para calcular lo que le debe pagar al gobierno.
Por otro lado, tal y como se había anticipado, se propone un Crédito por Ingreso Devengado de entre por $300 y $2,000, regresar a un 7% la tasa del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) para los alimentos preparados, siempre y cuando sean pagados por un método electrónico.
Para aquellos que trabajan por cuenta propia se reducen las deducciones que se pueden tomar por gastos de viajes y comidas. También se establece un nuevo método para el pago de contribuciones que funciona de una manera similar a las patentes, puesto que implica la tributación sobre los ingresos brutos del trabajador pero a tasas relativamente bajas. De este modo, Hacienda se ahorraría la fiscalización de las deducciones que reclaman estos profesionales.
Este último método también aplicaría a los pequeños negocios, aunque operen bajo un sistema corporativo.
El cambio mayor para las empresas, a nivel contributivo, consiste en la eliminación del IVU de 4% sobre las transacciones entre negocios y la reducción de las tasas de contribuciones sobre ingresos.
“Todo esto que se hizo se basó en la petición (de la JSF) de eso. Se probó que las medidas que proponemos son creíbles” RAÚL MALDONADO SECRETARIO DE HACIENDA