Más cambios al proyecto que privatiza la AEE
La Comisión Especial de Asuntos de Energía evalúa enmiendas de mayoría y minoría TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA
El presidente de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado, Larry Seilhamer, analiza enmiendas adicionales al proyecto de ley que facilita la privatización y venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Han traído enmiendas que estamos evaluando para atenderlas en sala”, indicó ayer el senador de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).
No precisó si el proyecto será atendido durante la sesión de hoy debido a que varios compañeros legisladores viajarán a Washington D.C.
Seilhamer aseguró que cuentan con los votos necesarios para aprobar la pieza legislativa, aunque reconoció que varios senadores, tanto de su delegación como de la minoría popular, presentaron más enmiendas al texto.
“No es nada que cambie el espíritu del proyecto. Eduardo Bhatia sometió unas aclaratorias que estamos examinando, y otras de Miguel Romero. Se van a establecer las enmiendas en sala”, explicó en alusión a que se incluirán poco antes de que vaya a votación.
Romero se abstuvo de votar sobre el informe que aprobó la comisión especial a favor de la medida, y que incluyó enmiendas a la versión aprobada por la Cámara.
“Tiene unas mejoras importantes, pero hago los planteamientos dado el hecho de que esto es una transacción que va a impactar, por lo menos, las pró- ximas dos generaciones, y nos tenemos que asegurar que sea lo mejor para Puerto Rico”, señaló Romero.
Entre las sugerencias del senador novoprogresista, figura ampliar el término de 30 días dispuesto a la Asamblea Legislativa para ratificar las transacciones de venta de activos. “No debe haber, bajo ninguna circunstancia, una aprobación tácita”, expresó.
Propuso también que se mantengan los salarios que ostentan actualmente los miembros de la Comisión de Energía. “Esto no implica que no voy a favorecer el proyecto al final”, puntualizó.
También se consideran unas enmiendas traídas a la mesa por el senador popular Miguel Pereira para evitar que la Comisión de Energía quede inoperante mientras se designan sus nuevos integrantes.
LAS ENMIENDAS DEL INFORME
Contrario a la versión de la Cámara, la medida del Senado precisa que las concesiones de Alianzas Público-Privadas (APP) serán para cualquier función, servicio o instalación de la AEE. Mientras, los contratos de venta estarán limitados a la generación de energía. Igualmente, amplía el alcance de la Comisión de Energía.
Las transacciones requerirán de una Certificación de Cumplimiento, que será emitida por la Comisión de Energía para acreditar que el contrato “cumple con el marco regulatorio, la política energética aplicable, las normas y reglamento de la comisión y que dicha transacción es cónsona con el mejor interés de Puerto Rico”.
El certificado, igualmente, establecerá que la transacción “no implica la captura o control de los servicios eléctricos ni la creación de un monopolio por parte de una compañía privada”.
La versión de la Cámara de Representantes permitía aprobar cualquier transacción de la AEE “sin tener que cumplir con cualquier proceso, requisito, aprobación o revisión de la comisión”.
Entre lo que se mantuvo, está el hecho de que la aprobación de las concesiones requerirá el voto a favor de los dos miembros del interés público de la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP). También se conservó que las transacciones de venta de activos sean ratificadas por la Asamblea Legislativa.
Al proceso de compraventa, sin embargo, se le agregó que los proponentes elegidos, así como los consultores del Comité de Alianzas, tengan que incluir, como parte del proceso, declaraciones juradas “con el fin de garantizar” que se proteja el bien público.
Se mantuvo, además, el lenguaje fijado por la Cámara, en la Sección 8 del proyecto, que dispone que un contratante bajo un acuerdo para la concesión y operación de la red eléctrica no podrá tener una concesión en la generación de energía.
Referente al marco regulatorio y la política pública energética, la medida ordena a la Asamblea Legislativa elaborar esos parámetros en un término de 180 días y antes de que se autorice cualquier transacción de la corporación pública. Durante ese período, la AAPP solo podrá iniciar el proceso de estudios de mercado.