Más supervisión a emisiones de deuda
Congreso finaliza el trámite de la medida que pone lupa sobre las empresas de inversiones
WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de EE.UU. dio ayer paso, nuevamente, a la medida que otorga garras a la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) para supervisar el funcionamiento de las compañías de inversiones en Puerto Rico y otros territorios.
La iniciativa, de la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), llena un hueco de un estatuto de 1940 que se considera que ayudó a crear la crisis fiscal y de deuda pública de la isla.
La medida fue incluida como enmienda en un proyecto de ley que deroga disposiciones de la Ley Dodd-Frank sobre regulación financiera.
Aunque Velázquez votó en contra de toda la legislación -por entender que las enmiendas a la Ley Dodd-Frank afectarán al consumidor-, antes había logrado incluir su propuesta en el proyecto.
Respecto a su lenguaje, Velázquez, quien es parte del Comité de Servicios Financieros y portavoz de la minoría en el Comité de Pequeñas Empresas, afirmó que la medida “colocará a la industria de fondos de inversión de Puerto Rico en paridad regulatoria con el continente y, finalmente, pondrá fin a décadas de explotación de los inversionistas puertorriqueños”.
La legislación fue aprobada anteriormente, tanto en 2017 como en 2016, en el pleno de la Cámara baja. Aunque también fue aprobada en el Senado en septiembre de 2017, tenía algún lenguaje diferente al proyecto original de Velázquez, por lo que no llegó a la firma del presidente Donald Trump.
Ahora fue agregada al proyecto 2155 del Senado, ya aprobado en la Cámara alta, lo que se cree permitirá que esta vez se convierta en ley.
La ley de 1940 ha permitido a casas de inversiones en Puerto Rico ser asesores financieros del gobierno, estructurar la deuda emitida por el fisco y, a su vez, venderla a los fondos mutuos que administran otras filiales y o la venta directa a inversionistas locales.
La SEC ha podido supervisar los procesos de asesoría financiera y la venta de productos de inversionistas a ahorristas locales. Pero no ha podido ponerles lupa al funcionamiento y la administración de las compañías de inversión que se gestan en la isla, también conocidas como fondos de inversión o fondos mutuos.
“Me alienta, al menos, que aprobando mi legislación, como parte de este paquete más amplio, no se le estafen sus ahorros a la gente de Puerto Rico debido a un hueco en una antigua ley federal de inversiones”, expresó Velázquez.
La legislación otorga tres años a las firmas de inversiones para cumplir con la ley de 1940, aunque si la SEC lo autoriza, el período de transición puede extenderse otros tres años.
En el pasado, expertos han apuntado, como ejemplo de la falta de supervisión de la SEC, la transacción en que UBS fue asesor financiero de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), luego estructuró la emisión de bonos de $3,000 millones de esa dependencia y compró parte de esos bonos a través de los fondos mutuos locales que gestiona otra filial y que luego se vendieron a clientes de la firma.
En medio de una pesquisa de la SEC, UBS –cuyos fondos mutuos llegaron a contratar a la empresa de cabildeo Steptoe & Johnson para frenar la legislación– ha planteado repetidamente que no incurrió en conflicto de interés.
Hace unos días, un informe de la Oficina de Contraloría General (GAO) sobre la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico recomendó aprobar la legislación de Velázquez.
El proyecto 2155 del Senado, ratificado ayer en la Cámara baja, libera a miles de bancos pequeños y medianos de normas estrictas de la ley Dodd-Frank de 2010, que han perseguido evitar otro colapso financiero.
“Me alienta que no se le estafen sus ahorros a la gente de Puerto Rico” NYDIA VELÁZQUEZ CONGRESISTA DEMÓCRATA