Problemas con sanciones europeas
Es una cuestión de obvia irritación y preocupación para los miembros más antiguos de la Unión Europea que algunos de los miembros nuevos en Europa Central estén flagrantemente burlándose de los valores democráticos occidentales para los que se apuntaron cuando ingresaron a ella. Indigna aún más cuando Polonia y Hungría, los dos infractores más visibles, se cuentan entre los mayores beneficiarios de la ayuda económica de la Unión.
No es de sorprender, como reporta Steven Erlanger en The New York Times, que esto ha llevado a que se hable en la Comisión Europea, la burocracia de la Unión Europea, de que en el próximo presupuesto de siete años, que entra en vigencia en el 2021, se vincule la ayuda al estatus de los tribunales en las naciones miembro. La idea es que enfocarse en un poder judicial independiente como prerrequisito
para manejo financiero sólido evitaría dar la impresión de que Bruselas está imponiendo sus valores a Estados independientes.
Es una idea tentadora. El financiamiento del bloque es importante para los países de Europa Central. Compone el 61 por ciento del gasto de infraestructura en Polonia y el 55 por ciento en Hungría; el crecimiento económico alimentado por la Unión Europea ha sido un factor primordial en la popularidad de Viktor Orban, primer ministro de Hungría.
Pero no es una muy buena idea. Las sanciones financieras tienen un pobre
historial en cuanto a alterar el comportamiento de un régimen. Rusia ha estado bajo sanciones más férreas desde marzo del 2014, pero Vladimir Putin no ha cambiado su proceder.
Y las sanciones inevitablemente reforzarían el sentido entre muchos en los países del bloque soviético de ser ciudadanos de segunda en la Unión. Tanto Orban como Jaroslaw Kaczynski, de Polonia, prosperan al afirmar que su historia, identidad y valores tradicionales están bajo ataque de un Occidente liberal y disoluto —y más específicamente de una burocracia sin rostro en Bruselas. Sin duda, utilizarían
cualquier sanción como evidencia para atrincherar su gobierno.
Nada de lo anterior significa que los líderes en Europa Central o cualquier oro lugar tienen la libertad de hacer las cosas a su antojo. La Unión Europea está obligada y dentro de sus derechos a exigir que todos los países miembro se adhieran a sus estándares democráticos, independientemente de su historia.
Sin embargo, eso debe lograrse convenciendo a los ciudadanos de los miembros nuevos que sus derechos, dignidad y estatus como 100 por ciento coterráneos europeos están siendo
pisoteados cuando demagogos populistas restringen sus libertades o el estado de derecho.
El mecanismo existente de la Unión Europea para castigar a países que se alejan demasiado del camino podría carecer de verdadero poder, pero el voto del Parlamento Europeo en noviembre para iniciar el proceso contra Polonia ofreció apoyo a los opositores de las políticas no liberales de Kaczynski.
La transferencia de riqueza de ricos a pobres en la Unión nunca tuvo la intención de ser una caridad o una recompensa, sino una forma de elevar el nivel económico de miembros nuevos para el beneficio del bloque completo. Al condicionar la ayuda se correría el riesgo de lograr lo contrario —mermar el desarrollo, alienar a las personas, atrincherar a los gobernantes populistas y profundizar las fisuras.