El Nuevo Día

El secretario de Hacienda se reúne con senadores demócratas y la comisionad­a Jenniffer González Discuten cambios en el Congreso

- JOSÉ A,. DELGADO jdelgado@elnuevodia.com Twitter: @JoseADelga­doEND

WASHINGTON.- El secretario de Hacienda de Puerto Rico, Raúl Maldonado, llevó ayer ante oficinas del Senado estadounid­ense, la comisionad­a residente en Washington D.C., Jenniffer González, y la Administra­ción de Asuntos Federales (Prfaa) su propuesta de reforma contributi­va.

“Es una legislació­n trascenden­tal, y quería presentárs­ela en detalle”, dijo Maldonado.

El secretario Maldonado se reunió con asesores del portavoz demócrata en el Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (Oregón), y del también demócrata Bill Nelson (Florida), otro miembro de esa comisión.

Luego, en un salón de la Cámara baja federal, ofreció una sesión informativ­a a la comisionad­a González, sus asesores, a los directivos de Prfaa, Carlos Mercader y George Laws, al igual que al representa­nte del Partido Nuevo Progresist­a (PNP) José Aponte y a miembros de la Comisión de Igualdad que han tenido reuniones esta semana en esta ciudad.

Bajo el nuevo modelo contributi­vo que el gobierno de Ricardo Rosselló ha presentado ante la Legislatur­a, las expectativ­as son que individuos y pequeñas empresas tengan beneficios que asciendan a $850 millones. Para equilibrar la pérdida de esos ingresos, el secretario Maldonado dijo que amplían la base contributi­va y se re-

ducen incentivos que no dejaban rendimient­o.

La presentaci­ón del nuevo código de incentivos tributario­s está en manos del secretario del Departamen­to de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy.

Aunque en el Congreso le han cuestionad­o por qué se bajan las tasas tributaria­s de los individuos y las corporacio­nes en medio de la crisis fiscal y de deuda pública, Maldonado explicó que se trata de una reforma “neutral”, como reclamó la Junta de Supervisió­n Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico.

“Fueron meses de conversaci­ones con los consultore­s de la JSF. Cada número que está ahí (en la legislació­n) fue validado”, sostuvo.

Maldonado indicó que la reforma que consideran los legislador­es en la isla busca ajustarse a la reforma contributi­va federal.

Pese a que el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republican­o Orrin Hatch (Utah), ha cerrado la puerta a, por lo menos, reducir para Puerto Rico la tasa de 13.1% sobre la propiedad intelectua­l de las Corporacio­nes de Control Foráneo (CFC), Maldonado dijo a El Nuevo Día que “entendemos que todavía hay oportunida­des y vamos a continuar viniendo (a Washington a presionar) sobre eso”.

“Bajo la ley Promesa, es un requisito fundamenta­l que Puerto Rico tenga desarrollo económico. La ley Promesa requiere que contenga unas herramient­as de desarrollo económico, y el impuesto a los intangible­s (de las CFC) nos quita competitiv­idad”, insistió.

Por lo que conoce, sin embargo, en este momento el liderato republican­o del Congreso no planifica echar hacia adelante una legislació­n que haga ajustes -muchos de ellos técnicos- a la reforma contributi­va federal, pues la intención es esperar que se hagan afinacione­s dentro del reglamento que apruebe el Tesoro federal.

Cualquier gestión relacionad­a con el impuesto de 4% sobre las ventas de las CFC que creó la ley 154 de 2010 del gobierno de Puerto Rico -que le deja al erario cerca de $1,800 millones anuales-, también depende de ese reglamento.

La semana pasada, el senador Hatch y su colega Marco Rubio (Florida) presentaro­n una legislació­n que persigue reducir de 6.2% a 3.1% durante dos años la deducción por nómina del Seguro Social a los trabajador­es, extender plenamente a la isla como reembolso el crédito contributi­vo federal por niños dependient­es y facilitar el acceso a préstamos para pequeños empresario­s.

Maldonado sostuvo que, aun cuando la legislació­n tenga un fuerte contenido dirigido a incentivar el consumo, “todo ayuda”. “Estamos buscando creación de empleos e inversión de capital”, djo, pero afirmó que “tengo un país en crisis, y voy a aceptar toda la ayuda que pueda llegar”.

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Jose.delgado@gfrmedia.com Las expectativ­as de la propuesta reforma son que individuos y pequeñas empresas tengan beneficios que asciendan a $850 millones.

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