Justicia tributaria en balance con los recaudos
El proceso de reconstrucción de Puerto Rico necesita el apoyo de una estructura tributaria que haga justicia a los contribuyentes individuales y empresariales, a la vez que crea un clima de negocios que estimule la inversión.
El camino hacia la equidad fiscal se encuentra en la ampliación de la base contributiva, la asignación de responsabilidades razonables a los tributarios y la erradicación de la evasión. La intención de la Administración de Ricardo Rosselló de rebalancear la obligación fiscal se perfila como su apuesta para incentivar la entrada de nuevos contribuyentes al sistema y también la inversión en la isla.
La propuesta promueve la reducción de las tasas contributivas de individuos y corporaciones, un nuevo andamiaje para quienes trabajan por cuenta propia, la reactivación del crédito por ingreso devengado, modificaciones al Impuesto sobre las Ventas y Uso, y la simplificación del sistema de cumplimiento, entre otros.
La idea es que el recorte de incentivos que no producen réditos neutralice la pérdida de ingresos derivada de la eliminación o reducción de impuestos.
Es preciso, no obstante, asegurarse del impacto neutro de la transformación amplia anunciada por el Ejecutivo, en las entradas al fisco. Sobre estas descansarán las proyecciones del Plan Fiscal para la reconstrucción insular. De la ejecución exitosa de esa ruta depende la recuperación de las finanzas y la economía del país.
La validez de los supuestos sobre los ingresos y gastos es vital para que Puerto Rico logre un presupuesto balanceado, atienda su deuda y regrese a los mercados de valores.
La Junta de Supervisión Fiscal ha expresado reservas hacia medidas que cercenen los recaudos a corto plazo. Conviene, así, ponderar un calendario de ejecución gradual de los cambios propuestos. Declaraciones del gobernador Rosselló y del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, apuntan en esa dirección. Han explicado que los ajustes serían paulatinos, igual que los resultados para el contribuyente. Estiman, por ejemplo, que en 2019, los ahorros combinados para los que rinden planillas de contribución sobre ingresos ascenderían a $451 millones. La cifra aumentaría a $849 millones a partir de 2023.
Mientras, no debe ignorarse el potencial de que la reforma contrarreste les efectos negativos, sobre el escenario empresarial local, de los recientes cambios contributivos federales. El abanico incluye al sector manufacturero, que aporta una quinta parte de los ingresos.
Es importante que los ajustes tributarios se hagan en sintonía con la reconfiguración del aparato gubernamental, la optimización de la red eléctrica y otra infraestructura vital, y una adecuada estructura laboral. Todo ello abona a la competitividad isleña.
La pieza presentada ayer contiene enmiendas al Código de Rentas Internas estatal para, entre otros, viabilizar que el contribuyente retenga más dinero en su bolsillo. La anticipada alza en el consumo debe ir acompañada de incentivos a económicos locales, de manera que se creen nuevos negocios en Puerto Rico. La pieza plantea, además, la eliminación gradual del impuesto por transacciones entre negocios hasta 2020. El sector empresarial asegura que esa carga encarece sus costos de operaciones.
Otro proyecto, a presentarse más adelante, crearía un código para establecer una base racional de concesión de exenciones, subvenciones, préstamos u otros estímulos a la actividad productiva. La meta es que realmente se traduzcan en inversión y empleo. Con el dinero que resulte de la modificación o eliminación de incentivos sin rendimiento, el gobierno espera compensar parcialmente lo que dejaría de recibir por concepto de contribuciones durante el quinquenio que dura el plan fiscal.
La realidad es que el reclamo de justicia contributiva es causa común de todos aquellos que cumplen con su responsabilidad.
Pero para que no afecten la entrada de recaudos, los cambios al sistema tributario deben estar acompañados por un programa de fiscalización que controle la evasión. Es vital, además, la garantía de que el nuevo ordenamiento contributivo será pieza clave en la reactivación de la economía individual y colectiva.