Abundan los problemas en Ciencias Forenses
El mal manejo de cientos de cadáveres bajo su custodia revela una falta de personal y equipo que incide en la realización de autopsias y el análisis de evidencia
Las irregularidades denunciadas sobre el manejo inadecuado de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) ponen en juego el funcionamiento de una agencia esencial para procesar y esclarecer las muertes violentas.
El alza en las muertes reportadas tras el paso del huracán María agravó los problemas que, aunque encapsulados entre las paredes de Ciencias Forenses, tienen ramificaciones que no solo ponen en juego la crítica labor en manos del Estado, sino que lastiman la fibra humana de quienes pierden familiares en medio de una situación inesperada.
Se trata de una serie de señalamientos de los cuales el personal de la agencia ni su dirección están ajenos. Son situaciones que el Negociado lleva arrastrando por una década y que han llegado a un punto insostenible.
Al 5 de junio, Ciencias Forenses contaba con un inventario de 307 cadáveres. De estos, 52 estaban identificados, pero no habían sido reclamados; 49 fueron identificados en la escena, pero no oficialmente; 78 estaban en espera de pruebas científicas para confirmar su identidad, y de 128 no había información para su identificación. A este último grupo, se le conoce como John o Jane Doe.
“Es como si estuviéramos siempre en un desastre en masa, 128 John Doe o Jane Doe lo tiene una jurisdicción donde ha habido una situación de desastre”, sostuvo la exdirectora del Negociado, la patóloga forense María Conte.
Dentro de la cifra de 307, la agencia identificó un grupo de 36 cuerpos que están bajo su custodia desde el paso del huracán María. Estos fueron identificados por sus familiares, pero no han sido reclamados, aparentemente por razones económicas.
Ante la falta de espacio en el interior de la dependencia, 52 cadáveres son almacenados en tres de cinco vagones refrigerados que la agencia colocó en la parte posterior de sus instalaciones. Allí yacen los cadáveres, unos al lado de otros y sin la certeza, por parte del NCF, de que los vagones cuentan con la reglamentación necesaria para el almacenamiento de cuerpos, reconoció la subcomisionada de la agencia, Mónica Menéndez, durante una vista ocular de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
“Es inconcebible que me abran un trailer como lo abrieron allí y encontrar esos cadáveres en el piso cuando merecen un trato digno”, dijo el representante Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión cameral de Salud.
El alquiler de dicho equipo formó parte de un acuerdo entre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y el Departamento de Salud posterior a la emergencia que desató el huracán María.
“Lo normal en una jurisdicción es tener seis o siete casos sin identificar, pero 128 casos es una cosa... es un número para poner un equipo ahí de gente que se dedique a eso nada más. Si la situación persiste, ahora mismo hay cinco vagones, pero dentro de un año tendrán que tener 10”, advirtió Conte, quien dirigió la agencia entre 2009 y 2012.
Entre 2005 y 2006, Ciencias Forenses atravesó una crisis ocasionada por la falta de personal, que desencadenó en denuncias de hacinamiento de cadáveres en espera de autopsia. La situación resultó en una multa por incumplimiento de las normas de seguridad y la pérdida de la acreditación de la Asociación Nacional de Examinadores Médicos, en julio de 2005.
La pérdida de acreditación –que ya había ocurrido en 1989– se debió principalmente a la falta de supervisión institucional y de apoyo administrativo.
HAY QUE CREAR CONCIENCIA
Una de los problemas principales en Ciencias Forenses es la pobre retención del personal científico, que se intensifica con la dificultad de reclutamiento para plazas especializadas.
Desde 2007, ningún candidato ha presentado interés a la posición de patólogo forense, aun cuando la convocatoria para el puesto se ha mantenido abierta. Mientras, desde 2009, no ha habido estudiantes de Medicina interesados en hacer su residencia en esta subespecialidad.
La doctora Yocasta Brugal, que trabajó en Ciencias Forenses hasta 2003 como patóloga forense, explicó que, como parte de los requisitos para aplicar a la subespecialidad, la persona interesada debe haber completado estudios en Medicina, así como una especialidad en patología.
El entrenamiento en el área forense lo facilita la entidad pública. “Hay que crear conciencia de la importancia de la patología forense y que el médico sienta que sí está salvando vidas, no curando a un paciente, pero sí a una sociedad”, expresó Brugal. Durante la administración de
Luis Fortuño, la agencia contaba con ocho patólogos forenses, siete de los cuales eran empleados regulares y uno adicional por contrato. Durante el cuatrienio siguiente, bajo Alejandro García
Padilla, el número se redujo a cinco. Al grupo, se sumaban dos patólogos auxiliares y un tercero por contrato.
Durante este gobierno, el número se ha mantenido en cinco patólogos regulares y uno por con-
trato. “Esto evidencia un serio problema para continuar con la funcionalidad del área de patología cuando nuestros patólogos forenses se acojan al retiro o renuncien”, admitió Menéndez.
El problema de falta de personal es uno que se repite constantemente.
Solamente entre 2016 y 2017, renunciaron 45 empleados. De estos, 34 figuraban bajo la clasificación de personal científico.
Mientras, en lo que va de 2018, la agencia ha recibido la renuncia de un examinador de armas de fuego, un químico forense, cuatro investigadores forenses y un técnico de control y custodia de evidencia.
En total, la dependencia cuenta con 242 empleados, de los cuales 133 forman parte del personal especializado. Hay posiciones como especialista forense ADN, examinador de documentos dudosos, auxiliar de laboratorio forense y supervisor de evidencia digital que solo cuentan con un empleado.
La subcomisionada le atribuye las renuncias, principalmente, a la baja retribución económica que reciben los empleados versus lo que cobran en Estados Unidos, a pesar de su preparación y el trabajo que realizan.
