Piden cautela con cambios para la AEE
La transformación es necesaria, pero bajo parámetros más estrictos
La Cámara de Representantes retomó ayer el análisis de la medida que permite la privatización y venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y, una vez más, voces de diversos sectores insistieron en integrar a la pieza legislativa garantías para proteger al consumidor.
Una vista pública conjunta de las comisiones camerales de Desarrollo Económico y Gobierno se realizó un día después que la Legislatura anunciara que quiere atender las transacciones de venta y privatización en la AEE en proyectos separados y que la medida actual, que radicó La Fortaleza, sufrirá grandes cambios.
Aunque aún hay puntos y acuerdos por definir, el presidente de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, Víctor Parés, dijo que “el concepto, la intención y la política pública” siguen intactos.
Ante ese panorama, Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores, indicó que, aunque la pieza legislativa en discusión “puede ser uno de los pasos afirmativos” hacia cambios significativos en el sistema eléctrico, “no es una medida mágica con resultados asegurados y un camino libre de escollos”.
Sostuvo que la medida, en este caso el Proyecto de la Cámara 1481, necesita enmiendas para lograr que se alcancen las metas de operación incluidas en el proyecto y para atender el problema de “influencia política” que hay en la corporación.
“No se adelanta nada con sustituir un modelo monopólico ineficiente gubernamental por un modelo monopólico ineficiente y privado. Lo más importante es aumentar nuestra competitividad global, resolviendo el problema de la confiabilidad del sistema”, indicó Colón Zavala.
Recomendó insertar conocimiento especializado de la Comisión de Energía, que la concesión no sea a un término de 50 años o más, establecer controles para que, a través de ese ente regulador, se fijen parámetros y criterios que limiten la facultad de fijar tarifas, y asegurar la presencia de varios actores en el mercado de generación.
El director de la Asociación de Contratistas Generales de América, Jorge José Fuentes, señaló que, según redactado, el proyecto de administración “no asegura que los procesos de liquidación de haberes y de solicitud, evaluación y aprobación de propuestas de alianzas público privadas (APP) sean transparentes y supervisados por una comisión independiente”, expresó en referencia a la Comisión de Energía.
“El modelo de negocio que se adopte debe contar con las garras para garantizar que esta transformación ocurra. De lo contrario, nunca tendremos los costos de energía que hagan de Puerto Rico un país competitivo”, dijo el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Pablo Vázquez.
Entre sus sugerencias, recalcó la importancia de que se realice el estudio de deseabilidad y conveniencia que contempla la Ley de las APP previo a la otorgación del acuerdo. Una de las enmiendas que se discuten, está eliminar ese análisis porque toma entre seis a ocho meses y retrasaría la transacción.
El director de la Oficina Estatal de Política Pública Energética, Francisco Rullán, por su parte, planteó que el proyecto debe incluir una cláusula que garantice que cualquier empresa, aunque sea extranjera, esté sujeta a procesos de arbitraje y litigación locales. Igualmente, dijo, se debe añadir la integración de microrredes en la infraestructura eléctrica.
En cuanto a la producción de energía renovable, indicó que se debe establecer que estas fuentes alternas alcancen 50% de la generación en la isla para el año 2040.
Mientras, el presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de los empleados de la AEE, José R.
Rivera, indicó que hay que retirar el proyecto porque “solo ofrece la oportunidad de una serie de acuerdos políticos, ricos en honorarios”.
Señaló, además, que el “desmembramiento” de la AEE haría insolvente el sistema de retiro, ya que afectaría el flujo de las aportaciones de los empleados, indispensables para su viabilidad.
“La Ley Promesa... requiere que los sistemas de retiro tengan financiación adecuada. La venta de activos y privatización impediría el cumplimiento de esta meta”, dijo Rivera, quien añadió que apoyan la transformación, pero no bajo los parámetros anunciados.
“El concepto, la intención, la política pública que establece el proyecto de ley del señor gobernador cuenta con el endoso de esta Legislatura” VÍCTOR PARÉS REPRESENTANTE DEL PNP
“Si aprobamos que la Autoridad cambie de ser un monopolio público a un mercado, nada logramos si cambiamos a un monopolio privado” EMILIO COLÓN ZAVALA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES