Abren la llave a los municipios
Pero el gobierno central reafirma que, por ahora, no prevé necesitarlo
WASHINGTON.- Mientras la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) acelera la entrega a municipios de préstamos para mitigar la pérdida de ingresos debido a desastres naturales, el gobierno de Puerto Rico reafirmó que, por el momento, no prevé recibir acceso a la línea de crédito de hasta $4,900 millones.
FEMA anunció ayer que aprobó otros $39 millones en préstamos del programa CDL para siete municipios de Puerto Rico.
Los municipios de Aguadilla, Cabo Rojo, Canóvanas, Carolina, Manatí, Mayagüez y Peñuelas reci- birán $5 millones, informó FEMA. Mientras, el municipio de Orocovis obtendrá $4.1 millones.
Previamente, en abril, FEMA había aprobado $53.7 millones en préstamos CDL para otros 12 municipios. Por ejemplo, Bayamón, Caguas, Humacao, Juncos, Ponce, Toa Baja y Trujillo Alto habían entonces alcanzado un acuerdo para recibir, cada uno, $5 millones.
En total, FEMA ha separado, hasta el momento, por lo menos $92.8 millones para municipios de la isla y $371 millones para dependencias del gobierno de las Islas Vírgenes.
La línea de crédito de hasta $4,900 millones creada por el Congreso para ayudar a gobiernos locales a mitigar la pérdida de ingresos no ha estado abierta para el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares.
A pesar de toda la controversia que tuvo con el gobierno del presidente Donald Trump en torno al préstamo, el gobierno de Puerto Rico no lo ha necesitado.
Bajo los requisitos impuestos por el Tesoro federal para recibir acceso a la línea de crédito, la liquidez del gobierno de Puerto Rico deberá haber caído a $1,100 millones o menos, pero consecuentemente el gobierno ha tenido sobre $2,000 millones disponibles.
“La administración (de Puerto Rico) ha sido bien exitosa en bajar los costos operacionales y en lograr un incremento en los recaudos”, dijo el miércoles en Washington el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado.
El acceso del gobierno de Puerto Rico a la línea de crédito estará vigente hasta marzo de 2020. Maldonado piensa que puede servir en caso de algún otro desastre o una caída en los ingresos de corporaciones públicas.
Pero, la legislación aprobada en octubre indica que los $4,900 millones persiguen “asistir a gobiernos locales a proveer servicios esenciales como resultado de los huracanes Harvey, Irma o María”.