Jenniffer González presenta legislación federal para estudiar el narcotráfico en la zona marítima
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sometió legislación en el Congreso
WASHINGTON.- Tras un aumento de 40% en las incautaciones de sustancias controladas, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, presentó legislación a favor de que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos realice un estudio sobre el tráfico de drogas y el potencial de terrorismo en la zona marítima que rodea a Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses.
Con el proyecto de ley 5869 de la Cámara baja federal, González también solicita que el secretario de Seguridad Interna determine el impacto de los huracanes Irma y María en la seguridad de ambos territorios.
El análisis abarcaría toda la zona de tránsito del tráfico de drogas hacia Estados Unidos –el oeste del océano Atlántico, el mar Caribe y hasta el este del océano Pacífico– y debería estar listo 180 días después del proyecto convertirse en ley.
En momentos en que el gobierno del presidente Donald
Trump busca endurecer la seguridad en sus fronteras, incluso con la construcción de un controvertido muro en el sur de Estados Unidos, la comisionada González sostuvo que Puerto Rico y las Islas Vírgenes “son la parte más vulnerable”.
González indicó que “históricamente”, Puerto Rico y las Islas Vírgenes han sido “utilizadas por organizaciones criminales para traficar drogas y armas hacia los Estados Unidos continentales, poniendo en peligro a los ciudadanos allá y de los territorios”.
“El impacto de los huracanes recientes no logró mermar la actividad delictiva, por el contrario, presentó nuevos panoramas como no contar con radares ni sistema de comunicaciones por un tiempo para poder monitorear amenazas”, agregó la comisionada residente en Washington.
Según datos de la Patrulla Fronteriza, la comisionada González dijo que las autoridades federales han reportado un 40% de incremento en las incauta- ciones entre 2016 y 2017.
De 47,541 libras de drogas confiscadas en 2016, el total aumentó a 65,800 en 2017.
Las incautaciones de 2017 incluyeron confiscaciones independientes valoradas en $47 millones, $17 millones y $16 millones, según los datos del gobierno federal suministrados a la comisionada.
La “Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas” de 2017, preparada entonces por el Departamento Estadounidense Antidroga (DEA), indicó que “la cocaína continúa siendo la principal amenaza de las drogas en la región del Caribe, pero el contrabando y el abuso de heroína y marihuana son también grandes preocupaciones”.
En Puerto Rico, la cocaína, de acuerdo con la DEA, es el contrabando más rentable debido a la demanda local, en Estados Unidos y Europa.
La cocaína que pasa por Puerto Rico y las Islas Vírgenes suele ser transportada en embarcaciones procedentes de Colombia, Venezuela y República Dominicana. Pero, la DEA sostiene que el éxito reciente en la seguridad en República Dominicana hace que gran parte del tráfico vaya directamente a Puerto Rico.
De todos modos, los datos de la DEA indican que en el año fiscal 2016, aproximadamente entre el 7% y 8% de la cocaína que tenía
como destino el norte, utilizó el llamado “corredor del Caribe”.
En 2015, la Oficina del Zar Antidrogas de la Casa Blanca divulgó un estudio –a petición del congresista demócrata José Serrano (Nueva York) y el entonces comisionado Pedro Pierluisi– que reveló un incremento en el tráfico de cocaína por la zona de Puerto Rico.
Entre otras cosas, la Oficina para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) recomendó entonces fortalecer iniciativas locales conjuntas existentes, los servicios de prevención y cuidado médico, atender los problemas sociales en las comunidades afectadas por el tráfico de drogas y buscar nuevas oportunidades de cooperación regional, con los gobiernos vecinos y la Comunidad Caribeña (CARICOM).
Con la “Estrategia Antinarcóticos para la Frontera del Caribe”, la ONDCP se impuso entonces como objetivo mejorar la capacidad del gobierno federal para interceptar droga en ambos territorios y “reducir sustancialmente” la criminalidad asociada a ese mal.
Cuando el Congreso, a solicitud de Pierluisi y Serrano, reclamó la estrategia para la “frontera del Caribe”, ordenó que se actualizara cada dos años, lo que al parecer no se ha hecho.
La solicitud de la comisionada González pide ahora que la evaluación que haga la Secretaría de Seguridad Interna in- cluya necesidades y desafíos tecnológicos, geográficos, de personal, el papel de las leyes estatales, territoriales y locales, y la necesidad de cooperación entre los gobiernos federal, estatal y local.
Por un lado, González afirmó que Puerto Rio cuenta con menos recursos para vigilar su zona marítima. Y, por el otro, dijo que la atención debe estar centrada no solo en el tráfico de drogas, sino en “cómo reforzamos para impedir la entrada ilegal de personas”, ante el potencial ingreso de personas que son deportadas porque tienen “récord criminal” e intentan nuevamente entrar a la isla.
El proyecto de González, presentado en la Cámara baja federal el pasado 17 de mayo pero dado a conocer ayer, tiene como coautores a los republicanos Peter King (Nueva York), Sean Duffy (Wisconsin), Dan Donovan (Nueva York), Don Bacon (Nebraska) y Mario Díaz Balart (Florida), así como a la demócrata Stephanie Murphy (Florida).
Los seis coauspiciadores son miembros del Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, a donde fue referida la legislación, que lleva el nombre de “Evaluación de la Seguridad en la Frontera Marítima”.
“El impacto de los huracanes recientes no logró mermar la actividad delictiva” JENNIFFER GONZÁLEZ COMISIONADA RESIDENTE EN WASHINGTON