SIN GARRAS el Instituto de Cultura para preservar el arte
El maestro Antonio Torres Martinó llevó a cabo en 1966 una obra en la antigua escuela Julia de Burgos, que recién fue borrada luego de que el gobierno cerrara y arrendara el plantel
Sucedió en la década del 60. El artista puertorriqueño José Antonio Torres Martinó realizó un enorme mural en el comedor escolar de la recién inaugurada escuela Julia de Burgos, en Carolina, comisionado por el entonces programa de decoraciones públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).
En ese entonces se sugería a los jefes de agencias separar de los presupuestos de construcción de edificios públicos entre 1 a 2% para fines de decoraciones artísticas. Grandes maestros de la plástica puertorriqueña, como Torres Marinó, participaron de este programa que le brindó al público la oportunidad de disfrutar y apreciar obras de grandes artistas.
En el libro “José Antonio Torres Martinó: Voz de varios registros”, publicado en el 2006 con motivo de su retrospectiva, el propio artista relataba con orgullo que -de todos los murales realizados en el país- el único que sobrevivía era el de la escuela Julia de Burgos, el cual pintó en 1966.
“A pesar de los años transcurridos, sigue en buenas condiciones; sus usuarios, niños y profesores y las empleadas del comedor lo han engreído con meticulosa protección y cuidado. Recientemente celebraron su aniversario y me invitaron a participar en la reunión festiva: pocas veces he disfrutado mayores muestras de afecto y gratitud de tan variado grupo de personas: estudiantes, profesores y empleados”, escribió en el 2005.
Trece años después, y luego del artista fallecer, su mural es hoy objeto de una controversia, luego de que fuera eliminado de un brochazo con pintura blanca por los nuevos administradores del plantel. La escuela Julia de Burgos fue cerrada y arrendada por $1 a la Fountain Christian Bilingual School, a cargo de la iglesia Fuente de Agua Viva. El plantel le pertenece al Departamento de Transportación y Obras Públicas, cuyo secretario, Carlos Contreras, fue el firmante del contrato con la escuela privada. El acuerdo entró en vigor el 2 de abril de 2018 y se extiende por un año. A pesar de que dicho contrato fue firmado en abril, la escuela comenzó a operar en el plantel desde el mes de enero, como se puede constatar en su página oficial de Facebook. Fue a principios de año que comenzó el proceso de arreglar la escuela y, presuntamente, se borró el mural, el cual engalanó por cinco décadas el comedor de la escuela. La profesora y curadora Margarita Fernández Zavala junto al representante pipiolo Denis Márquez alertaron de la situación de la obra en abril, luego de que dos abogados de la oficina del representante entraron a la escuela y constataron que había sido cubierta con pintura. A raíz de esa situación, Márquez radicó una resolución para investigar quién fue responsable de destruir el mural.
Pero a un mes de la denuncia, ninguna agencia gubernamental ha tenido acceso al mural, ni siquiera el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) cuyo director ejecutivo, Carlos Ruiz Cortés, expresó que “no hay nada” que la agencia pueda hacer más allá de informar y orientar a los nuevos propietarios sobre la im-
portancia de mantener la pieza.
Ruiz Cortés señaló en entrevista telefónica con este diario que tan pronto supo sobre la situación con el mural, envió dos personas del Programa de Artes Plásticas del ICP a inspeccionar la obra. Pero al llegar a la escuela no tuvieron acceso al mural porque, supuestamente, no se encontraba el administrador.
“NO PODEMOS HACER MÁS”
Ante ese escenario, el ICP le envió una carta el 18 de abril a la administradora de la escuela,
Omayra Font, otorgándole 15 días para que un conservador evaluara el mural y determinara si era recuperable. De lo contrario, según dice la misiva, actuarían “conforme a derecho”. El problema, según Ruiz Cortés, es que la agencia no tiene responsabilidad legal con el mural, pues la obra “no aparece como patrimonio ni tampoco ha sido fijada en ley”.
“Lo que hicimos fue intervenir a nivel de nuestra responsabilidad cultural porque tenemos una responsabilidad moral más que cualquier otra cosa. Y lo que hicimos fue intervenir para educar y orientar a la iglesia de lo que debería hacer con este mural. Le dijimos, obviamente, la importancia de Torres Martinó y la base histórica que tiene esto que nace en la década del 60. También le dimos una lista de curadores para que restituyan la obra”, comunicó.
En esa lista aparecen conservadores como Vivian Van Vliet, del Museo de Arte de Ponce; Sol Rivera Delgado, Freddy Caballero del Águila y Edgard Caballero, entre otros. Pero hasta el momento, el ICP desconoce si la escuela ha contratado a algunos de estos profesionales para restaurar el mural, aunque el director aseguró que ya comenzaron los trabajos.
