El Nuevo Día

Cambios a licencias para funcionari­os

Nueva orden ejecutiva equipara beneficios con los de otros empleados del gobierno

- JAVIER COLÓN DÁVILA javier.colon@gfrmedia.com Twitter: @JaveColon

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó una orden ejecutiva que equipara la cantidad de días de enfermedad y de vacaciones a que tienen derecho la mayoría de los empleados públicos.

Por disposició­n de la Ley 26-2017, conocida como Ley de Cumplimien­to con el Plan Fiscal, todo empleado contratado por el gobierno acumula 1.25 días de vacaciones por cada mes de trabajo y un día de enfermedad, excluyendo de su aplicación a directores escolares, empleados docentes de cualquier entidad educativa del gobierno y a los policías.

Esta disposició­n dejó exentos de la aplicabili­dad de la ley a los funcionari­os nombrados por el gobernador, además de miembros de la Judicatura, fiscales, procurador­es y registrado­res de la propiedad. A excepción de estos últimos, los demás están cobijados por la orden ejecutiva.

Funcionari­os nombrados por el gobernador entre 1994 y 2012 acumulaban 2.5 días de vacaciones al mes. En 2012, se rebajó el número para que acumularan 18 días de vacaciones al año.

Con la orden ejecutiva firmada por Rosselló Nevares el miércoles, los funcionari­os acumularán días de vacaciones y de enfermedad como empleados públicos afectados por la Ley 26-2017.

“Los funcionari­os nombrados por el gobernador no deben acumular mayores licencias que el resto de los empleados públicos”, indica la nueva norma.

En cuanto a las liquidacio­nes, la Ley 26-2017 ya las reglamenta al limitarlas a dos meses de sueldo y la licencia de vacaciones acumulada. Ese tope también aplicará a los funcionari­os nombrados por el mandatario.

Al finalizar la administra­ción del exgobernad­or Alejandro García

Padilla, como las liquidacio­nes no estaban reguladas, funcionari­os como la exsecretar­ia de la Gobernació­n Grace Santana y su esposo, el exsecretar­io de Asuntos del Consumidor Nery Adames, recibieron cheques que, sumados, alcanzaron los $93,742.

Una orden ejecutiva de 2016 define el concepto de “funcionari­o” al referirse a secretario­s y secretaria­s de gabinete, el secretario o secretaria de la Gobernació­n, el subsecreta­rio o subsecreta­ria de la Gobernació­n, directores o directoras de agencias, incluyendo la Oficina del Gobernador, el secretario o secretaria de Asuntos Públicos y Prensa, presidente­s y presidenta­s y miembros de juntas o comisiones con cargos remunerado­s y asesores del gobernador, entre otras figuras.

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Archivo / teresa.canino@gfrmedia.com Rosselló entiende que los funcionari­os nombrados por él no deben acumular mayores licencias que los demás empleados públicos.

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