“Durante su vida profesional se exponen a una experiencia grandísima y son bien codiciados en Estados Unidos... Es más o menos lo que pasa con los médicos”, señaló, por su parte, Conte.
MALAS CONDICIONES
Para Carlos Vélez, presidente de la Local 2099 de Servidores Públicos Unidos (SPU), sindicato que agrupa a los trabajadores del NCF, a este factor se suman las malas condiciones de trabajo y la falta de equipo especializado para realizar la labor pericial y de campo.
“No damos abasto… hay serios problemas con la falta de equipo y herramientas de trabajo. Las guaguas para transportar los cadáveres están inservibles y las grúas para levantar cadáveres están defectuosas”, sostuvo Vélez.
Según información suministrada por la gerencia de Ciencias Forenses a la Comisión de Salud de la Cámara, organismo que realiza una investigación sobre el funcionamiento de la agencia, están necesitados de equipo para el Laboratorio de Toxicología y vehículos para investigadores forenses.
De acuerdo con la solicitud, enviada a La Fortaleza y firmada por el comisionado interino Edwin
Crespo, cuyo nombramiento no ha sido aprobado en el Senado, parte de estos equipos han sido “declarados obsoletos por el manufacturero”, lo que afecta el flujo operacional debido a las frecuentes reparaciones y la dificultad en la adquisición de piezas.
Este equipo para el Laboratorio de Toxicología, específicamente, garantizaría la continuidad de los análisis, optimizaría el flujo operacional y minimizaría los envíos de muestras a otros laboratorios externos, según la carta enviada en marzo.
En el pasado, la dependencia también ha enfrentado retrasos en la entrega de análisis debido a la falta de equipo. Reportes de prensa de 2008 dan cuenta de un retraso de años en los análisis de los rape
kits, equipo de recolección de evidencia de agresión sexual.
En cuanto a los vehículos para atender las escenas de crímenes alrededor de la isla, la agencia cuenta con cuatro unidades, todas de más de 20 años, aunque “por lo regular solo se tienen en función dos de ellas y en ocasiones solo una”, admitió Crespo en la carta.
Las unidades presentan filtraciones y daño o ruptura en la carrocería, compartimientos, cerraduras, focos y biombos. Para el año 2017-2018, la agencia invirtió $16,400.90 en las unidades.
“Esto nos ha puesto en una situación difícil, ya que hay veces que no se pueden atender más de dos escenas a la vez”, admitió.
OTRAS PETICIONES
Crespo también ha destacado la urgencia de reemplazar el sistema de enfriamiento del edificio del Negociado, que es originario de la construcción en 1992. Este sistema es vital, ya que los laboratorios y el área de patología requieren de temperaturas específicas para analizar y preservar la evidencia.
Solo para la compra de equipos –sin incluir las guaguas– la agencia necesita $1.9 millones.
Las peticiones de la gerencia incluyen, además, un alza salarial para los empleados de áreas especializadas, lo que parece cada vez más lejano tomando en consideración que el presupuesto recomendado para el Negociado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contempla un recorte en la partida de nómina de $1 millón al comparar con el presupuesto recomendado por el gobernador Ricardo Rosselló, y de $600,000 al comparar con el vigente.
Para el año fiscal 2018-2019, el Ejecutivo recomendó un presupuesto consolidado ascendente a $17,786,000. De estos, $16,082,000 provienen de la Resolución Conjunta del presupuesto general; $334,000 de otros ingresos; y $1,370,000 de fondos federales.
Según Menéndez, un salario competitivo para los patólogos forenses y anatómicos sería de $110,000 y de $100,000 anuales, respectivamente. Para los químicos forenses lo indicado sería $57,423 anuales, y $52,836 para el examinador de armas de fuego.
Los recortes contemplados por el presupuesto sometido por la JSF implicarían “problemas para cumplir con su deber ministerial y se estaría poniendo en riesgo la adjudicación de la oportuna justicia en los tribunales por falta de los análisis periciales”, reconoció la subcomisionada.
El NCF también enfrenta un recorte, al comparar con el presupuesto vigente, de poco más de $200,000 en el reglón de gastos de funcionamiento.
El recorte incluye una merma de $32,000 en la partida de materiales y suministros.
Para Conte, otro factor que ha incidido en la merma de personal es la crítica situación fiscal que enfrenta el Estado. El Negociado, según disposición de ley, es la única institución autorizada para hacer autopsias, por lo que el único centro de trabajo local para los patólogos con esta subespecialidad está en el Estado.
“En el gobierno, aunque se ganaba menos, al final había un retiro, pero la disminución de todos esos beneficios no alienta a la gente a seguir esta carrera. Son muchos factores que se han unido para provocar esta deficiencia de personal”, subrayó Conte.
EL LADO HUMANO
Junto al riesgo de una merma en el esclarecimiento de casos en los tribunales, la crisis que atraviesa la agencia tiene un impacto directo en las familias que están a la espera de una autopsia para cerrar el ciclo de la pérdida de un ser amado.
Según los estándares, el Negociado debe completar las autopsias en período de 24 a 48 horas, pero ese tiempo en ocasiones no se cumple.
“La gente necesita paz mental. Cuando uno le explica y saben qué fue lo que pasó, eso los ayuda a comenzar el proceso de duelo”, indicó Conte.
Tanto Conte como Brugal coincidieron en que el número de nueve patólogos a tiempo completo sería uno apropiado para mantener una fluidez en las autopsias.
“Si encuentro que allí hay irregularidades, voy a ser el primero que va a pedirle al gobernador, o al que sea, que remueva la gente que está dirigiendo el Negociado” JUAN OSCAR MORALES REPRESENTANTE