“Ellos empezaron a intervenir en la pieza, por lo que me dijeron, pero no conocemos más nada. No tenemos más conocimiento ni siquiera de cómo está el estado, no quieren tampoco comentar sobre la persona que está llevando a cabo (la restauración). Lo que pidieron fue espacio y tiempo. Siempre han estado comunicándose con nosotros y hasta ahí creo que se vincula el Instituto con ellos”, dijo. ¿Pero ustedes como custodios de nuestro patrimonio nacional
no pueden pedirle acceso al mural para ver cómo va la restauración?
“Nosotros hicimos aquí el acervo legal a través de la oficina legal y no lo tenemos. Nosotros tenemos potestad para el asunto patrimonial arqueológico, sí lo tenemos para el asunto histórico edificado y sí de colecciones que nosotros tenemos, pero para estos casos no. No se ha fijado un procedimiento porque no hay una ley formal para llevar a cabo los procesos. Que se pudiese hacer en el futuro yo creo que se puede no tan solo legislar, sino hacer algo nuevo para nosotros”.
Por lo tanto, ¿se puede destruir el mural y no hay nada que el ICP pueda hacer?
“Igual se pudiese destruir y ahí habría que llegar… Pero sí, es un área gris. No estamos en una posición para eso. No tenemos la posición para eso, quizás solamente para opinar. Pero yo entiendo la incomodidad. Lamentablemente, el Instituto no tiene ahora mismo ni siquiera la capacidad para estar vigilando o haciendo este tipo de trabajo”. ¿Así que ustedes no pueden intervenir de ninguna manera? “Nosotros como tal, no”. El licenciado Pedro López Onna, abogado del ICP, reiteró lo dicho por el director ejecutivo, asegurando que la agencia está haciendo “lo máximo que le permite la ley”. “Si la pregunta es si nosotros ahora podemos forzar al dueño de la escuela yo entiendo que, con lo que tenemos ahora mismo, no”, señaló.
¿Ni siquiera pueden tener un observador del Instituto allí para ver cómo se están llevando a cabo los trabajos? “Como cuestión de derecho no se puede exigir”.
¿Y cuál es la agencia que está llamado entonces a proteger esta obra?
“Lo que le explicaba el director es que el Instituto bajo su ley orgánica tiene una obligación de conservar, custodiar, restaurar y estudiar los bienes culturales para mejorar el conocimiento del patrimonio histórico; eso es una obligación que como política pública tiene el Instituto. Eso tiene que instrumentarse mediante otras leyes que le den las garras al Instituto para lograr lo que es su deseo que es preservar ese mural u otros.
Ruiz Cortés agregó que si la obra se hubiese llevado a cabo en una zona histórica tendrían la “instrumentalidad y reglamentación para intervenir”, pero este no es el caso”. “No podemos obligar, pero la escuela aceptó conservarlo y es cuestión de tiempo saber lo que ha sucedido ahí. La esperanza y meta del Instituto es que se restaure la pieza y prevenir que continúen sucediendo los mismos casos. Estamos más que abiertos para que eso no vuelva a suceder”, dijo. En esa dirección informó que le envió una carta el 18 de abril a la secretaria de Educación, Julia Keleher, para orientar a la agencia sobre el manejo de obras en edificios públicos, específicamente en las escuelas que serán cerradas como parte de la reforma educativa aprobada.
SIN REGISTRO
Además del mural realizado por Torres Martinó existen decenas de obras en diversos edificios públicos del país. El detalle es que se desconoce cuáles y dónde están esas piezas, pues no existe un registro de las obras que se realizaron bajo el programa de decoración públicas del ICP, confirmó el director ejecutivo. Destacó que un historiador ponceño creó un inventario como parte de una investigación académica, la cual están evaluando. “Todavía tenemos que ver si él nos da el permiso de hacerlo público y que se use para fines institucionales o gubernamentales”, comunicó, toda vez que no reveló el nombre del historiador.
SIGUE INVESTIGACIÓN
El representante Denis Márquez, en tanto, comunicó que refirió el asunto del mural al Departamento de Justicia para que evalúe si hay comisión de delito. Informó que en Puerto Rico no se puede mutilar obras de arte, según dispuesto en el Código Penal.
La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, ya recibió la solicitud y un fiscal se comunicó con el representante para informarle que van a comenzar el proceso investigativo.
