El presupuesto balanceado es tarea impostergable
Puerto Rico tiene ante sí la gran oportunidad de superar sus serios escollos financieros, gracias al acuerdo fiscal entre el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal. Es preciso que este propósito de fortalecer la caja pública se plasme en el mapa presu
Nuestro país necesita que este sea el primero de los presupuestos balanceados con los que Puerto Rico cumpla con el objetivo de la ley Promesa de sanear las finanzas públicas. Tiene, por tanto, que traducirse en un claro paso de avance hacia la disciplina fiscal.
El equilibrio entre los ingresos y gastos de las arcas públicas permitirá reestructurar la deuda pública. Esta es condición indispensable para el regreso isleño a los mercados de capital y para la revitalización económica generadora de empleos.
Mostrando respeto al futuro de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa le corresponde hacer buena su responsabilidad de producir un presupuesto racional que rija los desembolsos públicos a partir del primero de julio. Para que tenga un impacto positivo, la hoja de ruta presupuestaria debe estar alineada con el abanico de reformas estructurales igualmente pactadas entre el Ejecutivo y la Junta supervisora de las finanzas públicas bajo los parámetros de Promesa.
El despunte de la economía puertorriqueña dependerá también de la reorganización de la estructura gubernamental, así como de las reformas de los andamiajes contributivo, energético, laboral y de permisos, entre otros. Este abanico de cambios es apuesta importante para mejorar nuestra competitividad en la economía global.
La solidez financiera resultante colocará al gobierno en mejor situación para acudir fortalecido al Tribunal Federal donde se ventila el caso de quiebra de Puerto Rico. El plan de ajuste de la deuda que pasa ante su consideración la jueza Laura Taylor Swain es pieza clave para hacer saber al mundo financiero que nuestra isla se ha esforzado para estar en posición de cumplir con sus obligaciones.
Avanzar hacia esa meta depende de una cadena de eventos de ejecución que hoy tiene en el presupuesto un eslabón central. Coincidimos con el gobernador Ricardo Rosselló en que la ruta presupuestaria requiere el compromiso de todos, sobre todo desde que la devastación ciclónica agravó la crisis fiscal que arrastramos por más de una década.
El plan presupuestario sometido a la Legislatura para el año fiscal 2018–2019 dispone de $8,730 millones, $7,015 millones de los cuales se destinan a la operación gubernamental. El presupuesto vigente es de $9,500 millones. La diferencia muestra que es posible hacer las economías y ajustes pactados.
El documento también incluye los fondos federales para la reconstrucción pos huracán y el programa Mi Salud. Con las asignaciones federales, el presupuesto consolidado asciende a $25,323 millones.
Lo acordado mantiene la transformación energética como prioridad, lo cual es fundamental para dar estabilidad a la red y atraer inversión privada en un sistema de competencia que incluya al sector privado. Mientras, el modelo contributivo propuesto debe redundar en un estímulo para el empresarismo local y la inversión foránea, mientras hace justicia al contribuyente individual.
Las reformas estructurales se enmarcan en un presupuesto que estabilizador de las finanzas públicas, que en estos momentos es tarea principal de los cuerpos legislativos. Por su parte, las agencias gubernamentales están llamadas a ejecutar los cambios que lleven a una nueva etapa de eficiencia fiscal en la administración pública.
Es, pues, momento de dar paso a la ejecución de las prácticas fiscales saludables como preámbulo al cumplimiento de las obligaciones y al empuje del desarrollo económico. La misión ahora es crear una criatura presupuestaria que sirva de antesala al nuevo Puerto Rico.