Populares rechazan derogar la Ley 80
Sostienen que eliminar el estatuto no creará mayor actividad económica
Aunque se presenten datos que demuestren que la derogación de la Ley de Despido Injustificado (Ley 80-1976) impulsará la economía del país, el Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura le votará en contra a una medida con ese propósito.
Sin embargo, el liderato popular fue enfático en que, hasta el momento, no hay nada que sustente la derogación de ese estatuto. “Aquí, nadie ha presentado ninguna evidencia de que eliminar la Ley 80 va dejarle un centavo a este país. Esa teoría, de que eliminar la Ley 80 va a crear una actividad económica en el país y va a levantar no sé cuántos de cientos de millones de dólares, es mentira. Eso no es verdad”, dijo el portavoz popular en el Senado, Eduardo Bhatia, en una rueda de prensa.
Por su parte, el secretario general del PPD, Carlos Delgado Altieri, recordó que las leyes laborales ya fueron enmendadas, y las proyecciones no se cumplieron. Se refirió a que la administración de Ricardo Rosselló dio paso a Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26-2017) que, entre otros asuntos, uniformó los beneficios marginales de los empleados públicos como el bono de Navidad y la aportación al plan médico. Además, eliminó la Ley de Cierre y redujo las licencias de vacaciones y de enfermedad a nuevos empleados del gobierno y de la empresa privada por disposición de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (Ley 4- 2017).
“El resultado de haberles quitado a los empleados la paga doble los domingos, ¿ha redundado en un aumento dramático como dijeron que iba a ocurrir, en nuevos negocios y en más empleabilidad en más negocios? Mire, no, no ha pasado”, manifestó Delgado Altieri en una conferencia de prensa en la sede del PPD, en Puerta de Tierra.
Estuvo acompañado por los legisladores José Javier Aponte Dalmau, Roberto Rivera Ruiz de Porras, Jesús Santa, Ramón Luis Cruz y Jesús Manuel Ortiz.
El grupo cuestionó el emplazamiento que hizo el gobernador el martes, en su mensaje de presupuesto, para derogar la Ley 80, ficha clave de la negociación con la Junta de Supervisión Fiscal, a cambio de alzas presupuestarias para varias agencias del gobierno, incluida la Oficina del Gobernador.
“El mensaje del gobernador fue totalmente inconsecuente para Puerto Rico”, dijo Ortiz.
“El propósito de validar el pacto Rosselló Carrión no es otro que viabilizar un aumento de presupuesto para La Fortaleza quitándole derechos a la gente” JESÚS MANUEL ORTIZ REPRESENTANTE