A nivel legislativo, Márquez, junto al presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, Guillermo Miranda, radicó una resolución para investigar y ordenarle al Departamento de Educación y al ICP que hagan un inventario de todas las obras que se encuentran en los planteles escolares para asegurar su protección. Márquez señaló que ha estado en comunicación con el director del ICP y que hoy se reunirían junto a la profesora Margarita Fernández Zavala para ver qué ha pasado con la restauración. “Estamos tratando de lograr caminos y vehículos para que haya acceso a la escuela y haya acceso para que la doctora Fernández y su grupo de trabajo puedan ver el mural y aportar en el proceso de la restauración”, puntualizó.
Este diario intentó conseguir una reacción de la Fountain Christian Bilingual School sobre esta controversia, pero el relacionista público de la institución, Freddy Abdul Santiago, dijo que no ofrecerían declaraciones por el momento.
FALTA EL PROTOCOLO
En lo que se dilucida quién es el custodio de ese patrimonio y se logra acceso a la escuela para observar en qué estado se encuentra la pieza, el tiempo apremia pues la pintura va “comiéndose” la obra.
“Ellos empezaron a intervenir en la pieza, por lo que me dijeron, pero no conocemos más nada” CARLOS RUIZ CORTÉS DIRECTOR DEL ICP
Así lo expresó la doctora Margarita Fernández Zavala, quien tuvo una estrecha relación de amistad con Torres Martinó, siendo la curadora de su última exposición individual, la cual se realizó en el Museo de Arte de Ponce en el 2005.
Fernández Zavala se mostró preocupada ante la situación, pues entiende que mientras más pase el tiempo, será más difícil restaurarla. Destacó que el año pasado, tan pronto supo que cerrarían la escuela Julia de Burgos, acudió al plantel y tuvo tiempo de retratar el mural completo en compañía del artista Edgar Rodríguez Luiggi. En abril, cuando supo que la escuela se había alquilado, rápidamente pensó en la obra de Torres Martinó. Al enterarse que había sido borrada sintió una profunda tristeza y rabia.
“Destruir una obra de arte es lo mismo que matar el último animal que estaba en peligro de extinción porque una obra de arte se supone que dure para siempre, y las que son de artistas importantes, todavía
más”, manifestó. La exrectora del recinto universitario de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico ha sido una férrea defensora del mural, levantando cuestionamientos sobre la protección de obras en edificios o espacios públicos del país. Indicó que en Puerto Rico hay “historias de horror en las artes puertorriqueñas”. Relató, por ejemplo, la destrucción de los murales que hicieron Myrna Báez, Lorenzo Homar y Torres Martinó en la Piscina Olímpica de Puerto Rico en El Escambrón, o el caso del Club Caribe, en el Hotel Caribe Hilton, donde también se tiró al piso otro mural de Torres Martinó.
“Pienso que aquí hay que poes ner el pie en el piso y decir ‘hasta aquí’. Esto no puede continuar porque tú borras el patrimonio y lo que resulta de todo esto es una impunidad a unos niveles terribles. Tú no puedes decir que por ignorancia. Y es verdad que han borrado obras en todas partes del mundo, pero hay países que han asumido su responsabilidad”, enfatizó.
Destacó que a nivel federal existen protocolos y protecciones específicas para todas las obras de arte que están en propiedad federal.
Fernández Zavala dijo que el gobierno no cuenta tan siquiera con un inventario de obras y que, aunque existen leyes de patrimonio es como si fueran “letra muerta”.
“Nosotros estamos explorando toda clase de escenario, incluyendo ir a los tribunales y al tribunal federal porque podemos. Hay todas esas opciones. Ahora, en el caso del mural de Torres Martinó, queremos que los Font digan algo porque no han dicho ni esta boca mía. Queremos que esa comunidad se active”, agregó.
Para la profesora, lo ideal es que el mural se retire de la escuela a través de un proceso meticuloso y se restaure en otro espacio, idealmente un museo. “Ellos ya no tienen derecho sobre ese mural porque lo destruyeron y esa fue una acción de vandalismo institucional. Pero ellos tienen y podrían reivindicarse, y cuando lo hagan, hasta yo puedo ayudar”.
Al recordar a Torres Martinó, Fernández Zavala compartió que fue un hombre con una calidad humana extraordinaria y gran defensor de la cultura puertorriqueña. Por eso y por muchas otras razones, Fernández Zavala insistirá en hacerle justicia no solo a su obra, sino a la de otros artistas cuyas obras de arte han sido eliminadas de un brochazo o marronazo. Dijo que es tiempo de acabar con esa práctica. El país y sus artistas se lo merecen.
“Destruir una obra de arte es lo mismo que matar el último animal que estaba en peligro de extinción” MARGARITA FERNÁNDEZ ZAVALA PROFESORA